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PP y Ciudadanos tratan de disimular su descontento con la sentencia del procés

Nada más conocer el fallo tanto Casado como Rivera celebraron las condenas a los líderes independentistas y aseguraron que se había hecho justicia

Ambos partidos, en cambio, discrepan con que el Supremo no haya condenado a los responsables de procés por rebelión, como llevaban exigiendo desde hace meses

Álvarez de Toledo rompe con el discurso oficial del PP al reconocer que la sentencia le ha producido "decepción" y FAES critica la "exoneración" del delito de rebelión

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Plana mayor del PP con Casado, Álvarez de Toledo y García Egea, entre otros.

Plana mayor del PP con Casado, Álvarez de Toledo y García Egea, entre otros. Flickr PP

El Partido Popular y Ciudadanos tratan de disimular el descontento que existe en sus respectivas direcciones por la sentencia del procés, hecha pública el lunes por el Tribunal Supremo, que condenó a los líderes independentistas a penas de entre 2 y 13 años de cárcel por sedición, malversación y prevaricación. El Alto Tribunal no les atribuyó finalmente el delito de rebelión como venían reclamando ambas formaciones en los últimos meses, tras el procesamiento de los máximos responsables del referéndum del 1 de octubre de 2017 y de la posterior declaración de independencia en el Parlament.

Cuando en noviembre de 2018 la Abogacía del Estado hizo público su escrito de petición de penas para el juicio del procés, en el que descartó imputar a los líderes independentistas procesados el delito de rebelión, PP y Ciudadanos pusieron el grito en el cielo. "Es indecente que el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía y a no acusar por rebelión a los golpistas", dijo entonces Pablo Casado. "Sánchez está utilizando el poder ejecutivo para beneficiar a los que dieron un golpe contra nuestra democracia y lo hará para indultarles si les condenan los tribunales", añadió Albert Rivera.

Desde este lunes, en cambio, nada más conocer la sentencia del Tribunal Supremo que, como pedía la Abogacía del Estado, condenaba a los líderes del procés por sedición y malversación pero no por rebelión, tanto Casado como Rivera consideraron que se había hecho justicia y no se atrevieron a cuestionar el fallo, al menos de forma pública, si bien sí exigieron al Gobierno romper con el independentismo, garantizar que no indultará a los condenados y que haga cumplir las condenas en su totalidad.

Su posición institucional de defensa de los tribunales, marcada por la campaña electoral del 10N y por la pugna que mantienen PP y Ciudadanos por el voto del centro derecha -con la precampaña, Casado inició un nuevo intento de girar al centro- chocaba con la de Vox, socio de PP y Ciudadanos en gobiernos autonómicos y ayuntamientos, que sí criticó abiertamente la sentencia.

Aunque pedía reformular el delito de rebelión en el Código Penal e introducir otros cambios legales que eviten nuevos movimientos como los de los independentistas, el lider del PP sostuvo el mismo lunes que la sentencia demostraba que "quien la hace la paga" y ponía en valor "el trabajo de la sala y sobre todo de su presidente Manuel Marchena".

"Al lado del Gobierno"

Rivera, por su parte, aseguraba que es una sentencia con la que se ha hecho "justicia" y no "venganza". Los dos manifestaban, además, su intención de estar "al lado del Gobierno en funciones" ante cualquier actuación policial en Catalunya.

Ambos dirigentes trataban de disimular con sus palabras el descontento que existe en las dos formaciones por lo que consideran una sentencia tibia que ha evitado castigar a los dirigentes independentistas por los delitos de rebelión que tanto PP como Ciudadanos les atribuían y que coincidían con las acusaciones de la Fiscalía y de Vox, partido personado en el caso.

Con la independencia de la doctrina de partido que le caracteriza habitualmente, la portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, rompía el discurso oficial y manifestaba públicamente esas discrepancias con el Alto Tribunal que existen en la dirección del PP. En una entrevista en la Cadena Cope, afirmaba: "A mí me cuesta disimular mi decepción con algunos aspectos de la sentencia. Comparto la posición de la Fiscalía: lo vivido no me pareció un simulacro ni una ensoñación. La declaración de la independencia tampoco".

También desde FAES, la fundación que pilota el expresidente del Gobierno José María Aznar, padrino político de Casado y cuyos principales seguidores –el llamado aznarismo, entre el que se ubica a la propia Álvarez de Toledo– copan ahora puestos de máxima responsabilidad en el PP, si bien se ponía en valor el "esfuerzo de fundamentación" del Supremo, se lamentaba en un comunicado "la exoneración de los políticos independentistas catalanes del delito de rebelión" que a juicio de la organización "pone de manifiesto la mentira y la cobardía de estos".

Álvarez de Toledo y Edmundo Bal

En contraste con la contundencia de su portavoz parlamentaria y de su centro de pensamiento de referencia, Casado mantenía este martes la cautela, aunque reconocía que "si hubiera delito de rebelión impropia", que él ha pedido recuperar en el Código Penal, "probablemente los españoles se hubieran sentido más identificados" con la sentencia sobre el procés dictada por el Supremo.

La estrategia de la precaución a la hora de criticar a los magistrados del Supremo ha sido la tónica también en Ciudadanos. En este caso la voz más discordante con la posición oficial defendida por Rivera, que ha evitado criticar la sentencia, ha sido la del exabogado del Estado y hoy diputado Edmundo Bal. Él fue apartado de su puesto por el Gobierno socialista precisamente por discrepar del Ejecutivo al querer acusar a los líderes del procés por rebelión y no solo por sedición como finalmente hizo su sucesora en el caso, Rosa Seoane, a quien la sentencia da la razón.

"Hubo violencia, por tanto, hubo concierto de voluntades y el Tribunal Supremo observa un delito de sedición que puede incluir los fines de la rebelión", aseguraba Bal todavía este martes en un artículo publicado por el diario La Razón. Sus tesis son compartidas por sus compañeros de filas de Ciudadanos, si bien en público los principales dirigentes del proceso han tratado también de disimular el descontento con la sentencia.

Este martes, Rivera se limitaba a denunciar las pintadas de lazos amarillos registradas en el comercio de sus padres, en Granollers (Barcelona). "Nadie merece ser señalado ni acosado por querer seguir siendo español en Catalunya, mi madre tampoco. Así ha amanecido, de nuevo, nuestro comercio familiar. Me siento muy orgulloso de unos padres trabajadores que respetan incluso a los que no respetan nada", denunciaba a través de un tuit, acompañado por una imagen del local.

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