El curioso caso de la democracia no militante
“El marco constitucional es la primera garantía de que todo es posible por vía pacífica, en el marco y conforme a las instituciones democráticas”
Juan Carlos I, Rey de España
Hay muchas caras de pasmo en los últimos días en relación con la posibilidad cierta de que los políticos catalanes encausados y los expatriados se presenten legalmente a elecciones democráticas y consigan sus actas una vez elegidos. Eso sí que me produce extrañeza. No es sino un síntoma más del proceso de involución de la conciencia democrática de los ciudadanos. No son cosas nuevas. Ya han pasado en nuestra patria. En este país en el que Ruiz-Mateos recogió su acta de eurodiputado hallándose en busca y captura en toda Europa y en el que el etarra Yoldi no sólo resultó electo sino que fue conducido a su propia sesión de investidura como lehendakari. Todo esto pasaba y pasó y aquí seguimos. Pareciera ahora que el cielo se nos fuera a desplomar encima, como en la aldea de Asterix, y eso sólo es síntoma de esa falta de músculo democrático y del desconocimiento de los principios que rigen nuestra vida política por parte incluso de muchos de los políticos que intentan regirla. Eso o que tienen más cara que el cemento. Todo cabe.
No solamente han sido los políticos de la derecha, que llevan utilizando el tema catalán como catalizador electoral mucho tiempo, sino una eurodiputada socialista, Elena Valenciano, la que ha encontrado surrealista que una persona que no se presenta ante la Justicia española pueda presentarse a las elecciones. Ya ven, es el curioso caso de la democracia no militante, una cuestión intrínseca a nuestra Constitución y que fue deliberadamente asumida así por los constituyentes. A fin de cuentas le copiaron a Alemania hasta el 155 y no se les ocurrió copiar esa condición de democracia militante de los teutones que permite que existan grupos considerados “hostiles a la Constitución” que pueden ser ilegalizados, igual que se pueden restringir los derechos básicos de las personas que luchen contra el orden constitucional y se les puede expulsar de la función pública. Todo esto que propugnan y proponen los llamados constitucionalistas españoles pero que no puede estar más alejado del espíritu de nuestra propia Constitución. Tenemos pues una democracia no militante -el Tribunal Constitucional, dixit- en la que el propio Rey Juan Carlos dejó dicho que “todo es posible por vía pacífica” y eso engloba el nacionalismo, el republicanismo y cualquier otra cosa.
No conviene pues tirarse de los pelos porque el Estado de Derecho acabe siendo coherente con los principios que lo gobiernan. El escandaloso intento del Partido Popular y de una parte de la Junta Electoral Central de vulnerar los derechos políticos de Puigdemont, es una clara muestra de ello. Quien abraza la Constitución debe abrazar la idea de que, aún declarado en rebeldía procesal, conserva intactos sus derechos no solo a la presunción de inocencia sino también a la participación política. Mucho me temo que era el último esfuerzo por desvirtuar la norma para conseguir que el ex president no pudiera concurrir a las elecciones y eso porque, a estas alturas, y por mucho que boqueen unos y otros, no creo que haya nadie que pueda poner la mano en el fuego por lo que sucederá si resulta elegido. La cuestión del inicio de la inmunidad parlamentaria está encima de la mesa. Según el Tribunal Constitucional español la inmunidad parlamentaria rige contra cualquier tipo de “detenciones y procesos judiciales que pudieran desembocar en privación de libertad” y el artículo 9 del reglamento europeo dice “any measure of detention an from legal proceedings”. Nadie sabe si Puigdemont vendrá pero parece claro que no se le podría mantener detenido una vez recogiera el acta puesto que ahí nadie discute ya la existencia de la inmunidad parlamentaria. Lo que no admite duda, es que aún detenido debería ser conducido a tomar posesión de su acta y jurar la Constitución, como ya se va a permitir a los sentados en el banquillo que han obtenido acta de diputados. Incluso en el caso de estos últimos hay dudas respecto a qué suceda una vez la tengan en su mano, porque si la inmunidad parlamentaria rige desde ese mismo momento, entonces quizá no puedan seguir privados de libertad y Marchena deba solicitar un suplicatorio al Congreso para seguir con el juicio.
Todo es complicado porque complicado es en origen que lleven año y medio en prisión preventiva los procesados catalanes, cuando es obvio que se podían haber tomado medidas mucho menos lesivas para asegurarse su presencia en el juicio. Igual de anómalo que haber mantenido una acusación a todas luces alejada de los hechos reales que se vivieron y del encaje penal de los mismos. Eso es lo malo de usar y manipular el Derecho para fines políticos, por mucho que sean loables, que al final se entra en una espiral en el que cada paso acaba resultando más oscuro y más extraño que todos los anteriores.
El curioso caso de la democracia no militante debería sobre todo acabar con el triunfo de la democracia y de los principios. En un país en el que defender que no todo vale y que, incluso frente a los nacionalistas, hay que respetar los principios y los derechos te convierte en un traidor, no resulta extraño que no se entienda ahora que los tribunales no hayan permitido una nueva deriva que resulta inasumible. Ese era el caso de la restricción de la JEC, un órgano administrativo electoral sin capacidad jurisdiccional ni legislativa y al que sólo le es dado aplicar la norma, sin interpretarla, sin aplicar ni sentido común ni cualquier otra cosa reservada a los tribunales.
Tenemos políticos y juristas que son más militantes que la propia democracia y con ello no la defienden sino que la debilitan y la manosean. Esperemos que el nuevo tiempo político abra un nuevo tiempo de respeto a las esencias y los principios realmente constitucionales que son los únicos que nos vertebran en nuestra plural diferencia.
