El Supremo argentino concede prisión domiciliaria a represor de la dictadura

La Corte Suprema de Justicia de Argentina decidió hoy revocar el fallo de un tribunal inferior que había dejado sin efecto el arresto domiciliario de Felipe Jorge Alespeiti, encarcelado por sentencia no firme por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

En una resolución publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ), el Supremo argentino consideró, por mayoría, que el dictamen de la Cámara de Casación Penal “carecía de fundamentación”.

La Sala IV de esa cámara había revocado el arresto domiciliario del exmilitar Alespeiti, de 85 años, al considerar el “riesgo de fuga” y el compromiso de la responsabilidad internacional del Estado argentino de garantizar efectivamente el cumplimiento de la pena.

Además, tenía en cuenta que en este tipo de causas de lesa humanidad “no debía estarse a la edad o aptitud de salud del imputado”, sino considerarse también la “capacidad de la persona e influir en las estructuras de poder del que formó parte y con el que conformó una red continental de represión”.

Contra esa decisión, la defensa del exmilitar presentó un recurso extraordinario.

En su razonamiento, el juez Juan Carlos Maqueda explicó que esa cámara federal no había ponderado si estar en prisión podía “agravar su estado y si éste resultaba efectivamente apto para resguardarlo”, en referencia a la salud de Alespeiti, con diversas patologías susceptibles de complicación y con trastorno senil, pérdida del 70 % de visión en un ojo, hipoacusia y movilidad limitada.

En el mismo sentido, el magistrado Horacio Rosatti recordó que la humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado de derecho, “para diferenciarse de la barbarie”, la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes.

Alespeiti fue condenado a 22 años de prisión por delitos de privación de libertad agravada por ser funcionario público y por haber sido cometida bajo violencia y amenazas en forma reiterada en dieciséis actos que fueron considerados delitos de lesa humanidad.

Además, fue uno de los condenados en el histórico y extenso juicio por el Plan Cóndor, al considerarlo partícipe de asociación ilícita entre las dictaduras del Cono Sur para reprimir a numerosas personas durante los años 70 y 80.

El beneficio de la prisión domiciliaria a los represores durante ese periodo cuenta en Argentina con la oposición de asociaciones de derechos humanos como las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo.