El antigitanismo que no cesa: la paradoja de la tolerancia durante la COVID-19

En el momento de su fundación, hace ya casi tres décadas, la Unión Europea puso en el centro de sus fundamentos el compromiso con la defensa de la dignidad humana y la igualdad de trato. En cumplimiento de este compromiso, la Comisionada Europea para la Igualdad, Helena Dalli, llamó recientemente a los Estados miembros de la UE a “hacer todo lo posible para evitar que las minorías nacionales o étnicas, en particular los gitanos, se conviertan en chivos expiatorios de la crisis actual”. Estas declaraciones abrieron un debate necesario sobre una forma específica de racismo con largas raíces históricas, cuya espina sigue clavada en el corazón del presente.

En el caso de España, tan pronto como se declaró el estado de alarma, el Gobierno reconoció la particular situación de vulnerabilidad que afecta a un segmento significativo de la población gitana, inscrita en el contexto de las desigualdades estructurales preexistentes a la pandemia. Y, de hecho, el Gobierno mapeó casi mil barrios, en su mayoría habitados por personas gitanas, que presentan índices de pobreza y extrema pobreza. En consecuencia, se trazó un plan para garantizar unos ingresos básicos, así como el suministro de alimentos, agua, gas y electricidad, a las familias necesitadas. Sin embargo, las medidas sociales y económicas siendo muy necesarias, no son suficientes para proteger los derechos de las personas gitanas en los tiempos que corren. Desde el comienzo de la pandemia, federaciones como Khetane y Unión Romaní han denunciado, en repetidas ocasiones, el uso de un lenguaje racista que retrata a las comunidades gitanas como una amenaza para la salud pública.

Personalmente me ha conmocionado el nivel de odio propagado por periódicos muy influyentes: insultando, ridiculizando y difamando a las comunidades gitanas. También fue sorprendente ver casos en los que los grandes medios de comunicación pedían el uso de la violencia policial o militar contra los barrios gitanos. Y tales mensajes de odio tuvieron consecuencias inmediatas: ha habido personas alentando, a través de las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea, pogromos contra las comunidades gitanas sospechosas de saltarse el confinamiento.

En el caso del antigitanismo, hablamos de un racismo profundamente arraigado que se manifiesta con especial virulencia en contextos de crisis, cuando la ansiedad y el descontento social buscan canales de expresión disponibles no punibles. Y los gitanos han demostrado históricamente ser un blanco fácil, en estos contextos, debido a la impunidad vinculada a una forma ampliamente aceptada de racismo. Lo he expresado en diferentes foros de debate europeos, y ahora lo expreso también aquí: todas las políticas socioeconómicas dirigidas a la inclusión de la población gitana resultarán fallidas si no están respaldadas por el compromiso político de combatir el racismo y sus manifestaciones, incluido el discurso de odio.

En diciembre de este año, el marco estratégico de la UE para la inclusión de los gitanos llegará a su fin; y estoy seguro de que habrá muchas lecciones que aprender sobre la desigualdad tomadas de la crisis de la Covid-19. Una de ellas debería ser la necesidad de priorizar el antirracismo en los programas estratégicos de los países miembros de la UE. La inclusión, entendida como una participación equitativa en todos los ámbitos de la sociedad, seguirá siendo un objetivo lejano en el horizonte hasta que no logremos reducir los altísimos niveles de estigmatización y odio que padecen las comunidades gitanas.

El estigma de la “amenaza gitana” es la mayor barrera para acceder a viviendas de alquiler, trabajos de calidad o estructuras democráticas de representación. Estas tres áreas de inclusión, tan diferentes entre sí, requieren una cualidad básica común: la confiabilidad. Y es que las gitanas y los gitanos han sido desposeídos del capital social más elemental: la confianza. Las campañas de difamación contra la identidad gitana, por medio de los discursos racistas, tienen tres efectos principales: dañar la reputación de todo un grupo de población; crear una opinión pública basada en el miedo; y finalmente legitimar la exclusión social.

Tal estigma antigitano no es nuevo. Hay estudiosos de su genealogía que han trazado líneas paralelas con la infame historia del antisemitismo. De ser así, esta historia de discriminación ha tenido un impacto negativo muy duradero: las encuestas sobre intolerancia informan regularmente de los niveles más altos de hostilidad hacia los gitanos - entre todos los grupos minoritarios de Europa -. Esto debe detenerse: España y el resto de estados miembros de la UE tienen que hacer cumplir la ley y proteger a las víctimas gitanas de este maltrato. El discurso de odio debe ser perseguido y sancionado, en cualquier formato, ya sea en los medios tradicionales, en los medios digitales o en las redes sociales.

Hemos de ser conscientes de que el clima social de pánico que prevalece en tiempos pandemia es crucial para evaluar los posibles efectos de los discursos racistas. Estos pueden servir para crear un entorno intimidante, hostil, degradante, humillante, ofensivo, cuando no directamente violento, contra las comunidades gitanas. La Directiva de Igualdad Racial de la UE proporciona a sus estados miembros un instrumento adecuado para luchar contra los discursos de odio. La ley española también protege formalmente a sus ciudadanos y grupos minoritarios contra amenazas, crímenes contra la integridad moral y discursos de odio; protecciones garantizadas y tipificadas en el código penal. Los instrumentos jurídicos ya existen, ahora son precisos programas políticos adecuados que velen por el cumplimiento de las leyes.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, el filósofo judío Karl Popper publicó, La sociedad abierta y sus enemigos. En este tratado contra el autoritarismo, Popper formuló la paradoja de la tolerancia en los siguientes términos: “La tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada aún a aquellos que son intolerantes; si no nos hallamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes y, junto con ellos, de la tolerancia.”

En un Estado democrático de derecho, las instituciones públicas han de adoptar un punto de vista postconvencional. Para ello, no deben limitarse a reflejar el estado social de opinión, sino que han de catalizar transformaciones hacia mayores cuotas de igualdad y justicia. Confío en que España puede liderar el camino hacia un nuevo paradigma de mutuo reconocimiento. La igualdad constitucional de los gitanos y las gitanas es más que una cuestión de inclusión social; es una cuestión de dignidad humana. Esto requiere políticas antirracistas que garanticen que las personas gitanas sean tratadas con respeto.