¿Quién teme la Renta Básica?

Tras la salida de Junts del Gobierno catalán y el acuerdo de presupuestos entre dos partidos que son en realidad los dos grandes competidores del tablero -ERC y el PSC-, la política catalana ha entrado en una fase salvaje, con ecos del Far West: sin ninguna mayoría a la vista, nada ni nadie parece a salvo y cada día puede ser el último.

El último caído, como consecuencia de balas perdidas disparadas por Junts y el PSC, ha sido el que tenía que ser uno de los programas emblemáticos de la legislatura en Cataluña, con ecos mucho más allá de la comunidad: el plan piloto para testear los efectos que podría tener la instauración de una Renta Básica Universal (RBU) de 800 euros al mes, uno de los experimentos más ambiciosos y rigurosos de los muchos que se han hecho ya en los países occidentales sobre esta herramienta, que tenía previsto movilizar a 5.000 personas y que contaba con un presupuesto de 80 millones de euros en dos años.

La pinza sociovergente liquidó el experimento de un plumazo. Y con voluntad de escarnio: como si se tratara de un derroche inasumible en tiempos de crisis o de una veleidad académica sin la más mínima posibilidad de aplicación práctica. Es decir: una pérdida de tiempo y dinero.

La idea de Renta Básica Universal (RBU) implica otorgar una paga mensual a todos los ciudadanos y ciudadanas por el mero hecho de serlo. Equivaldría a un colchón para que todo el mundo pueda tener un mínimo cubierto y con ello aspirar a disfrutar de algo de libertad para decidir cómo quiere vivir. Es un concepto polémico, que tiene adeptos tanto en la izquierda alternativa como también en algunas corrientes de la derecha llamada “libertaria” por su aversión al Estado, sobre todo en EEUU.

Sin embargo, las propuestas de unos y otros difieren de forma radical sobre todo con respecto a su financiación. Las propuestas de RBU de izquierdas dependen de una reforma fiscal previa que aumente la recaudación, pero que sobre todo establezca un modelo mucho más progresivo, en el que los ricos paguen más que ahora y la RBU refuerce el modelo de Estado del bienestar. En cambio, las variantes de derechas aspiran a que esta asignación sustituya todos los servicios y programas públicos, lo que supondría una considerable reducción del tamaño del Estado y de los impuestos. Se llaman igual, pero son el día y la noche.

El ambicioso plan piloto de RBU que estaba por arrancar en Cataluña, respaldado por ERC y la CUP en su pacto de investidura, se inscribía en el marco de propuestas de izquierdas y partía del enorme caudal académico y teórico acumulado en las dos últimas décadas por la Red Renta Básica, la plataforma de referencia en España. Y pese a ello, para justificar su liquidación se han esgrimido todos los prejuicios y tópicos de quien no se ha tomado ni siquiera la molestia de echar un vistazo al ingente material académico que hacen de la RBU quizá todavía una utopía -difícil aunque posible-, pero de ninguna manera una quimera, irrealizable por definición: en el fondo depende, como tantas otras cosas, de la correlación de fuerzas.

La profunda reforma fiscal y administrativa que implica una RBU no exige necesariamente un brutal aumento presupuestario e incluso existen desde hace años propuestas muy detalladas y solventes, construidas a partir de investigaciones académicas con datos empíricos reales, que apuntan a la posibilidad de una renta básica de 621 euros mensuales sin necesidad de aumentar los ingresos del Estado. Los ricos también la percibirían -por algo es una prestación de ciudadanía, ergo universal-, pero de ninguna manera saldrían beneficiados de su implantación, puesto que pagarían muchos más impuestos que ahora con la reforma fiscal asociada. 

El pánico ante este tipo de propuestas es perfectamente comprensible en la derecha. ¿Pero por qué también esta inquina en muchos sectores de la izquierda? ¿Por qué el PSC ha hecho pinza con Junts con tanta saña? Ojo: la animadversión a esta propuesta se extiende mucho más allá de los socialistas y es compartida también por influyentes sectores del mundo sindical y hasta de la izquierda alternativa.

El propio coordinador del plan piloto catalán ahora finiquitado, el sociólogo Sergi Raventós, apuntaba la causa de fondo en una entrevista reciente en la revista Alternativas económicas, antes de que el programa fuera desarbolado:  “La izquierda debería revisar el discurso de que todo trabajo dignifica”.

Y es que, efectivamente, la tradición de la izquierda ha tenido históricamente como eje el trabajo y el empleo. A partir de ahí se construía todo lo demás, incluidos los derechos. Tras el gran pacto social posterior a la II Guerra Mundial, establecido con Europa reducida a escombros y bajo el terror que infundía la amenaza del comunismo soviético, el empleo se convirtió en el salvoconducto que permitía a las clases populares el acceso a objetos de consumo, pero también a la vivienda, la dignidad, los servicios públicos del Estado del bienestar y hasta las pensiones, que se han financiado desde entonces a partir de la creación de los puestos de trabajo.

No obstante, ese mundo, que dio origen a un nuevo contrato social financiado por los empleos, lleva décadas agrietándose y encaminándose hacia el mundo de ayer. Los trabajos han dejado de ser un salvoconducto hacia la seguridad económica y el bienestar -los “trabajadores pobres” en España son ya el 16% del total-, y ya no suelen dar ni siquiera los suficiente para acceder a una vivienda digna o pagar sin apuros las facturas de luz, agua, alimentación y transporte. En paralelo, el marco hegemónico neoliberal y el olvido creciente de los motivos que llevaron al gran consenso social han ido añadiendo presión al modelo de Estado del bienestar financiado por el trabajo, como se está viendo estos días en la reacción furibunda al aumento de cotizaciones sociales para reformar nuestro sistema público de pensiones.

Por si fuera poco, las sucesivas revoluciones tecnológicas amenazan muchos de los empleos existentes con la vaporosa promesa de nuevos puestos de trabajo en el futuro que aún no somos capaces de vislumbrar. O sea: en el mejor de los casos, ya veremos.

Cada vez es más claro que urge recoser el modelo y hasta reformular el contrato social firmado en condiciones muy diferentes tras la II Guerra Mundial. Sería fantástico que el eje alrededor del trabajo y los empleos siguiera estructurando las sociedades y ayudando a construir vidas plenas y seguras. Pero no basta con desearlo: empieza a no estar claro si es más utópico este ideal, que guio la segunda mitad del siglo XX y aún organiza nuestras sociedades, o el de la Renta Básica.

El mundo ya es otro, pero seguimos como en 1945: es lógico que las dudas superen ya las certezas si somos capaces de despojarnos por un segundo de nuestros propios prejuicios. Por esto es una pésima noticia que en medio del caos del Far West se haya disparado precisamente contra el plan más serio y ambicioso diseñado hasta ahora para intentar conocer, con datos reales y no mera ideología, los efectos que podría tener la implantación de una renta básica.