Para la ministra de Defensa, Margarita Robles, parece que el problema no es que se haya producido un espionaje masivo a dirigentes, activistas y abogados relacionados con el independentismo sino que se haya sabido. La culpa es de ellos, de The New Yorker, esa revista que la ministra afirma no conocer, y de Citizen Lab, al que se refiere despectivamente como “ese laboratorio”. A todos les acusa de participar de una especie de conjura con informaciones “teledirigidas” para beneficiar al secesionismo catalán.
Así que ahí tienen al periodista Ronan Farrow, que gracias a sus reportajes sobre los abusos sexuales cometidos por Harvey Weinstein logró el premio Pulitzer, trabajando al servicio de los intereses políticos de Puigdemont, Junqueras y compañía. Lo mismo que Citizen Lab, un centro con sede en Toronto y que lleva dos décadas investigando casos que van desde la desinformación en Rusia a la censura en China o el espionaje a periodistas que denunciaban la corrupción en México. Vamos, que con esta trayectoria sorprende que haya tenido que salir la ministra a abrirnos los ojos y descubrirnos que existía este submarino del independentismo trabajando en medio mundo para desacreditar al Estado español.
La responsable de Defensa y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) justifica el espionaje masivo con un argumento de brocha gorda que, tenga beneplácito o no de un juez (es probable que lo obtuviese), le sitúa en un terreno más que peligroso. Es el de que el fin, combatir el secesionismo, justifica los medios, utilizar un sistema de espionaje en teoría limitado a terroristas y organizaciones criminales. “¿Qué tiene que hacer el Estado cuando alguien declara la independencia?”, proclamó Robles este miércoles en el Congreso provocando una mayor indignación entre sus socios de Unidas Podemos y entre los grupos catalanes y vascos. La respuesta es que el Estado tiene que defenderse pero no puede hacerlo aplicando el todo vale. Por eso la pregunta correcta es ¿qué no puede hacer un Estado?
La primera consideración es que en los años 2019 y 2020, periodo en el que se realizaron el 80% de las escuchas conocidas gracias a la investigación del ‘New Yorker’ y Citizeb Lab, no se declaró la independencia. De hecho, por ponerle algo de humor, la broma que se hace entre sectores secesionistas es que el CNI debió ser el único que se creyó que alguien estaba planeando una nueva declaración de independencia (la del 2017 duró ocho segundos). Otro elemento es que recurrir a Pegasus para este tipo de escuchas es propio de países que no están precisamente en el listado de los modelos democráticos a seguir. Una segunda pregunta que tanto Robles como el presidente del Gobierno deben hacerse es la que con acierto formuló hace unos días el compañero Íñigo Sáenz de Ugarte y que sigue sin respuesta: ¿Quiere Pedro Sánchez ser socio del club de Orbán, Modi y Bukele? Porque una cosa es que en el CNI aún escueza que llegasen las urnas y las papeletas del 2017 sin que se enterasen de nada y otra es convertir al independentismo en una causa general.
Cada día hay jueces autorizando a policías, guardias civiles, mossos o ertzaintzas a recurrir a escuchas telefónicas. Aquí estamos hablando de otra fórmula y con un sistema mucho más invasivo. Como Amnistía Internacional ha recordado en más de una ocasión, Pegasus tiene un impacto extraordinario en el derecho a la intimidad debido a su diseño: actúa de manera subrepticia, es especialmente invasivo y tiene la capacidad de recopilar y enviar una cantidad ilimitada de datos personales y privados.
Una tercera consideración y no menor es la cantidad de teléfonos infectados. Pegasus ha servido para espiar a como mínimo 65 personas, aunque es muy probable que fuesen más, desde abogados (se pudo tener acceso a conversaciones entre letrados y clientes, lo que atenta contra el secreto profesional) a periodistas o incluso imputados que tenían ya el móvil intervenido por orden del juez que instruye sus causas judiciales.
El Gobierno remite una y otra vez a la comisión de secretos oficiales como si allí se fuese a aclarar algo. Una comisión en la que los diputados no pueden tener acceso a la información relativa a las fuentes y medios que haya utilizado el CNI. Hay margen para aclarar qué ha pasado si existe voluntad política de hacerlo, más allá de las buenas palabras de ministros como Félix Bolaños. El mejor parlamentario del Congreso, Aitor Esteban, se lo ha planteado de manera clara a la titular de Defensa: ¿Qué artículo de qué ley le impide dar datos al Parlamento sobre el uso del programa Pegasus por parte del Estado?
Los servicios secretos han admitido que espiaron a líderes independentistas de forma “individualizada, no indiscriminada y bajo control judicial”, según publicó este martes El País citando fuentes próximas al servicio secreto español. Así es como se habría logrado detener a Puigdemont en Alemania en marzo de 2018. Si el CNI no espió a las 65 personas que han confirmado los investigadores canadienses, sino solo a unos cuantos, como fuentes de los servicios secretos daban a entender en esa información, hay muchas preguntas que el Gobierno debería responder y no será porque no se las hayan formulado: ¿Quién ordenó el espionaje? ¿Si el CNI no los asume todos, quién ha espiado al resto? ¿Lo sabía la ministra de Defensa? ¿Lo sabía el presidente del Gobierno?