La gestión política de la crisis sistémica desencadenada por la Covid-19 ha dejado al descubierto, de forma especialmente cristalina, los distintos sistemas de opresión, y nos obliga a poner la atención en dos que hasta ahora no se nombraban mucho: el edadismo y el adultismo. En cuanto al edadismo, las cifras de muertes de personas ancianas han dejado al descubierto y agravado la carencia de un sistema público de atención a la vejez en condiciones dignas. En cuanto al adultismo, la falta de consideración hacia los niños y las niñas como ciudadanas con derechos y con necesidades (físicas, emocionales, sociales…) se ha observado constantemente en las decisiones políticas tomadas desde marzo para frenar los contagios.
La A del BBVA
La antropóloga María José Capellín utilizó las siglas BBVA para definir al sujeto dominante en la sociedad heteropatriarcal y capitalista: el burgués, blanco, varón y adulto. He de confesar que, hasta que no he sido madre, esta última sigla era la más difusa para mí.
Ahora, de pronto, cuando maduro mi posición sobre la gestación subrogada, pongo en el centro del debate los derechos y las necesidades de los bebés.
Ahora entiendo mejor la crítica recurrente de la activista feminista Alicia Murillo a la tendencia feminista de caracterizar la llamada violencia vicaria (el maltrato o incluso asesinato por parte de un maltratador hacia los hijos e hijas de la víctima) como violencia machista sin señalar que, en primer lugar, es violencia adultocéntrica.
Ahora me doy cuenta de la urgencia de poner el foco en la infancia cuando denunciamos leyes y políticas que vulneran los derechos humanos. Un ejemplo es la ley de extranjería, que obliga a las criaturas de personas migrantes a esperar durante años a ser reagrupadas, que las aboca al limbo administrativo cuando nacen en el Reino de España o a la desprotección y la violencia institucional cuando a su madre o a su padre los meten en un CIE o los deportan. Parece que la situación de los niños y niñas migrantes nos horroriza cuando se trata de las políticas xenófobas de Donald Trump, mientras aquí las activistas antirracistas claman en el desierto ante noticias como que la Fiscalía de Las Palmas separa a niñas y niños migrantes de sus madres hasta dos meses a la espera de pruebas de ADN.
Otro ejemplo es la política de dispersión de los presos y presas vascos encarcelados en el contexto de la ley antiterrorista. Se ha denominado “niños y niñas mochila” al centenar de criaturas que se ven privadas de crecer junto con su madre y/o su padre a partir de los tres años de edad y a recorrer cientos de kilómetros para visitarles. Una de estas niñas se llama Irati, nacida en la cárcel de Aranjuez en marzo de 2018. Hay una campaña en marcha, Irati gurasoekin, que reclama el traslado de toda la familia a la cárcel de Zaballa (Álava), para lo que demandan la creación de un módulo mixto en esta prisión en la que convivan las familias presas y la creación de pisos en régimen abierto.
Katixa Agirre, autora de la exitosa novela Las madres no, ha apoyado esta campaña con la redacción de un manifiesto del que tomo unos párrafos (el original es en euskera, donde no hay marcas de género, así que utilizo “niñas” como uso del femenino como genérico):
Hay muchas maneras de hacer daño a una niña, la más común nace de un pensamiento muy arraigado: la concepción de que las niñas son personas de segunda categoría, no son seres humanos completos, no cuentan, no las queremos oír, son cansinas, meras extensiones de las vidas de sus progenitores. En cualquier caso, no se quejan, no tienen poder y por mucho que levanten la voz, no se escuchan sus lamentos. Es fácil cerrar los ojos ante la discriminación infantil.
Del feminismo aprendimos que las mujeres también son personas. El mismo eslogan revolucionario sirve aquí: Las niñas son personas.
Por muy pequeñas que sean, por muy poco que se quejen, por no poder levantar la voz, no tienen menos derechos. Una sociedad avanzada debería hacerse cargo del cuidado de las más pequeñas, de todas.
