Mario Fernández y Mikel Cabieces se sientan en el banquillo por los pagos irregulares del 'caso Kutxabank'
El juicio contra el expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, y el abogado Rafael Alcorta, imputados por los pagos supuestamente irregulares, por importe de 243.592 euros, del banco vasco a Cabieces, arranca este lunes en la Audiencia Provincial de Bizkaia con el análisis de las cuestiones previas. Los días 14, 15 y 17 de febrero se celebrarán las sesiones de la vista oral del 'caso Kutxabank'.
La Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión y 6.000 euros de multa para cada uno de los tres acusados por un delito de administración desleal en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares o, alternativamente, tres años de cárcel para cada uno de ellos por un delito continuado de apropiación indebida con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares. Aunque Kutxabank fue la que inició el caso al mandar el expediente a Fiscalía, finalmente decidió no presentarse como acusación.
La Audiencia vizcaína confirmó en mayo de 2016 la apertura de juicio oral contra Cabieces, Fernández y Alcorta, acusados de los delitos de administración desleal en concurso con apropiación indebida y falsedad documental, tras la denuncia interpuesta por el ministerio público por los citados pagos y entendió que había “indicios racionales” de que los hechos sean veraces y Mario Fernández se extralimitó en sus funciones “comprometiendo indebidamente fondos de la entidad” al propiciar la contratación indirecta de Mikel Cabieces como letrado, mediante un procedimiento “ajeno a los cauces establecidos”.
La Audiencia desestimó entonces los recursos de apelación interpuestos por los imputados y, en su auto, apreció “indicios de criminalidad” en la contratación de Cabieces “de modo innecesario y ajeno” a los cauces de Kutxabank y acercó a los tres acusados al banquillo de los acusados.
Este lunes se iniciará la vista oral contra Cabieces, Alcorta y Fernández, y en la primera jornada del juicio se abordarán las cuestiones previas. El juicio dará comienzo a las diez de la mañana.
Posteriormente, el 14 de febrero se reanudará la vista con la declaración de los tres acusados y de los tres primeros testigos citados por la Fiscalía. Al día siguiente, declararán el resto de testigos y peritos y se plantearán el resto de las pruebas, además de las conclusiones finales de las partes.
El último día del juicio será finalmente el 17 de febrero, ya que se ha cambiado una de las fechas porque el día 16, previsto inicialmente, no podía asistir la abogada de la acusación particular Jone Goirizelaia. Ese día está previsto que la partes presentes sus informe, eleven a definitivas las peticiones y concluya la vista oral.
La Fiscalía remitió al Juzgado en febrero de 2015 este caso denunciado por Kutxabank cuando ya estaba en la presidencia Gregoria Villalabeitia, al considerar que había indicios de la comisión de delitos en los pagos, por importe de 243.592 euros, realizados al exdelegado del Gobierno en el País Vasco Mikel Cabieces por el banco vasco durante el mandato de Mario Fernández. El propio Fernández, posteriormente, abonó al banco la cantidad que percibió Cabieces.
En su decreto, que acompañaba con la denuncia presentada por Kutxabank tras el traspaso de poderes en la entidad de Fernández a Gregorio Villalabeitia- , la Fiscal Provincial de Bizkaia, Carmen Adán, reclamaba la imputación de Cabieces, Fernández y del abogado Rafael Alcorta, a través de cuyo bufete cobraba el exdelegado del Gobierno, al estimar que podían haber incurrido en delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsificación de documento mercantil. En su escrito de acusación, Adán consideraba que los tres actuaron “de común acuerdo” y guiados por el “ánimo de causar un quebranto económico a Kutxabank”.
El ministerio público solicita una pena de dos años de prisión y 6.000 euros de multa para cada uno de los tres acusados por un delito de administración desleal con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares o, alternativamente, tres años de cárcel para cada uno de ellos por un delito continuado de apropiación indebida con un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particulares.
Inhabilitación especial
Además, reclama la inhabilitación especial durante el tiempo de condena para el desempeño del cargo de administrador o miembro del consejo de administración de sociedades mercantiles en el caso de Mario Fernández y para el ejercicio de la abogacía en el de los otros dos acusados. En el caso de los delitos de administración desleal considera a Fernández autor y a Cabieces y Alcorta cooperadores necesarios, mientras que, en el resto, considera a todos autores.
Por su parte, la acusación popular del 'caso Kutxabank', que representa a LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru, EKA y la plataforma de pensionistas de Euskal Herria, ha pedido tres años y medio de cárcel para el exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, y el abogado Rafael Alcorta, y dos años y tres meses de prisión para el expresidente de la entidad financiera, Mario Fernández.
La acusación popular indica que los hechos que se enjuiciarán son constitutivos de un delito de administración desleal del artículo 295 del Código Penal, un delito continuado de apropiación indebida de los artículos 250.1 y 5; 252 y 74 del Código Penal y un delito de falsedad documental de los artículos 27 y 28 del Código Penal.
Por ello, piden para Mario Fernández la pena de dos años y tres meses de prisión, inhabilitación en ese tiempo para ser elegido cargo político especial y para cargos de administrador o miembro del consejo de administración de sociedades mercantiles, además de una multa de 27.000 euros.
Tanto para Cabieces como para Alcorta solicitan, para cada uno de ellos, la pena de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación en este periodo para ser elegido cargo político y para el ejercicio de la abogacía. Además, a cada uno de ellos, se le piden 36.000 euros. Las organizaciones que ejercen la acción popular solicitan como prueba la declaración de los acusados.
