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Un siglo defendiendo las pensiones públicas

Mientras la productividad del trabajo y la riqueza sigue aumentando, por primera vez en 100 años las generaciones futuras perderán derechos y poder adquisitivo al llegar a la jubilación

Pensionistas vascos pedirán el 28 de marzo a la consejera de Trabajo que el Gobierno Vasco complemente las prestaciones

El centenario del primer plan de jubilación oficial coincide con un movimiento reivindicativo sin precedentes. Resulta oportuno comparar aquella lejana situación con la actual, además de analizar acontecimientos recientes. Era sabido que el movimiento de pensionistas no se desmovilizaría antes de los comicios de mayo. Al optar Sánchez por adelantar las elecciones generales, la oportunidad de presionar a la clase política con el argumento del voto será doble. Basta que un número significativo de los nueve millones de pensionistas cambien de papeleta para que los resultados, que se anuncian igualados, inclinen la balanza hacia la izquierda o la derecha.  Será un dato de interés durante la campaña y, sobre todo, tras conocer el resultado de las urnas. El colectivo de pensionistas, pese a no querer meterse en política, intervino en la caída de Rajoy, ha alterado las cuentas del Estado y va a influir en el signo del futuro gobierno.  Además de efemérides históricas y citas electorales, otros sucesos de interés, como la zozobra del Pacto de Toledo, son noticia y afectan al devenir del movimiento de pensionistas.

Las pensiones públicas, hace 100 años y ahora

Las habituales concentraciones semanales coincidieron el  lunes 11 marzo  con el centenario de la instauración del Retiro Obrero Obligatorio. Ese día los actos reivindicativos se dedicaron en el conjunto del Estado a rememorar tal efemérides, comparando aquellas circunstancias con las actuales, a fin de valorar los cambios. La principal coincidencia es la necesidad de proseguir la lucha para preservar el carácter público de las pensiones.

En 1919 España tenía 21 millones de habitantes, hoy 47 millones.  La esperanza de vida al nacer era de 41 años. Caso de llegar a cumplir los 65 años, cabía vivir otros 10 años más. Ahora la esperanza de vida es el doble (83 años), siendo también doble el tiempo de disfrute de la jubilación, sobre todo las mujeres, aunque con peor salud (23 años). Resulta contradictorio en un país desarrollado, que se dice democrático, considerar que vivir más y mejor es un problema, utilizando ese hecho como argumento para recortar derechos, alargando el periodo de trabajo y la edad de jubilación. Conviene recordar que la calidad de vida es el resultado del trabajo y el sufrimiento de la clase obrera. El aumento de la esperanza de vida es una de las claves del progreso social y del desarrollo sostenible. Concebir la longevidad como un problema social implica tener una visión mercantilista de la condición humana.

En 1919, la finalidad del seguro de vejez era evitar que cayesen en la mendicidad las familias de los obreros que ya no podían trabajar más. Era también un intento de contrarrestar los ensayos revolucionarios durante el trienio bolchevique (1918 – 1920). Aquella pensión de una peseta al día, 365 pesetas al año, era el 10 % de un salario medio de 10 pesetas. Hoy la tasa de sustitución alcanza el 80 % de la paga en activo. No por mucho tiempo, si las reformas laborales de 2011 y 2013 recortan más las pensiones. Mientras la productividad del trabajo y la riqueza sigue aumentando, por primera vez en 100 años las generaciones futuras perderán derechos y poder adquisitivo al llegar a la jubilación. Un siglo después, en vez de avanzar, se retrocede.    

Desde 1919, hasta que la crisis financiera del 2008 provocó la caída de las cotizaciones con las bajas retribuciones del empleo precario,  los recursos económicos acumulados para abonar pensiones fueron utilizados por los gobiernos de turno para construir hospitales o escuelas. El colectivo de pensionistas es el legítimo propietario de un patrimonio que en la actualidad  superaría los 500.000 millones de euros. Además, las pensiones son el único servicio público financiado por los propios beneficiarios, dado que las cotizaciones empresariales, al formar parte de la masa salarial, representan un salario diferido. Desde sus orígenes, las pensiones públicas soportan los costes del estado de bienestar del conjunto de la población. 

