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El Gobierno alega ante la Junta Electoral que la prohibición de las ruedas de prensa que pide el PP es contraria a la Constitución

El escrito de alegaciones presentado por Moncloa reclama el derecho del ejecutivo a seguir aprobando normas y comunicando su contenido durante el periodo electoral

El escrito, elaborado por el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, asegura que nadie puede impedir el derecho del Gobierno a comunicar información

"Las ruedas de prensa han seguido celebrándose durante todos los periodos electorales que ha habido en nuestra historia democrática", asegura Oliver

El Consejo de Ministros aprueba hoy la "ley Celaá" para derogar la Lomce

Isabel Celaá, portavoz del Gobierno durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros EFE

El Gobierno ha presentado ya sus alegaciones ante la Junta Electoral Central (JEC), después de la denuncia presentada por el PP pidiendo la prohibición de las ruedas de prensa que se celebran tras el Consejo de Ministros. En un escrito elaborado por el Secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, el Gobierno revindica su derecho a seguir aprobando normas y comunicar el contenido de las mismas. 

El texto que el Ejecutivo ha enviado a la JEC se acompaña de documentación y vídeos para acreditar que "las ruedas de prensa han seguido celebrándose durante todos los periodos electorales que ha habido en nuestra historia democrática".

"En 40 años de democracia nunca se ha puesto en cuestión el carácter político-informativo de esas ruedas de prensa ni se han lanzado sospechas de contaminar el proceso electoral", asegura Oliver en su escrito. 

Moncloa recuerda que durante todos los gobiernos de la democracia también se aprobaron decretos durante periodo electoral, como los que ahora ha anunciado Pedro Sánchez. "Si aplicamos el criterio del PP en 2019 algunos de esos acuerdos se podrían calificar de 'electoralistas' porque tenían contenido político. De ese nuevo criterio no se escapa ninguno de los gobiernos que ha tenido España", asegura el escrito. 

Según el ejecutivo, "la petición de suspensión de la divulgación del hecho de que el Consejo de Ministros haya adoptado un decreto pretendidamente electoralista resulta desproporcionada y contraria al ordenamiento jurídico" que "produce una quiebra del derecho a comunicar y recibir información veraz". 

 

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