La digitalización como cuestión distributiva: estructura ocupacional y relaciones laborales

A lo largo de la historia económica moderna, determinadas oleadas de inversión han reconfigurado de manera radical los paradigmas tecnoeconómicos que definen la lógica de la producción y comercialización de bienes y servicios. Hoy, la inversión en digitalización rivaliza tanto con los grandes proyectos del pasado, desde el tendido de la red ferroviaria hasta la exploración espacial, como con la transición energética; que constituye el otro gran vector de transformación económica contemporánea.

Dada la magnitud de recursos dedicados al desarrollo de software (como los modelos estadísticos detrás de la inteligencia artificial), y de hardware (p. ej. microchips, tarjetas gráficas o centros de datos), es de esperar que se redefina los procesos de trabajo en la mayoría de las ocupaciones. En este sentido, la literatura especializada en los efectos sobre el mercado laboral del cambio tecnológico sostiene dos grandes tesis: (a) el aumento de la productividad (unidades de producto por unidad de trabajo) es inferior al aumento del producto y, por lo tanto, no se destruye empleo en términos generales; (b) las ocupaciones cuyas tareas son más fácilmente automatizables (o “rutinarias”) se verán desplazadas en la estructura ocupacional del empleo y, por lo tanto, se perderán y/o dejarán de crear estos puestos de trabajo. El efecto combinado de ambas tesis implica que las transiciones laborales en las ocupaciones con mayor grado de automatización se verán afectadas por dos vías: por un lado, habrá personas que cambiarán de ocupación (mayor flujo de salida hacia el resto) y, por otro lado, se reducirán las nuevas incorporaciones (menor flujo de entrada). Por ello, las implicaciones para las trayectorias laborales individuales son de una gravedad que no debe ser subestimada.

La evidencia sobre estos fenómenos en las últimas décadas es bastante clara, particularmente si se toman los datos de EE. UU., dado que ofrecen una mayor calidad y homogeneidad. Allí, estudios previos han hallado un patrón de polarización o, al menos, de creación de empleo sesgado. En el primer cuarto del siglo XXI, se observa una caída intensa en categorías “cognitivas rutinarias” como trabajadores de apoyo administrativo y de oficina (-4 millones) y ventas (-1,5 millones). Los primeros se encargan principalmente de registrar y controlar información y documento o atender y comunicarse con el público, mientras que los segundos incluyen ventas minoristas, mayoristas y sector inmobiliario; tareas que pudieron automatizarse mediante la informática. En el otro extremo se sitúan los puestos de dirección y profesionales, científicos y técnicos; juntos suponen aproximadamente 25 de los 26 millones de puestos que se han creado desde el año 2000. Este colectivo engloba, lógicamente, actividades muy diferentes que abarcan desde finanzas, hasta informática, arquitectura, ingeniería, distintas ramas científicas (ciencias de la vida, físicas, naturales y sociales), el ámbito jurídico, junto con las artes y la comunicación.

La pregunta que surge ante la nueva ola de digitalización es si algunas de estas ocupaciones “cognitivas no rutinarias”, que han liderado la creación de empleo en las últimas décadas, mostrarán el mismo declive que hemos observado en las ocupaciones “cognitivas rutinarias” y, con ello, generarán nuevos procesos de polarización ocupacional.

Ante esta cuestión, no conviene olvidar que los mercados de trabajo no son simples mecanismos de asignación eficiente de habilidades, sino estructuras segmentadas en las que el acceso a empleos estables, bien remunerados y con posibilidades de ascenso (segmento primario) está condicionado por un conjunto de factores institucionales de relaciones laborales que la digitalización no disuelve, sino que frecuentemente refuerza. Esto se debe a que la incorporación de una nueva tecnología al entorno laboral es un proceso de construcción social en el que distintos grupos luchan por definir los límites e implicaciones de su uso.

La experiencia del trabajo en plataformas digitales muestra precisamente que mediante la externalización se puede profundizar la brecha entre el segmento primario (trabajadores con autonomía y capacidad de adaptación, que pueden decidir su relación con la tecnología) y un segmento secundario (trabajadores sometidos a vigilancia algorítmica, estandarización de tareas y pérdida de control sobre su ritmo y condiciones). La tecnología, en este sentido, actúa como un mecanismo que naturaliza la segmentación: convierte una división social del trabajo en una necesidad técnica.

En consecuencia, la regulación de los efectos laborales de la digitalización, tanto a nivel general por ley o como a nivel especifico mediante la negociación colectiva, puede entenderse como un mecanismo que impide que el marco tecnológico empresarial se imponga sin contrapeso, permitiendo que otros grupos tengan capacidad de redefinir el problema y de exigir que la tecnología se adapte a sus necesidades y derechos. Es en este contexto donde cobran especial relevancia la participación de los trabajadores en la organización del trabajo para canalizar los efectos del cambio tecnológico.

Los convenios colectivos deberían incorporar la obligación de la compañía de comunicar de forma previa a los trabajadores y sus representantes los proyectos de introducción de nuevas tecnologías que suponga una modificación sustancial de las condiciones laborales o que exija un periodo de formación y adaptación técnica. Deben analizarse específicamente los efectos en los salarios, en el empleo, con cláusulas de salvaguarda, la salud laboral, especialmente en términos de desconexión, la formación, con cursos de adaptación específicos, y en la organización del tiempo de trabajo.

En síntesis, la envergadura de la inversión en digitalización obliga a tomar en serio sus implicaciones económicas y sociales. Ello exige examinar quién controla la adopción de las tecnologías, quién se apropia de sus beneficios, sobre qué estructuras laborales preexistentes se despliegan y qué mecanismos de regulación, representación colectiva y redistribución serían necesarios para que su impacto resulte socialmente legítimo. La historia de las grandes transformaciones técnicas enseña que la forma concreta que adopte esta reorganización del trabajo, junto con sus efectos distributivos, está determinada por las decisiones institucionales y los equilibrios de poder que enmarcan su adopción. La digitalización no es una excepción.