Los 'anticonstitucionales'

De un tiempo a esta parte se viene desarrollando, desde determinados círculos políticos y mediáticos, una intensa campaña encaminada a dividir a los españoles en dos bloques: el 'constitucional' y el 'anticonstitucional'. Sus promotores se presentan como el bastión de defensa del Estado de derecho frente a una turba de exaltados que pretende hacerlo añicos con el objetivo de instaurar un régimen republicano comunista. Y advierten de que ese proceso se estrellará contra “la Corona, el poder judicial y la Constitución”, una peculiar redefinición de la santísima trinidad cuya autoría intelectual corresponde a la Juana de Arco de las huestes 'constitucionales', Isabel Díaz Ayuso. El último capítulo de esta cruzada lo constituye el esperpéntico video en defensa de la Monarquía promovido por la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo (que no se resigna a su destierro en la comisión de Hacienda del Congreso) y en el que el presidente socialista de Castilla-La Mancha desempeñó un triste papel de paje.

Empecemos por recordar lo básico. Defender un sistema republicano o el derecho a la autodeterminación de Catalunya, sea a voz en cuello o en susurros, no implica automáticamente situarse fuera de la Constitución, en contra de lo que pretenden los patriotas de hojalata. La Carta Magna es en ese sentido más flexible que sus proclamados adalides: en los artículos 14, 16 y 20 consagra como derechos fundamentales las libertades de opinión y de ideología. Y, quizá más importante para el tema que nos ocupa, en el artículo 168 permite la reforma de los títulos relativos al modelo de Estado, a la Corona y a los derechos fundamentales.

Para tranquilidad de los guardianes del 'pacto constitucional del 78', esa reforma es sumamente difícil. El procedimiento exige que la propuesta se apruebe tanto en el Congreso como en el Senado por mayoría de dos tercios, que se disuelvan a continuación las Cortes y que las dos Cámaras elegidas vuelvan a aprobarla por mayoría de dos tercios. Por último, el texto debe someterse a referéndum. Como si no bastara, la propuesta no puede surgir de una iniciativa popular. Una reforma con estos condicionantes solo podría prosperar con el concurso de los dos partidos mayoritarios, y ambos están en contra de cualquier modificación del modelo de Estado. A modo ilustrativo, la Corona y la integridad territorial están más blindadas en la Constitución actual de lo que estuvo la República en la Constitución de 1931. En esta, la exigencia de una aprobación por dos tercios en las Cortes tenía una vigencia de cuatro años, al cabo de los cuales las reformas solo requerirían mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los parlamentarios. Un pequeño detalle histórico: el entonces partido dominante de la derecha, la CEDA, tras constatar que en los cuarteles no había aún ambiente para acabar con la República, aguardó pacientemente el vencimiento del plazo de los cuatro años para acometer la “revisión total” de la Constitución, según avisó su líder, Gil Robles, convencido de que en las elecciones de febrero de 1936 conseguiría la mayoría suficiente para cumplir su objetivo. Al frustrarse esa vía 'legalista' por la victoria del Frente Popular, el grupo de militares que Gil Robles había promocionado estratégicamente siendo ministro de Guerra activó la vía de los hechos que todos conocemos.

Con la Carta Magna férreamente blindada, la pregunta que surge es si existe en este momento un clima especial de hostilidad contra la integridad del Estado o contra la Corona que pueda derivar en nuevos desafíos al margen de la ley y justifique las atronadoras voces de alarma de la derecha.

Es cierto que hace tres años se produjo un grave e irresponsable desafío al Estado por parte del independentismo catalán, pero fue contenido de modo implacable mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, apoyó de modo inequívoco aquella decisión del Gobierno popular. Otra cosa fue la polémica que se generó en torno a la contundencia con que actuaron las fuerzas de seguridad del Estado. El independentismo se encuentra hoy enredado y, aunque mantenga formalmente su discurso rupturista, resulta difícil imaginar que en un plazo largo vuelva a embarcarse en una aventura secesionista fuera del cauce constitucional. El conflicto, sin embargo, sigue ahí, con el riesgo de enquistarse. Ortega y Gasset, que veía imposible una solución definitiva al 'problema catalán', sugirió lo siguiente durante una célebre intervención parlamentaria en los inicios de la II República, hace casi 90 años: “En vez de pretender resolverlo de una vez para siempre, vamos a reducirlo, unos y otros, a términos de posibilidad, buscando lealmente una solución relativa, un modo más cómodo de conllevarlo”. Eso, por supuesto, exige mucho diálogo, incluso aunque a veces parezca que se cierran todas las puertas.