El SAP son los padres
La llamada cuarta ola feminista inundó las calles y las redes con un grito contra ese sistema judicial que convierte a las mujeres que denuncian violencia machista en sospechosas de denuncias falsas. “Yo te creo, hermana”, fue el grito atronador con el que se acompañó a la denunciante de una violación en grupo en Sanfermines en 2017. El caso es que esa justicia que no cree a las mujeres, tampoco cree a las niñas ni a los niños, y ese es uno de los factores (junto con el tabú y el silencio, como señala la campaña #YoNoMeCalloMás) que explica la impunidad y las sentencias aberrantes en casos de violencia sexual en la infancia.
“Txikitxu, nik sinesten dizut” (“Yo sí te creo, txikitxu”) fue el lema de unas movilizaciones en apoyo a una hija que sufría abusos sexuales por parte de su padre y que ha devenido en una red de resistencia contra el falso Síndrome de Alienación Parental. Esta red publicó la semana pasada un comunicado denunciando la violencia institucional que se comete cuando se aplica (de forma explícita o velada) este invento machista que sostiene que las niñas y niños que no quieren estar con sus padres son víctimas de la manipulación de sus perversas madres.
Irune Costumero y su hija son dos de las víctimas de la utilización del SAP. Costumero denunció a su marido por violencia de género pero la justicia la desestimó e impuso custodia compartida. Su hija pronto empezó a contar que su padre la pegaba y manifestar problemas de ansiedad. Osakidetza, el sistema público de salud vasco, activó tres veces el protocolo de malos tratos porque volvía de estar con su padre con moratones dentro de los muslos. La jueza hizo al padre preguntas como: “¿Tiene mala relación con su exmujer? ¿La niña es fantasiosa?” Entonces, Costumero no sabía que lo que era el SAP ni cómo se utilizaba como estrategia de defensa. La justicia derivó a servicios sociales de Bizkaia la valoración del caso, y la Diputación emitió una orden foral retirándole la tutela y cediéndosela al padre. Esgrimieron como motivo el “Síndrome de acción marental”. La niña, que ya tiene ocho años, estuvo meses sin ver a su madre, luego su contacto era bajo vigilancia, y este año ha empezado a tener dos visitas a la semana. Este verano contó a unas amigas del pueblo que su padre la tiene secuestrada y que teme que asesine a su madre si esta gana el juicio. Está cansada de contar la misma historia a desconocidos: “Total, nadie me cree…”
La Relatora especial contra la violencia hacia las mujeres de Naciones Unidas, ha pedido explicaciones al Estado español por no poner las medidas para que se deje de aplicar el SAP y ha expresado su profunda preocupación por la integridad física y mental de la niña y de la madre. En un contundente informe, ha recordado el caso de Ángela González Carreño: la justicia desestimo sus 50 denuncias reclamando que suspendieran el régimen de visitas del padre, y este asesinó a la niña en una visita en 2003. En 2018 la Audiencia Nacional declaró al Estado responsable.
Ayer publicamos en Pikara Magazine el testimonio íntegro en euskera de Irune Costumero (la semana que viene lo publicaremos en castellano), a la que entrevisté en persona el mes pasado, en el que cuenta el proceso judicial contra la Diputación Foral de Bizkaia por prevaricación y daño psíquico. Costumero señala que la raíz es una justicia patriarcal (aunque la jueza de turno sea mujer) que considera a las mujeres manipuladoras y a las criaturas mentirosas.
Un mito que se cuela también en otros temas, como en los discursos (ya sean desde sectores conservadores o desde el feminismo transexcluyente) que cuestionan a las infancias trans, sosteniendo que son víctimas de la ideología de género en vez de personas que están gritando a sus familias: “¡¿Es que no te das cuenta de que no me ven?!”
Sobre este blog
Pikara Magazine es una revista digital que practica un periodismo con enfoque feminista, crítico, transgresor y disfrutón. Abrimos este espacio en eldiario.es para invitar a sus lectoras y lectores a debatir sobre los temas que nos interesan, nos conciernen, nos inquietan.
3