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El Gobierno negocia con Unidos Podemos la financiación de los ayuntamientos partiendo de los planes de Montoro

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y su antecesor en el cargo, Cristóbal Montoro.

Fátima Caballero

La negociación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Unidos Podemos para buscar un amplio acuerdo económico en los presupuestos de 2019 ha arrancado lenta y sin grandes acuerdos. Las dos reuniones que hasta ahora han mantenido, sobre impuestos y sanidad y educación, evidencian que tienen mucho trabajo por delante y que ambas partes tendrán que ceder si quieren conseguir objetivos concretos. Sánchez está determinado a acabar la legislatura. El presidente ve factible progresos en el marco de las negociaciones que se han puesto en marcha. Aunque lo vital para la continuidad de la legislatura es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

El tercer encuentro, que tendrá lugar a comienzos de esta semana según ha podido saber eldiario.es, versará sobre la financiación de los ayuntamientos y municipios. Pero tampoco sobre este tema se esperan grandes acuerdos dadas las primeras propuestas que el Ejecutivo de Sánchez ha enviado a Unidos Podemos, que no suponen nada nuevo de lo que ya venía haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy.

Antes de sentarse a negociar, Unidos Podemos preparó un documento con sus propuestas económicas. Este plan fue contestado por el Ministerio de Hacienda y con esos premisas llegan a cada reunión. Para Unidos Podemos la financiación de los ayuntamientos es un tema crucial: gobierna en las principales ciudades españolas, cuyos mandatos quiere revalidar en las elecciones de 2019.

El grupo parlamentario liderado por Pablo Iglesias fijó en su propuesta tres puntos que considera clave para la financiación local: reforma de la regla de gasto, compensación por las plusvalías y tasa de reposición. Su propuesta quiere una reforma de la regla de gasto que beneficie a los ayuntamientos con superávit como Madrid; que el Gobierno central asuma las reclamaciones por el impuesto declarado inconstitucional, y que vuelva la contratación pública paralizada por el anterior Ejecutivo del PP y que ha visto mermada la plantilla de funcionarios ya que no se ha ido sustituyendo las sucesivas jubilaciones.

La respuesta de Hacienda, documento al que ha tenido acceso eldiario.es, desoye algunas de estas propuestas y ofrece las políticas que ya venía aplicando el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Regla de gasto

Estando en la oposición, el PSOE apoyó la Proposición de Ley de Unidos Podemos para reformar la regla de gasto, la norma que permite al Gobierno central intervenir las cuentas de los ayuntamientos que no se ajustan a sus directrices aunque tengan una economía saneada. Una mayoría de los diputados apoyó admitir a trámite la proposición de ley para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2012, entre ellos el PSOE, ERC, el PNV, el PDeCAT, Compromís y Bildu.

Hoy el punto de partida es muy diferente. El Ministerio de Hacienda liderado por María Jesús Montero reconoce en su escrito remitido a Unidos Podemos que “es necesario flexibilizar la regla de gasto” pero se limita a proponer “un grupo de trabajo” entre Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) “con el objetivo de estudiar y analizar la aplicación de la regla de gasto y dotarla de mayor transparencia”, sugiere el Ministerio en su escrito. Este grupo de trabajo no es nuevo. Se trata de una propuesta que ya planteó el exministro Cristóbal Montoro a la FEMP que actualmente preside el alcalde socialista, Abel Caballero.

El Gobierno de Sánchez propone además que las corporaciones locales “puedan destinar parte de su superávit a realizar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS)”, asegura en su escrito y para ello “se va a permitir que los ayuntamientos que tengan cuentas públicas saneadas, dediquen parte de su superávit a la financiación y mejora de las escuelas infantiles actualmente gestionadas por estas administraciones”, añade. Una iniciativa que tampoco es novedosa ya que la FEMP ya consiguió ese compromiso en marzo con Montoro como ministro. Muchos ayuntamientos ya están destinando su remanente de tesorería a ello.

“Esperábamos una propuesta inicial del Gobierno más ambiciosa. De hecho, en los meses previos a la moción de censura, hemos sido capaces de llegar a acuerdos con el PSOE para impulsar una modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para eliminar la regla de gasto para Ayuntamientos que han demostrado una sobresaliente solvencia financiera y de gestión presupuestaria. Es hora de que haya hechos y no planteamientos de nuevos grupos de trabajo”, asegura a eldiario.es fuentes conocedoras de las negociacione.

Pero en Unidos Podemos dicen ser “optimista” sobre este punto y espera que el Gobierno avance en este punto. “Considero absolutamente inconcebible que el PSOE, conocedor por su implantación y vocación municipalista, del asfixiante corsé que la derecha ha impuesto a las corporaciones locales, no actúe en consecuencia y dé pasos firmes para su eliminación”, añade.

Plusvalías

Tampoco sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía) hay acuerdo antes de la reunión. Unidos Podemos propone que el Gobierno compense a los ayuntamientos que han tenido que asumir la devolución de este impuesto a los ciudadanos después de que se declarase su inconstitucionalidad parcial. La confluencia entiende que tiene que ser el Estado quien se haga cargo de este coste por ser el responsable de la ley y de la tardanza en resolverla.

Por parte del Ministerio de Hacienda la propuesta vuelve a ser continuista con respecto a lo que ya hizo el anterior Gobierno del PP. En el escrito remitido a Unidos Podemos, el Ejecutivo de Sánchez apuesta por “seguir con la tramitación de la Proposición de Ley presentada en el Congreso, que contó con el respaldo de PP, PSOE, Esquerra Republicana, PDeCAT, UPN, Foro Asturias y Nueva Canarias”, pero que Unidos Podemos no apoyó.

Solo hay un asunto en el que parecen coincidir: la tasa de reposición. La ley de Estabilidad de Montoro no permitía que las corporaciones locales contrataran a funcionariado ni para cubrir jubilaciones, un hecho que ha supuesto que las plantillas municipales hayan menguado considerablemente. El Ejecutivo de Sánchez “flexibilizará las condiciones para que puedan recuperarse de las restricciones”, para los municipios “que en el ejercicio anterior hayan cumplido con el objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda y la regla de gasto” que tendrán una tasa de reposición “de hasta el 100% para todos los sectores”.

Pero a Unidos Podemos no le convence la propuesta del Gobierno socialista para la financiación de las entidades locales. “Hace falta racionalizar competencias y que los ayuntamientos prestemos de manera propia cosas que ya estamos haciendo ante la falta de actuación de Comunidades Autónomas y Administración Central. Pero eso no puede ser sin financiación porque el superávit de las corporaciones locales es imprescindible destinarlo a revertir las políticas de recorte de la derecha. Nuevas competencias sí pero con financiación. Hay que aproximarse a lo que en la UE gestionan los ayuntamientos y la financiación que reciben”, defienden desde Unidos Podemos.

El Gobierno da por hecho que las cuentas públicas se retrasarán -el plazo que maneja Moncloa es llevarlas al Congreso en noviembre- y Sánchez tiene claro que no las presentará hasta que tenga “un apoyo parlamentario suficientemente poderoso”. El socio preferente de los socialistas es Unidos Podemos. Esta semana se volverán a sentar para continuar con una negociación que ha comenzado lenta.

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