También es cierto que en los últimos tiempos han arreciado los cuestionamientos a la Corona, pero no porque lo haya puesto en la agenda algún partido antimonárquico, sino por los gravísimos escándalos de corrupción que ha protagonizado el rey emérito, por la manera más que discutible en que la Zarzuela ha pretendido zanjar el asunto y por algunas actuaciones del rey Felipe VI que han resultado cuando menos desafortunadas, como aquella llamada al presidente del CGPJ para lamentar su inasistencia a un acto en Barcelona. En toda esta crisis, la dirigencia del PSOE, con Sánchez a la cabeza, ha apoyado sin fisuras al monarca, incluso a riesgo de contrariar a las bases del partido. No sobra recordar que algunas de las revelaciones más explosivas sobre las andanzas de Juan Carlos I las han hecho medios afines a la derecha a los que el corrupto excomisario Villarejo ha utilizado como plataformas de chantaje contra las instituciones.

En realidad, el problema de fondo de Pablo Casado y sus amigos 'constitucionales' no es tanto que Sánchez e Iglesias estén fuera de la Constitución como que estén dentro de la Moncloa. Es un trago muy difícil de digerir. Todo vale para desestabilizar al Ejecutivo y forzar la convocatoria de elecciones, desde la construcción de un discurso tenebroso sobre la España 'roja' hasta el secuestro del poder judicial, pasando por una obscena utilización del rey en la batalla política que puede acabar perjudicando a la Corona o la filtración desvergonzada a la prensa amiga de documentos oficiales sacados de contexto que supuestamente probarían la culpabilidad del Gobierno en las muertes por coronavirus.

En enero pasado, Sánchez formó con Podemos el primer gobierno de coalición de la presente etapa democrática. Su investidura salió adelante tras la abstención de ERC, partido que participó en la maniobra secesionista de 2017 pero que con posterioridad se ha desmarcado de cualquier declaración unilateral de independencia, y de Bildu, formación abertzale que intenta hallar acomodo institucional y soltar lastre de un pasado de complicidades con ETA. Pablo Casado no para de repetir que se trata de un Gobierno ilegítimo sostenido por comunistas, independentistas y filoetarras. Para el líder del PP, lo legítimo es aliarse con un partido de extrema derecha, xenófobo y filofranquista que en otras democracias europeas sería objeto de un férreo cordón sanitario.

¿Y qué dicen a todas estas los ciudadanos? Si nos atenemos al último barómetro del CIS, correspondiente a julio, tan solo un 0,5% y un 1% de los encuestados incluyen la monarquía y la independencia de Catalunya, respectivamente, entre los principales problemas de España. El paro y la situación económica ocupan de lejos los primeros lugares, por encima incluso del coronavirus y la sanidad. En el quinto puesto figura la falta de acuerdos políticos. Para muchos españoles, lo anticonstitucional es que el Estado lleve años desentendiéndose de su obligación de fomentar las condiciones para un empleo estable y una vivienda digna y que los políticos no logren consensos mínimos para promover el progreso social y una distribución más equitativa de la renta, como exige el artículo 40 de la Carta Magna a los poderes públicos. Todos los partidos, pero muy en particular el PP y sus socios de la ultraderecha que tan atareados andan en su elevada misión de salvaguardar la Corona y la unidad de España, deberían sacar un rato en medio de sus pendencias y leer detenidamente el barómetro, más allá de los entretenidos apartados sobre intención de voto y valoración de líderes. En una de esas se encuentran con la desagradable sorpresa de que, visto desde otra perspectiva, todos pertenecen al 'bloque anticonstitucional'.