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Bruselas da un ultimátum a España para que elimine “obstáculos injustificados” a procuradores y registradores
En concreto, Bruselas cree que las tarifas mínimas obligatorias y las restricciones multidisciplinarias para estas profesiones jurídicas van en contra de la directiva que regula la prestación de servicios en el mercado único.
La advertencia tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción, y da dos meses al Gobierno para responder a las exigencias de Bruselas.
De lo contrario, el Ejecutivo comunitario podría seguir adelante con el expediente y llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También ha advertido a Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Alemania, Hungría, Italia y Lituania.
La norma europea trata de corregir las restricciones que dificultan el establecimiento y prestación transfronteriza de servicios en el conjunto de la Unión Europea, tales como exigir que la sede de la empresa esté en determinada jurisdicción, establecer tarifas mínimas obligatorias o fijar requisitos de autorización desproporcionados o derechos exclusivos.
Según sostiene la Comisión, este tipo de obstáculos a los nuevos operadores del mercado no sólo no son necesarios para garantizar servicios de alta calidad, sino que privan a los consumidores de servicios a precios competitivos.
