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Opinión - Otra política y otra derecha, por Esther Palomera

Otoño social

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Ya tiene un año y medio este Gobierno de coalición entre PSOE y UP. Un año y ocho meses exactamente ha cumplido el Gobierno "imposible" que superó tantos obstáculos para su formación, como la falta de mayoría absoluta entre ambas fuerzas políticas, la novedad de la coalición en España y el insomnio del propio presidente Sánchez.

Y digo que el Gobierno tiene año y medio pasado porque así es. Año y medio y no tres años como muchos se empeñan en afirmar. Cierto es que Sánchez y parte del Gobierno ya llevan más de tres años, pero no "este" Gobierno, distinto en su esencia y en su programa al anterior del propio presidente.

Y no ha sido, no, un año y medio fácil. Con una epidemia desatada a escasos dos meses de su formación, el Gobierno ha tenido que dedicarse intensamente a hacerle frente en todos los terrenos, notablemente en el sanitario y en el social, y se han adoptado medidas bien relevantes para responder a los nefastos efectos económicos sobre las personas. Y claro, sin descuidar el resto de las áreas de intervención.

Cualquiera que sea la opinión que se tenga sobre la acción de gobierno –y las que se expresan son, en muchas ocasiones, antagónicas–, hay que reconocer las dificultades objetivas a las que el Ejecutivo se ha enfrentado. Dificultades extraordinarias que se añaden a las habituales para cualquier Gobierno y que tienen que ver, naturalmente, con los problemas generados para la ciudadanía, para las personas, por esta epidemia. Y ahora, cuando parece que en nuestro entorno geográfico lo peor de la epidemia ya ha pasado, queda mucha, toda la tarea por hacer: tarea nueva no prevista al formarse el Gobierno, pero también tarea ya pendiente en enero de 2020 y contemplada expresamente en el acuerdo de coalición.

Esto es lo que ahora toca: la agenda social, la intervención decidida en los problemas reales de la gente, que hay que abordar sin demora. 

No es de dudar –así lo espero, al menos– que el Gobierno está decidido a desplegar esta agenda social y que, pese a los debates internos, se impulsarán decisiones relevantes. De otro modo, este Gobierno habrá perdido toda su razón de ser. 

Ciertamente, hay que resolver lo pendiente, lo que está haciendo sufrir lo indecible a muchos millones de personas, lo que impide que trabajen o que, haciéndolo, perciban un salario digno, que vivan con seguridad y tranquilidad, que puedan tomar libremente decisiones trascendentales para sus vidas. Queda por resolver aquello que solo con medidas públicas decididas y profundas puede resolverse. 

¿Y qué es lo pendiente? Pues lo pendiente es, de un lado, con carácter general, el problema de la precariedad vital de mucha gente y, de otro lado, su plasmación en los distintos aspectos que hay que modificar o intervenir para resolverlo.

Una agenda social, un programa social de renovación profunda. Es lo que se precisa en estos momentos. Un programa de auténticas y reconocibles reformas en materias laborales y de seguridad social, como el que reiteradamente se nos ha dicho que se va a poner en marcha. Un programa que ha de abordar las grandes necesidades que no se pueden negar ni minusvalorar. Un programa que revierta la situación que viene desde la crisis de 2008, agravada ahora por los efectos de la epidemia, que contemple apoyos decididos para subvenir directa, urgente y ampliamente a estas necesidades y también, sin demora, para derogar normas laborales injustas y aprobar otras que avancen en la justicia social.

Ya tenemos varias materias en la agenda. Ya empieza el movimiento, que espero no pare… Y, en mi opinión, algunas cuestiones son prioritarias.

El incremento del SMI, que se ha intentado en el marco del imprescindible diálogo social, pero que, rechazado por la patronal, en todo caso el Gobierno debe decidir, como es su competencia legalmente prevista. Ya anunciada la subida, queda por conocer la cifra concreta, siempre con ese objetivo de que al final de la legislatura, o sea, a finales de 2023, se haya alcanzado un SMI del 60% del salario medio. Objetivo sin el que este Gobierno no podría ser nunca reconocido como "de progreso".

La derogación de la reforma laboral de 2012 –y añado, también la de 2010, que impulsó el Gobierno de Rodríguez Zapatero– será un elemento muy útil para avanzar en esta agenda social y, claro está, para dar cumplimiento al acuerdo de Gobierno. A lo que debiera añadirse una reforma muy en profundidad del Estatuto de los Trabajadores –o la aprobación de uno de nuevo cuño–, para su adaptación a los nuevos tiempos, partiendo de la experiencia de cuarenta y un años de vigencia con importantes reformas que no han contribuido, sino todo lo contrario, a responder adecuadamente a los problemas más importantes en el terreno de las relaciones laborales –pensemos, solo por poner algunos ejemplos, en la externalización de la actividad productiva, en la desregulación de muchas condiciones básicas de trabajo…–. 

La reforma del sistema de pensiones públicas, siendo innecesario ahora recordar el mandato constitucional de garantizar su suficiencia. Sin olvidar mirar al futuro y trabajar por un gran acuerdo intergeneracional.

Un replanteamiento del ingreso mínimo vital que permita realmente acceder al mismo a todas las personas que lo precisan, tras haberse constatado el gran número que quedan fuera de este elemento de protección social debido a las dificultades de cumplimiento de todos sus requisitos. Garantizar una vida digna requiere que esta prestación responda de manera efectiva a este objetivo, en tanto no pueda asegurarse el acceso a un trabajo suficientemente remunerado.

La ratificación urgente del Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, pendiente desde 2011, sin que tenga explicación alguna que este Gobierno no lo haya hecho ya. Ratificación exigible y adaptación de todas las condiciones de trabajo y de protección social de quienes prestan estos servicios a sus previsiones.

Y, por no agotar todos los temas, también ha de repensarse la política migratoria y la debida atención a todas las personas migrantes, que pasa por revertir la situación de auténtico "racismo institucional" en que nos hallamos.

Objetivos que hay que lograr, sí o sí, sin demora y sin complejos, si realmente se quiere que este Estado sea también, además de democrático y de Derecho, un Estado "social", como la Constitución proclama.

O el otoño es social, o entraremos ya en un invierno largo, frío y oscuro.

Publicado el
12 de septiembre de 2021 - 20:57 h

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