Sinrazones del Pacto de Toledo

Parecía acertada en 1995 crear una comisión parlamentaria no contaminada por intereses partidistas dedicada a elaborar propuestas viables sobre la problemática de las pensiones públicas. Ocurrió lo contrario: el Pacto de Toledo es un organismo oscurantista que toma decisiones confusas y ambiguas para encubrir profundas discrepancias. De esa forma, sin que ningún partido renuncie a sus planteamientos, quien gobierna aplica su propia política en materia de pensiones, sin comprometer al resto. Resulta así necesario revertir la primera medida promovida por dicho organismo, vinculando otra vez las pensiones contributivas con los Presupuestos Generales del Estado (PGE). No es casual que asociaciones de pensionistas, en particular la COESPE, reclamen la disolución del Pacto de Toledo.

Resulta contradictorio en un país desarrollado, que se dice democrático, considerar que vivir más y mejor es un problema,

Un caso paradigmático, el más reciente y en absoluto aislado, ocurrió el 19 de febrero. La negativa de Unidos Podemos y de ERC a respaldar un acuerdo, es utilizada por PP y C’s para desmarcarse, provocando una campaña cruzada de descalificaciones que sólo sirve para crear confusión y desprestigiar a la propia comisión parlamentaria. En esta ocasión se intentaba perpetuar las medidas regresivas implantadas con las reformas de 2011 y 2013, sin siquiera garantizar la principal demanda que mantiene movilizados a los pensionistas desde hace más de un año: la revalorización anual de las pensiones en función del IPC real, como derecho y por ley. En la misma línea, desde el ámbito sindical, se emplaza al Gobierno en funciones a derogar la reforma del 2013, no la del 2011, aprobada por CCOO y UGT, siendo igual de regresiva. Ambas demandas fueron asumidas por Sánchez, que no ha intentado aplicarlas por decreto ley. Esa decisión influirá en los resultados electorales del 28 de abril.

El 20 de febrero, una delegación de pensionistas del País Vasco y Navarra se entrevistó con miembros de los Grupos Parlamentarios del PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y Compromís. Los encuentros sirvieron para recordar la plataforma reivindicativa común a la generalidad de las asociaciones del conjunto del Estado, anunciando nuevas movilizaciones en vísperas de las elecciones de abril y de mayo. Los representantes políticos expusieron y justificaron sus respectivas posturas, tras haberse roto el día anterior el Pacto de Toledo. Lo ocurrido merece una reflexión: los movimientos sociales, entre ellos el de pensionistas, plantean las demandas que consideran legítimas y necesarias en términos maximalistas. Los partidos o los sindicatos tienen que analizarlas con realismo antes de llevarlas a una mesa de negociación. Es decir, no favorece a los pensionistas que un partido asuma íntegra su tabla reivindicativa, a costa de renunciar a lograr mejoras parciales significativas.     

Crisis que refuerzan la unidad

Dos semanas después de cumplirse el año de movilizaciones, el presidente de la asociación Personas Jubiladas de Bizkaia (PJB), interviniente habitual en concentraciones de Bilbao, hizo unas declaraciones de prensa que se resumen en estas palabras: desterrado el 0,25%, hemos conseguido nuestro objetivo, no tiene sentido continuar movilizándose, supondría hacerles la campaña a Podemos y EH Bildu. El eco mediático de ese posicionamiento apuntaba hacia el desplome de las movilizaciones. Ocurrió lo contrario. El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia (MPB) ha superado la prueba de resistencia, demostrando su fortaleza y volviendo a recuperar el consenso en la toma de decisiones. Lo confirma la difusión el 29 de enero de un comunicado asumido sin ningún voto en contra, donde se define como movimiento social “Unitario, Plural y Apartidista”, además de llamar a “proseguir las concentraciones y movilizaciones en defensa de la Plataforma Reivindicativa que hemos asumido”.

