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Tres claves para entender qué (diantres) ocurre en el Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa, Pedro Morenés. / Efe

Bernardo Navazo

Se nos ha vuelto a colar el elefante rosa en la habitación: el Consejo de Ministros ha presentado, agostizamente, un Real Decreto que proporciona créditos extraordinarios al Ministerio de Defensa por valor de 883 M € destinados a sufragar los gastos en sistemas de armas generados por los llamados Programas Especiales de Armamento.

Algo que ya hizo en 2013 por 877 M €.

Y también en 2012 por 1.782 M €.

Siempre con Reales Decretos.

Siempre en los meses de verano.

Siempre para el pago de armamento.

Siempre aumentando de tapadillo el presupuesto inicial del Ministerio.

Si se repite a menudo en periodismo aquello de que “los hechos aislados buscan una narrativa que los dote de coherencia”, ¿qué diantres está ocurriendo en el Ministerio de Defensa que genera esos Reales Decretos de verano para aumentar el presupuesto de Defensa? Hay tres claves.

Primera: los inicios. Los polvos de estos lodos empiezan en 1996, cuando el Gobierno de José María Aznar inició un proceso de modernización de las Fuerzas Armadas. Esto supuso el lanzamiento de 19 Programas Especiales de Armamento, los conocidos PEA en el argot de la comunidad de Defensa. Son adquisiciones como el cazabombardero EuroFighter 2000, el avión de transporte estratégico A400M, el carro de combate Leopard, el vehículo blindado Pizarro, un nuevo conjunto de fragatas modelos F-100 y F-105, los helicópteros Tigre y NH90, etc.

La factura total de los PEA es enorme: 30.000 millones de euros, según las últimas estimaciones. Es tanto como un 3% del PIB, o casi como un rescate y medio de Bankia.

Los PEA se firmaron hace ya muchos años. Pero la parte más abultada de la factura ha llegado ahora: estos proyectos tan complejos necesitaron de década y media de desarrollo y ejecución y ha sido a partir de 2011-2012 cuando el Ministerio de Defensa ha tenido que hacer frente a los pagos según el siguiente calendario:

Segunda: La causa principal del colapso económico-financiero del ministerio de Defensa es, a secas y sin ambages, que le ha llegado el momento al departamento de Morenés de pagar aquellos PEA que encargó hace 15 años. Nada más, nada menos. Y así hacer frente a la anterior curva de desembolsos para el periodo 2014-2030.

En otro gran ejercicio de planificación de la Administración española, se compró hace década y media y se paga hoy. Y ese hoy nos muestra un ministerio de Defensa con un presupuesto inicial que ronda los 6.000 millones de euros al año y una factura media anual de los PEA de 1.320 millones de euros. El 22% del presupuesto anual de Defensa se lo comen los proyectos que encargamos hace quince años.

El destrozo en las cuentas del departamento es fácilmente imaginable. Y también la dificultad de aumentar de manera ordinaria los presupuestos de Defensa en estos tiempos de alta contestación por la política de recortes y austeridad en gasto social. ¿La solución del Gobierno de Rajoy? Esconder al elefante para que nadie lo vea. Aumentar de tapadillo el presupuesto de Defensa cada agosto con un Real Decreto.

Tercera: Las carísimas compras de armamento no solo han sido cuestionadas por analistas del sector y grupos de la oposición sino por la propia Secretaría de Estado de Defensa que, en septiembre de 2011, publicó tres informes demoledores sobre la escandalosa situación del Ministerio con sentencias lapidarias tales como:

“Los PEA en su conjunto fueron contratados al margen de la realidad financiera del Ministerio de Defensa”.

“Un modelo obsesionado en las adquisiciones pero indiferente al impacto financiero de las mismas y a su sostenimiento posterior,” modelo que generó una “sensación de disponibilidad financiera (…) que hizo que se fueran contratando más y más programas sin atender a la capacidad real del presupuesto de Defensa para afrontar los pagos futuros”.

“Los contratistas adquirieron un excesivo poder como consecuencia del limitado control que ejerció el Ministerio de Defensa”.

“No se ejerció control riguroso sobre el resultado de los programas, siendo habituales los retrasos y sobrecostes llegando en ocasiones a incumplirse los requisitos, sin que esa dinámica implicase exigencia de responsabilidad y depuración de la misma”.

“La industria no dudó en aprovechar las ventajas que le proporcionó esta situación”.

Todas estas citas salen de dichos tres informes publicados por la Secretaría de Estado de Defensa con título conjunto Evaluación de los Programas Especiales de Armamento. No intenten buscar esos documentos en la web del Ministerio o del Congreso de los Diputados: será un esfuerzo baldío.

En suma, que si bien sabemos bastante de los desmanes en materia de infraestructuras y obra pública durante los años de la bonanza económica (AVE, aeropuertos), poco hemos aún oído de la pésima manera en la que el Ministerio de Defensa ha gestionado los recursos públicos.

Por supuesto, el Ministerio de Defensa tiene muy poco interés en que este debate salga a la luz. Por eso se financia cada verano con un Real Decreto millonario. Así evita la polémica de presentar en octubre de cada año los Presupuestos Generales de Defensa con aumentos iniciales de un 20% o 30 % frente a los recortes en Sanidad y Educación. También consigue dichos incrementos minimizando la exposición a la crítica pública del departamento por el trámite de urgencia con el que se aprueba el Real Decreto y por llevarlo a cabo en verano. Y además, se soslayan las explicaciones concienzudas sobre un asunto muy peliagudo del que no se desea que se hable en exceso.

Los angloparlantes utilizan la expresión “un elefante rosa en la habitación” (“the pink elephant in the room”) para designar a aquellas verdades obvias e incómodas que, sin embargo, se orillan o se esquivan. Por ahora, este elefante ha pasado bastante inadvertido: ni la sociedad ni casi nadie en el Parlamento se ha percatado de que el Ministerio de Defensa español es otro más de los paquidermos rosáceos que campan por nuestra democracia; uno que pesa 30.000 millones de euros.

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