Qué puede hacer un partido político para ser antirracista

La ola antirracista está cambiando el panorama en muchos aspectos de una sociedad española que cada vez presta más atención a los temas raciales. Una de las puntas de lanza se está viendo con el movimiento #RegularizaciónYa que exige llevar a cabo una medida que afecte a la población migrante que no tiene papeles. Recientemente PP, PSOE y Ciudadanos se alinearon para rechazar la regularización masiva, posición que también ha defendido en reiteradas ocasiones el Gobierno y en la que incluso dijo que apostaba por ir viendo “caso por caso”.

En contraposición, partidos como Unidas Podemos, ERC o EH Bildu sí han hecho movimientos para defender la medida, aunque con nulos resultados por el momento. En los últimos años se ha señalado desde el movimiento antirracista la importancia de tomar medidas políticas en materia antirracista para cambiar la vida de las personas migrantes y racializadas, pero sin embargo desde los partidos todavía se está lejos de que esto sea así. Por eso, aquí van una serie de recomendaciones sobre lo que puede hacer un partido político para ser antirracista.

Tratar de no ser racista no es una estrategia: ser antirracista y tomar acción, sí

En el último ciclo electoral, especialmente con la irrupción de Vox en el tablero político, la propuestas contra la migración y directamente racistas se multiplicaron desde el espacio político al resto de la sociedad, como en los medios de comunicación y las redes sociales. La reacción de muchos partidos, sobre todo los de la izquierda, no fue desplegar propuestas que hablaran de migración y racismo desde una mirada abierta e inclusiva, sino que la estrategia era basarse en decir que ellos no eran racistas y que pondrían freno a esos discursos racistas.

El problema es que esos discursos son solo una parte del racismo estructural que afecta en todos los ámbitos de la vida, desde la educación al acceso a la vivienda, pasando por la exclusión laboral y mucho más. Pasar de no ser racista a ser antirracista exige una toma de conciencia y de acción, de convertir las palabras en hechos y de trabajar por propuestas que construyan un mundo que abandone las injusticias.

Apostar por los datos para hacer políticas públicas

En España la población racializada es invisible a ojos de la Administración Pública. Apenas hay datos que recojan cómo afectan las políticas públicas a la personas racializadas, por lo que impulsar propuestas para acabar con el racismo se complica. Esta demanda de datos ni es novedosa ni exclusiva del antirracismo. Por ejemplo, en el feminismo vemos cómo el acceso a datos que demuestran la brecha salarial sirve para hacer de palanca y tratar de impulsar cambios.

¿Y por qué son tan importantes los datos? Hay un ejemplo que puede ayudar a entenderlo. En el 2013 la Universidad de Valencia y la de Oxford se aliaron para realizar el primer gran informe sobre las paradas por perfil racial de la Policía. Es decir, cuando a una persona se la para no por una sospecha objetiva de haber cometido un delito, sino porque a raíz de su color de piel o etnia entendemos que es sospechosa. Esta práctica siempre se ha denunciado con miles de experiencias, pero con ese informe se puso luz a esta realidad: a las personas gitanas se las para hasta 10 veces más que a una paya y blanca, a los negras magrebíes hasta 7,5 veces más y a las negras hasta 6,5 veces. A partir de aquí, e incluso desde antes, se trató de llevar a cabo una medida para que las paradas policiales estuvieran más basados en criterios objetivos haciendo que los agentes rellenaran un formulario. Funcionaron bien en Fuenlabrada, donde las paradas se redujeron (y eran más efectivas). Años más tarde trató de implantar en Madrid, pero Almeida se lo cargó al llegar a la alcaldía de la ciudad.

Conocer los datos ayuda a resolver incógnitas y añadir objetividad a la relativa subjetividad de las historias. Un ejemplo de lo que se podría trabajar es cómo se discrimina en el acceso a la vivienda a las personas migrantes y racializadas y cómo un acento, un aspecto o un origen son excusa suficiente para rechazar a unos inquilinos. Poner datos a esta realidad serviría para trabajar en leyes de vivienda que garanticen un acceso en igualdad a los alquileres y las compras.