Asimismo,  el pleno del MPB acuerda por unanimidad que quienes presenten su candidatura a las elecciones de abril y de mayo no tendrán presencia pública en ningún acto hasta pasadas las  campañas electorales, ni en el futuro si acceden a un cargo institucional. Estos episodios conllevan significativas enseñanzas: 1) Los conflictos se dan en el escaparate mediático de Bilbao, en las demás poblaciones no hay incidencias. 2) La prensa ve portavoces donde no los hay. Si alguien se va y nadie le sigue, no es un líder. 3) La crisis se zanja reforzando la cohesión organizativa y sin afectar a la participación en las concentraciones. 4) Los movimientos sociales son políticos, pero deben ser apartidistas, además de parecerlo.  

Mientras se acercan las elecciones

En seis meses han surgido cinco partidos de pensionistas que no tienen base social. No apoyan las movilizaciones, reclaman eliminar el IRPF de las pensiones, dicen carecer de ideología. No darán ninguna sorpresa en las urnas, para representar a la extrema derecha ya está Vox.

La mejora de las pensiones tendrá que esperar a la formación de nuevo gobierno, entretanto llegan homenajes simbólicos. El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia es distinguido por la cadena SER con un premio a la “Excelencia”. El Movimiento de Pensionistas Vascos recibe el “Premio Estatal del Trabajo Social 2019”. Es el reconocimiento social e institucional hacia una lucha ajena a cualquier incidente, que despierta simpatía y solidaridad.

Como el año pasado, las asociaciones de pensionistas apoyaron las movilizaciones feministas del 8 de Marzo, con destacada presencia de las mujeres pensionistas. En Bilbao y en otras poblaciones  acudieron con pancarta propia y difundieron su comunicado. 

Las movilizaciones de pensionistas se expanden a nivel territorial. En la Margen Izquierda de la Ría de Bilbao, también en la contigua Zona Minera. Tras las manifestaciones de Barakaldo, Sestao y Portugalete, el 25 de marzo toca Santurtzi, siempre con gran éxito de participación y escasa cobertura mediática, dado que la prensa limita su presencia al escaparate de Bilbao.

El 13 de abril y el 11 de mayo habrá manifestaciones en el conjunto del Estado para reclamar, sobre todo, las dos demandas que podrían desactivar las movilizaciones: 1) Incremento de las pensiones en base al IPC, como derecho y por ley, desde ahora y para siempre, sin depender de acuerdos presupuestarios. 2) Pensión mínima justa y suficiente de 1.080 euros mensuales, equiparando ya la pensión mínima con los 900 euros del SMI.

Se pedirá a los partidos que incluyan en sus programas electorales la defensa de las pensiones públicas. Sánchez se compromete a derogar las reformas del 2013. Antes lo prometió e incumplió. Entretanto, el Sr. Granado, Secretario de Estado para la Seguridad Social, altera los planes de precampaña del PSOE, declarando que las futuras pensiones de viudedad deberían depender del nivel de renta. La Ministra Valerio lo descarta cuando se disparan todas las alarmas.  Tal es así que el MPB declara: “La crisis provocada por el Sr. Granado sólo se puede zanjar mediante su dimisión o destitución”. Mientras la COESPE advierte: “… si una persona que se dice socialista y sindicalista piensa así, no vamos a poder dejar nunca la calle”.

La llamada a las urnas por partida doble en el plazo de un mes, avanza llena de incertidumbres, sin influir en la determinación del colectivo de pensionistas de seguir reclamando pensiones dignas como derecho y por ley. El paso de tiempo no ha rebajado el fervor reivindicativo. Al contrario, ahora se reclama hasta el reconocimiento de la capacidad de interlocución de las asociaciones de pensionistas en los asuntos que les conciernen. Veremos en qué se traduce la consigna: “Si nos roban las pensiones, lo pagarán en las elecciones”, mientras en las calles no se deja de gritar: “Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”.

*Luis Alejos es sociólogo y pensionista

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