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Dos acusaciones piden que Rajoy declare como testigo en el juicio de Gürtel

ADADE recuerda que Rajoy fue secretario general y cita a Anticorrupción cuando afirma que Bárcenas robó al PP dinero negro de su caja B

También alega que el PP aparece como beneficiario del dinero de la corrupción y logra que se sume a su petición la acusación de los socialistas madrileños

Correa evita plantear cuestiones previas en un paso más de su estrategia para obtener una rebaja de la petición de condena

El cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, a las puertas de la Audiencia Nacional para ser juzgado en el primer macrojuicio de la trama

El cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, a las puertas de la Audiencia Nacional para ser juzgado en el primer macrojuicio de la trama

Dos de las acusaciones populares en el juicio del caso Gürtel han solicitado que el tribunal llame a declarar como testigo a Mariano Rajoy, secretario general del PP en 2003 y 2004. El letrado Mariano Benítez de Lugo, en representación de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), ha aludido al escrito de la Fiscalía Anticorrupción, cuando ésta acusa a Luis Bárcenas de haber robado al PP casi 300.000 euros de dinero negro a la formación de la que Rajoy fue su número dos en uno de los periodos que se juzga. 

"Lo de que sea presidente del Gobierno en funciones es irrelevante para lo que pedimos", ha dicho Benítez de Lugo. "Es una situación kafkiana: el dinero que recibía Bárcenas para el PP los destinaba a usos propios. Por eso el PP debe declarar sobre si hubo situación de apoderación de recursos del PP", ha añadido el abogado. Benítez de Lugo ha apoyado su petición en que el PP aparee en la causa como responsable civil a título lucrativo de 245.000 euros procedentes de la corrupción.

Ya está previsto que declaren durante la vista otros secretarios generales -la pieza que se juzga abarca de 1999 a 2005-, Javier Arenas, Ángel Acebes y Francisco Álvarez Cascos; así como los antiguos vicesecretarios Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja. Se debe a una petición de la defensa de Luis Bárcenas -anterior a que retirara su acusación del caso de los discos duros y el PP pudiera acogerse a la doctrina Botín- que provocó una profunda fractura en el seno del tribunal. Los magistrados José Ricardo de Prada y Julio de Diego votaron a favor, con la férrea oposición del presidente del tribunal, Ángel Hurtado.

A la petición de Benítez de Lugo, el abogado al que Bárcenas amenazó mientras le llamaba "socialista" -luego se disculpó-, se ha sumado el representante de los socialistas madrileños, personados igualmente en la causa. Sin embargo, el letrado del Partido Socialista valenciano, otra de las acusaciones populares, no se ha pronunciado. 

La Fiscalía Anticorrupción asegura en su escrito de calificación: “Los fondos de los que se apoderó (Bárcenas) procedían de una contabilidad paralela o caja B  del Partido Popular gestionada por ambos acusados que se nutría, con carácter general, de donativos que incumplían la normativa de financiación de los partidos políticos y que eran efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas”.

La estrategia de Correa

De otro lado, el abogado Carlos Navarro, en representación de Francisco Correa, ha declinado plantear cuestiones previas en la primera jornada del juicio del caso Gürtel. Se trata de un nuevo gesto hacia la Fiscalía en la línea del realizado la pasada semana cuando ofreció 2,2 millones de los que tiene inmovilizados en Suiza para reparar el daño. En cualquier caso, será en el momento de su declaración, probablemente el lunes próximo, cuando se compruebe hasta donde quiere llegar Correa, más allá de la previsible muestra de arrepentimiento que realice, según fuentes jurídicas.

Navarro ha retomado la defensa de Correa después de que fuera su abogado en los primeros compases de la instrucción de otra pieza de la Gürtel en Valencia, lugar de procedencia del letrado. Esta estrategia de cierta colaboración con la justicia caracteriza este último periodo de la defensa de Correa, quien ha acudido al juicio con el abogado de oficio que le ha representado en los últimos meses y con Navarro. Durante la vista se ha informado al tribunal del cambio en la representación del principal acusado, para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita 125 años de cárcel.

La estrategia de Correa no se debe a un pacto con la Fiscalía Anticorrupción, según ha informado esta misma a las acusaciones populares. Dependiendo del peso de sus gestos, la Fiscalía podría rebajar la petición de condena en su escrito definitivo, que se conocerá la final de la vista, en la próxima primavera. 

Por parte de Pablo Crespo, su abogado, Miguel Durán, solicitó que el tribunal anule una de las principales pruebas del caso, las grabaciones realizadas por José Luis Peñas a Correa y otros. Se sumaron a su petición los letrados de Álvaro Pérez, 'El Bigotes', y del supuesto contable de la trama, José Luis Izquierdo. El tribunal interrumpió entonces para continuar en sesión de tarde. 

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