El Complemento Salarial de Ciudadanos perpetúa la deflación salarial
Los defensores de la Reforma Laboral del año 2012 en España, básicamente PP, Ciudadanos y la antigua CiU, y por supuesto toda la gran patronal, así como tertulianos de todo pelaje y economistas mediáticos, siguen maquinando cómo defender el hundimiento de los salarios como algo positivo para la sociedad española. Los más estudiados se refieren a que en todas las crisis es lógico que se produzca una reducción del salario agregado, ya que la masa salarial se reduce como consecuencia del aumento del desempleo.
Sin embargo, si uno es medianamente honrado, y se va a las fuentes estadísticas laborales de Hacienda, ya que las del INE son muy malas y provienen mayoritariamente de encuestas, los resultados son concluyentes. El grueso del desplome salarial se ha producido a partir de 2012, justamente cuando entra en vigor la reforma laboral, y no desde 2007 fecha de inicio de la gran crisis. En total, desde 2007 hasta 2014, última cifra de Hacienda, se han perdido en el conjunto de la economía española 38.000 millones de euros en salarios, fruto en parte de la pérdida de 2,4 millones de asalariados. Esta brusca caída de las retribuciones se enmarca dentro de la filosofía que subyacía a la Reforma Laboral: romper y eliminar todo el poder de negociación de los trabajadores, vía destrucción de la negociación colectiva, y así dejar todo el poder de negociación a los empresarios que así elevarían sus beneficios y aumentarían la contratación.
El resultado de esta falacia es contundente. Los salarios apenas crecen, y el empleo lo hace a un ritmo del 3%, sin que se hayan restituido ninguno de los derechos perdidos a raíz de la entrada en vigor de la Reforma Laboral que votaron conjuntamente PP y CiU, y Ciudadanos en el espíritu. Esta reforma estructural garantiza un elemento fundamental al mundo empresarial: la era de la indiciación salarial se ha acabado y ahora el límite inferior es siempre el SMI, congelado a propósito desde hace más de 4 años. Con estas condiciones, el ingreso marginal de los nuevos trabajadores es cada vez más bajo, ya que para el mismo puesto de trabajo, ahora el salario de entrada es más de un 25% más bajo. Esta nueva realidad nos ha llevado al alumbramiento de una nueva categoría de trabajadores: los trabajadores pobres.
Esta nueva situación, incómoda para quien quiere vender las bondades del modelo de recuperación económica en España, es alarmante para quienes viven del consumo, pero también para aquellos responsables públicos que, de forma hipócrita, hacen bandera de la lucha contra la pobreza. Por tanto, y ante una situación que está afectando de forma negativa a gran parte de las empresas de consumo, a pesar de lo que venda el INE, las expectativas de que el crecimiento a medio y largo plazo sea sostenible y se logre reducir la enorme desigualdad existente, son cada vez más pesimistas.
Frente a esta realidad social y económica, caben básicamente dos alternativas. Por un lado, elevar los salarios de referencia de la economía, es decir el SMI (Salario Mínimo Interprofesional) o los salarios de los empleados públicos, algo que el PP y Ciudadanos ya han pactado que no lo van a hacer, o restituir la negociación colectiva sectorial, que sirve de referencia a la hora de fijar incrementos salariales, pero también salarios de entrada de los nuevos trabajadores. Por supuesto, que estas alternativas deberían llevar aparejadas incrementos de productividad que en España son muy complicados, por la estructura productiva y la pirámide poblacional.
Es sabido que ninguna de estas medidas va a ser implementadas mientras gobierne el PP con la muleta de Ciudadanos, la franquicia blanca. Por ello, Ciudadanos, en su afán de parecer que le importa la pobreza de los trabajadores abandonados a la suerte de la negociación individual con su empresa, ha introducido el llamado “Complemento Salarial” algo similar el impuesto negativo anglosajón. En su carrera por importar el modelo laboral anglosajón, escasa protección social, bajos o nulos costes de despido, elevada flexibilidad de entrada, salida y movilidad funcional y desprecio absoluto por el papel de los sindicatos, ha logrado colar, tanto al PSOE, como al PP este subsidio encubierto a las empresas que pagamos todos.
En esencia, el Complemento Salarial es un pago único que nos abonaría Hacienda, aunque se podría mensualizar, a las rentas más bajas y que varía en función de las condiciones personales de los hogares (número de hijos, estado civil, etc). Su estructura es creciente hasta un umbral de renta, para luego ir descendiendo hasta agostarse cuando se alcanza el umbral de salida. Por tanto, es un gasto que pagamos todos a escote para compensar el salario digno que las empresas deberían pagar a sus trabajadores, y que está sujeto a la situación fiscal del país. El objetivo último es combatir a los pobres qué, aún trabajando, no alcanzan el nivel salarial suficiente para seguir enganchados a la rueda del consumo y el pago de la hipoteca. Por tanto, todos los parados e inactivos, no recibirán ninguna ayuda y por tanto, este segmento seguirá abandonado a efectos de las políticas de lucha contra la pobreza por parte del PP y Ciudadanos.
Por poner unas cifras, en EEUU, el número de perceptores en 2015 fue de 28 millones y el montante de gasto fue de 66 billones de dólares. Precisamente de dicha economía vienen realizándose numerosas críticas a este sistema, en primer lugar porque cronifica los bajos salarios y no constituye un cambio sustancial en los derechos de los trabajadores. Por otro lado, en el fondo es un subsidio encubierto para aquellas empresas de baja productividad que saben que podrán seguir pagando bajos salarios, porque el resto de la sociedad le pagará la diferencia. Esto es así, teóricamente, porque esta medida tendería aumentar la oferta de trabajo en el sector menos cualificado, algo que no se ha notado en EEUU que mantiene la tasa de actividad más baja desde los años 80. También redundaría en un crecimiento de las horas de trabajo, algo que tampoco se ha dejado notar de forma significativa. Pero lo que sí tiene es un efecto desincentivador a declarar los salarios realmente percibidos, y por ende, es un nido de fraude muy potente. En EEUU, en el año 2014, el 27% de los beneficiarios lo fue de forma fraudulenta, lo que supuso al fisco norteamericano un agujero de 18.000 millones de dólares.
En suma, y aplicado al caso español, este complemento perpetúa los bajos salarios, aleja todo atisbo de negociación colectiva, no consolida el aumento de salario de cara a la Seguridad Social y beneficia a las empresas menos eficientes y productivas, justo lo contrario que lo que necesita la economía española.
