La vivienda pública y la emergencia sanitaria del COVID-19

La vivienda se ha convertido en el primer refugio frente al coronavirus para millones de personas en todo el mundo, como acaba de recordar la relatora de Naciones Unidas para el derecho humano a una vivienda. “Frenar la curva” implica que la gente se quede en sus casas, lo que revela el vínculo entre el derecho a la vida y a la salud y el derecho a la vivienda. Las primeras viviendas, los domicilios, son en estos momentos una parte fundamental del sistema sanitario. Interdependencia de los derechos humanos.

En España, los años de especulación a gran escala sobre el ladrillo, primero con la burbuja hipotecaria y después con la burbuja de alquiler, han causado estragos mientras que las administraciones han sido en su mayoría incapaces de atender la emergencia habitacional de los últimos diez años. Ahora, los hogares que sirven para contener el virus peligran por el impago inminente de cuotas hipotecarias y rentas de alquiler.

Estos días se discuten medidas para aplicar alivios al pago de los alquileres, y los medios apuntan a una pugna entre el ministerio de Economía, inmovilista, y las demandas de otra parte del Gobierno, favorable a la intervención pública. Por el momento se ha aprobado una “moratoria” hipotecaria que tan solo desplaza la obligación de pago hacia adelante, bajo condicionantes estrictos, manteniendo intactos los derechos de cobro de las entidades financieras.

Entre tanto, el Ayuntamiento de Madrid anuncia una moratoria de una mensualidad para su pequeño parque público, unas 6.000 viviendas, en una capital de más de 3 millones de habitantes. Quiere lanzar un mensaje de ayuda pero se trata tan solo del aplazamiento del pago de una mensualidad, lo cual resulta ridículo para la magnitud de la emergencia social que atravesamos. Es necesario aplicar reducciones y suspensiones de renta a todos los inquilinos de la EMVS afectados por el shock económico asociado al Covid-19, garantizando en todo caso que la renta disponible para las familias alcanza un mínimo vital imprescindible.

Además, no podemos olvidar las 1.800 viviendas de la EMVS que el Ayuntamiento vendió en 2013 a un fondo buitre (Blackstone). Se debe prestar apoyo a esas familias y requerir al fondo para aplicar también reducciones y suspensiones en la mensualidad, acordando la paralización inmediata de los procesos de desahucio que estaban en marcha para que ni ahora ni en el futuro se siga expulsando a la gente de sus casas.

Con mayor motivo todavía, estas demandas son exigibles a la Comunidad de Madrid, con un parque propio de cerca de 20.000 viviendas, más otras 3.000 cuya venta en 2013 acaba de ser anulada por los tribunales.

La vivienda pública va a ser crucial para el futuro inmediato, y no solo por el tiempo que dure el estado de Alarma puesto que los despidos, ERTES y cierres de empresas de hoy, a partir de empleos precarizados en la última década, pueden convertirse en los desahucios de mañana.

Una vez se levante la cuarentena nos despertaremos con un panorama muy sombrío, y en lo social la recuperación puede tardar meses o años. Si se pretende aliviar el período especial en el que entramos no caben trucos contables, se deben suspender los pagos de renta y de cuotas hipotecarias para todas las personas afectadas sin hacer aumentar su deuda. Pero no solo eso, si queremos contar un sistema de protección sólido de cara al futuro, con viviendas protectoras sin que nadie se quede atrás, todas las administraciones deben preparar los medios para una fuerte inversión en vivienda pública que amplíe el parque de alquiler disponible.