Si no fuera negocio, no lo querrían
Los empresarios de Madrid agrupados en la CEIM andan reclamando la privatización del transporte público madrileño a los candidatos de los distintos partidos políticos. La flota gestionada por el Consorcio Regional de Transportes parece haberse convertido en el nuevo objetivo a privatizar: 238 estaciones de Metro; 56 estaciones de Metro Ligero y tranvía; 2.000 autobuses de la EMT; y 1.998 autobuses interurbanos, infraestructuras ya en funcionamiento y pagadas con dinero público parecen un bocado de los más apetecible.
A pesar de todas sus carencias, el transporte público son las arterias de la ciudad de Madrid y muy relevante desde el punto de vista social y ambiental. Cada año más de 1.300 millones de desplazamientos en la ciudad se realizan en transporte público, evitando con ello mayores niveles del uso del coche. Esta privatización injustificada tendría graves consecuencias no sólo para los usuarios, sino también para el medio ambiente.
Todos los que viven en Madrid sufren de forma cíclica los problemas de contaminación, cada dos meses aproximadamente aparece un hongo en el horizonte y se superan los niveles aceptables de contaminación establecidos por la Unión Europea. Una asignatura pendiente desde hace años, para la que ningún gobierno municipal se ha atrevido a impulsar medidas que pongan freno a uno de los sospechosos habituales de esta contaminación: el vehículo privado. Al contrario, seguramente es una mala política de tarifas la causante de la bajada de un 4% de los desplazamientos en transporte público en el último año.
A pesar de que la contaminación urbana causa miles de muertos, hasta ahora es un tema olvidado y políticamente secundario. Según datos de la Unión Europea son 600.000 las muertes al año que causa la contaminación, y el coste de los tratamientos asciende a 1,4 billones de euros. Desde luego hay motivos de sobra para poner la cuestión mucho más arriba en el debate político.
Si queremos una ciudad sana en la que poder respirar es necesaria una buena red de transporte público ¿Hay diferencia entre que la red sea privada o sea pública? Sin lugar a dudas. Si la red de transporte urbano es pública, puede utilizarse de manera mucho más flexible y eficaz con ese objetivo que si su gestión estuviera en manos privadas. De hecho algunas fuerzas como Ahora Madrid abogan por una política de tarifas en el transporte que incentive su uso, con bonos sociales y tarifas planas. Esa propuesta complementa la apuesta por el uso de la bici, los espacios peatonales, las áreas de velocidad limitada, la creación de BUS VAO en los accesos a la ciudad, un refuerzo de los cercanías con aparcamientos disuasorios o la erradicación del diésel de las flotas públicas.
La propuesta de los empresarios es una carga de profundidad en la línea de flotación de las políticas sociales y de sostenibilidad. Lo que Madrid necesita son empresarios creativos y dinámicos, capaces de ofrecer propuestas para un cambio en la ciudad, y no estar buscando el negocio privatizando servicios públicos.