La relativa importancia de la representación

Cuando hace unos meses llegó Rita Bosaho a ser la Directora General de Diversidad Étnico-Racial hubo una gran polémica debido a que antes la elegida para el cargo era una mujer blanca, Alba González. Desde el antirracismo se expuso que era importante que el cargo lo ocupara una persona no solo cercana a esta realidad, sino que la hubiera vivido en primera persona. Sorprendió la miopía a la hora de no comprender esta realidad, más aún cuando en el plano del feminismo es algo incuestionable: sería raro que a día de hoy el ministro de Igualdad fuera un hombre o que la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI la ocupara alguien hetero.

Hacer política para las personas migrantes y racializadas sin las personas migrantes y racializadas es sinónimo de fracaso, y eso es algo que cualquier partido que quiera trabajar en materia de antirracismo debe entender. Además, no puede ser desde una posición, como ya hemos visto en varias ocasiones, de dar un espacio residual al final de una lista, sino que tienen que ser apuestas claras en todos los niveles, especialmente en los que tienen capacidad de decisión. Una caso que merece la pena resaltar es el de Maria Dantas, diputada de ERC que está llevando al Congreso propuestas en materia de antirracismo y que ocupa un espacio en el partido republicano cada vez más importante.

No obstante, es importante no caer en los esencialismos. Por ejemplo, una persona negra per se no garantiza que se vayan a hacer propuestas antirracistas que beneficien a la población migrante y racializada. Para muestra el caso de Bertrand Ndongo, asesor de Vox en la Comunidad de Madrid que no esconde su odio hacia la población negra y que el partido utiliza constantemente para defenderse de las acusaciones de racismo.

Poner el antirracismo como prioridad y no como última opción

Estamos bastante acostumbrados a que en campaña electoral se hagan unas promesas y que luego cuando se alcanza el poder, ya sea el Gobierno de España o la alcaldía de un pueblo de 500 habitantes, no se cumplan las expectativas. Pero en materia migratoria y en cuanto a antirracismo no llegan las medidas casi ni por casualidad. El año 2011 el PSOE tenía previsto sacar adelante la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, un primer paso para proteger del racismo a la población española y dotar de las herramientas necesarias para hacerle frente. Sin ser la panacea, podía haber sido un primer paso para ir construyendo desde ahí. Pero a finales de aquel año el PP llegó al Gobierno a lomos de Mariano Rajoy y lo metió en un cajón en el que sigue cogiendo polvo.

Desde entonces, aunque ha habido intentos por parte de PSOE y Unidas Podemos para rescatarlo, estamos lejos de que se ponga sobre la mesa, y más en un contexto de pandemia. Lo mismo pasa con medidas a nivel de ayuntamientos, comunidades autónomas y en el plano nacional que se prometen pero nunca llegan y a las que no se presta atención hasta que alguna desgracia ocurre. Se está viendo con el caso de los temporeros, que como explica nítidamente Belén Remacha aquí, las malas condiciones que arrastran desde hace años los temporeros, en su inmensa mayoría migrantes, han explotado como un problema de salud pública relacionado estrechamente con el incumplimiento de sus derechos laborales y de las garantías de que tengan unas viviendas dignas. Una política que priorizara la materia antirracista haría tiempo que se hubiera enfrentado a esta realidad, sin esperar a actuar en momentos como ahora, cuando la situación supera todos los límites.

No eludir responsabilidades ni esconderse en la maraña institucional

En 2016 el Ayuntamiento de Barcelona inició una serie de acciones para tratar de cerrar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zona Franca. Fracasó entre decisiones judiciales, pero fue un ejemplo de la batalla que se puede dar en este caso desde el ámbito local para hacer frente a una de las patas más importantes del racismo institucional: la política migratoria.

Para los partidos políticos, reconocer y señalar el racismo que emana de las instituciones debería ser fundamental para poner coto a este tipo de violencia que cae sobre la población migrante y racializada. El primer paso para combatir este racismo es saber de su existencia, conocer sus entresijos y el impacto en el día a día. Por desgracia, no son pocas las demandas que han quedado atrapadas entre el señalamiento de los diferentes ámbitos políticos (local, regional, nacional...), que se escudan en que no tiene competencias para no hacer nada, en vez de trabajar desde lo que tienen para presionar y cambiar las cosas. Ocurre con cuestiones en materia de vivienda, de ayudas públicas o de quitas de custodia a familias migrantes.