La situación epidemiológica en España es preocupante y demanda acción urgente

Un paciente con COVID-19 recibe tratamiento en el hospital de Manaus (Brasil), el 2 de junio del 2020. EFE/RAPHAEL ALVES/Archivo

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Tras varias semanas después de iniciado el periodo de "nueva normalidad" la incidencia de nuevos brotes ha ido creciendo de manera vertiginosa y nos encontramos ante una situación en la que ya no podemos permanecer en una lógica puramente autonómica de reinos de Taifas sanitarios y requerimos una acción concertada de todo el Estado español.

Si bien el 75% de los brotes son aislados y afectan a menos de diez personas, se han producido situaciones preocupantes de transmisión comunitaria en Comunidades como Aragón, Cataluña, Navarra o País Vasco y los últimos datos de la Comunidad de Madrid anuncian una importante escalada en los próximos días.

Se empiezan a producir brotes en residencias geriátricas con el consiguiente riesgo de un incremento significativo del número de casos severos y de fallecimientos.  Además, el diferencial de nuevos casos por cien mil habitantes con los países de nuestro entorno no cesa de aumentar y esto ha tenido ya repercusiones que afectan notablemente la recuperación económica al impactar la llegada de turismo extranjero y al haberse establecido cuarentenas a quienes viajen desde España a países como el Reino Unido y Suiza y prohibiciones expresas de viajar a algunas regiones "calientes" que son las más afectadas en España.  

Por todo lo anterior se impone la necesidad de un golpe de timón por parte del Sistema Nacional de Salud en su conjunto, Gobierno central y Gobiernos autonómicos, que evite perder definitivamente el control sobre la evolución de la pandemia.

La inminente llegada de las fechas en las que está prevista la vuelta a las aulas obliga a la adopción de medidas específicas destinadas a controlar una situación epidemiológica que lleva camino de afectar seriamente a la salud del conjunto de la ciudadanía, y que puede complicarse hasta el punto de volverse incontrolable a primeros de septiembre cuando millones de escolares y estudiantes de bachiller y universidad regresen a las aulas a partir de septiembre.

La situación epidemiológica viene requiriendo al menos desde hace dos o tres semanas, y puede requerir en los próximos días, la adopción de medidas eficaces de confinamiento quirúrgico delimitado en aquellas áreas geográficas de mayor transmisión. Estas medidas no tienen por el momento otro engarce jurídico que la declaración del estado de alarma bajo control del Congreso de los Diputados y con la dirección delegada en el presidente o presidenta de la Comunidad Autónoma afectada, tal como se contempla en la legislación actualmente vigente. 

La eventual necesidad de articular una nueva normativa para la gestión de situaciones de pandemia que en algunos momentos se ha trasladado a la opinión pública por parte del Gobierno y algunos grupos políticos, requiere un amplísimo acuerdo político y parlamentario y una tramitación que puede durar varias semanas o meses. 

No se puede esperar tanto tiempo y mantener una parálisis en la acción decisiva que requiere este recrudecimiento de la pandemia. Hay instrumentos para actuar y hay que actuar.

Conviene recordar que la incidencia creciente de nuevos casos que hoy se comunican, responde a contagios probablemente producidos hace entre 2 y siete días, y es tanto más preocupante cuanto menor es el porcentaje de asintomáticos detectados, tal como ocurre en la Comunidad de Madrid

Fiestas familiares y grupales, temporeros agrícolas, distintas modalidades de ocio nocturno y residencias sociosanitarias, configuran los ámbitos de producción de la mayoría de los brotes, los cuales se van extendiendo, si bien con frecuencias diferentes, por la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas.

La conclusión es clara: si no se actúa pronto y de forma enérgica, la situación se descontrolará aún más y muy pronto.

Por tanto, se impone: a) convocar urgentemente el Consejo Interterritorial del SNS para evaluar la situación, b) reponer la sistemática de información pública diaria sobre nuevos casos, ingresos hospitalarios y fallecimientos; c) reforzar de inmediato la capacidad de detección precoz, de rastreo de contactos, de realización de pruebas PCR en mayor medida y de poner en práctica el aislamiento de todos los asintomáticos positivos que se detecten con igual celeridad e intensidad en todas las Comunidades Autónomas; d) reforzar los dispositivos de salud pública y de atención primaria ; e) reforzar los tamizajes de viajeros internacionales en sus puntos de origen y de destino; f) considerar el confinamiento selectivo durante dos semanas de las zonas con transmisión comunitaria sostenida (por ejemplo, Aragón, área metropolitana de Barcelona y, probablemente la ciudad de Madrid y parte de su área metropolitana) ;g) asumir una posición vocal y visible ante la Unión Europea para que se de a las consideraciones sanitarias y a la coordinación de políticas de cuarentenas y cierres de fronteras la importancia, la objetividad y la seriedad requeridas y h) antes de que tengamos que lamentar una reaparición del impacto negativo que se evidenció en la fase inicial de la epidemia resulta imperativo establecer un control radical de la situación de las residencias en todo el país para asegurar el menor riesgo de contagio cuyas consecuencias en términos de salud sabemos que pueden ser fatales.

Estas medidas se han venido reclamando desde distintos lugares desde hace semanas, pero, por desgracia, su ejecución ha sido lenta e incompleta en muchos territorios.

Además, estamos en una situación complicada en la que cabe poner fin de una vez a los claros fallos constantes en la gestión de las estadísticas diarias, con cifras insuficientes y contradictorias que han llevado a una percepción generalizada de descoordinación en la gestión de la pandemia. En ese sentido, cabe reclamar con determinación acabar con los vacíos de información nacional que se producen los fines de semana, no justificables cuando día tras día el número de casos y de nuevos brotes crece sin parar.

Por todo ello se requiere un cambio de rumbo en el que la cogobernanza se ejercite con plena intensidad para atajar el avance de la pandemia, organizar una vuelta segura a las aulas, organizar una campaña de vacunación de la gripe estacional que requiere un enorme esfuerzo de coordinación o preparar la eventual operación de vacunación poblacional frente a la Covid-19 una vez se disponga de una vacuna eficaz y segura.

Para todo ello, habría que definir con indicadores precisos y umbrales claros los criterios que permitan el refuerzo de la atención primaria con profesionales para la atención sanitaria y para el rastreo eficaz de los brotes.

El mes de agosto es de vital importancia para conseguir parar la actual deriva de la pandemia con medidas como las señaladas que se deben complementar con una política de comunicación diferente que traslade información fiable y precisa, mensajes claros para la población que refuercen los comportamientos preventivos en la ciudadanía y, por supuesto, se potencien con diversas campañas de información dirigidas a jóvenes y otros sectores poblacionales

Urge cambiar el rumbo y reforzar la toma de decisiones con el mayor apoyo técnico posible que pudiera ofrecerse a partir de la constitución de un Comité de expertos definido por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud al que este órgano pueda solicitar informes que ayuden a la toma de decisiones y favorezca el necesario consenso político e institucional que servirá para gestionar con eficacia la pandemia en un nuevo tiempo ante la inminente llegada del otoño. Lo que no podemos hacer es esperar a que todo se arregle solo porque eso no ocurrirá, porque hay un potencial explosivo en la dinámica epidemiológica que estamos viviendo y porque se corre el gran riesgo de tener que retroceder a las etapas mas draconianas de confinamiento total y reducción de la movilidad como las vividas entre mediados de marzo y mediados de junio.

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Publicado el
7 de agosto de 2020 - 21:32 h

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