Albert Rivera deja a Rajoy sin el blindaje de Ciudadanos en el Congreso

La decisión de Albert Rivera de distanciarse de Mariano Rajoy ha llevado a Ciudadanos a ejecutar un giro estratégico en su labor de oposición para que se visualice en el Congreso el poder de sus 32 votos.

Aunque desde el partido niegan cambio alguno, la decisión tomada el martes de desbloquear en la mesa del Congreso la tramitación de ciertas proposiciones de ley que llevaban meses atascadas, certifica ese deseo del líder de Ciudadanos de demostrar al PP y al propio Rajoy que su grupo es decisivo. Bien para formar una mayoría alternativa con el resto de la oposición o bien para ayudarles a que ciertas propuestas de los demás grupos no prosperen.

Los de Rivera han jugado muy bien sus cartas en la mesa del Congreso dejando por fin que sigan su tramite unas cuantas iniciativas bien seleccionadas. Entre las iniciativas desbloqueadas figuran dos que afectan a una de las leyes más emblemáticas del Gobierno de Rajoy, la ley Mordaza, cuya derogación apoyan varios grupos de la oposición.

Sin embargo, los de Rivera solo la quieren “modificar” no derogar en su totalidad, por lo que han presentado 80 enmiendas a la iniciativa del PSOE, y otras 34 a la otra proposición del PNV que prevé solo cambios en algunos de sus artículos, como la celebración de manifestaciones espontáneas sin comunicación previa, y a aspectos que afectan a la libertad de información y de expresión, entre otras cosas.

Hace ahora justo un año, en marzo de 2017, cuando se debatieron las admisiones a trámite de ambas propuestas, sólo el PP votó en contra de las dos. Ciudadanos se abstuvo en la de los socialistas y votó a favor de la de los nacionalistas vascos. Pero las sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas las llevaron a su paralización. Ahora será la Comisión de Interior la que tendrá que estudiar y debatir las enmiendas para tratar de lograr un texto único para elevar al Pleno.

Otra de las iniciativas que ha sido desbloqueada es la que exige que se derogue la prisión permanente revisable, que Ciudadanos, en un cambio de postura, ahora no va a apoyar ya que tiene su propia propuesta, una enmienda a la totalidad mucho más dura que la propuesta del PP.

A Ciudadanos le interesa que se celebre ya ese debate dado que de lo contrario entraría primero en la Cámara el proyecto que ha preparado el Gobierno y que Rajoy anunció ante los padres de Marta del Castillo y Diana Quer, para aumentar los delitos que se verían afectados por la prisión permanente.

Curiosamente, tanto la proposición de ley para modificar varios artículos de la ley Mordaza como la que pide la derogación de la prisión permanente revisables son el PNV, grupo que aún no ha dado su visto bueno a los Presupuestos Generales de Estado de 2018 que el Gobierno ha anunciado que traerá a la Cámara antes de que acabe marzo.

El PNV ha vinculado su apoyo a que deje de tener efecto la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, algo que solo ocurrirá en cuanto se celebre el debate de investidura en el Parlament y haya nuevo Govern.

Ciudadanos quiere que haya Presupuestos

Ciudadanos, aunque apriete las tuercas a Rajoy en temas de calado político, quiere que haya Presupuestos. El propio Rivera ha manifestado en diversas ocasiones que su deseo es dar estabilidad a la legislatura aunque lamenta que la 'mochila' del PP esté repleta de corrupción. Por ello ahora condicionan ese apoyo al cese a la senadora Pilar Barreiro, imputada en la trama Púnica.

Este escollo solo podría ser solventado si el juicio de la Púnica avanza y ven que la situación de Barreiro se agrava. El PP entonces se vería obligado a exigirle que dimitiera.

Además de los PGE, Rivera también continuará del lado del Gobierno en la tramitación de otras importantes iniciativas que afectan al ámbito económico, social o laboral. La llamada “agenda social”.

Una de estas iniciativas es la subida del salario mínimo interprofesional de los 800 euros en 2018 hasta alcanzar los 950 euros en 2020. La medida, de Unidos Podemos, fue aprobada por el Pleno a finales de 2016. El PP votó en contra pero Ciudadanos se abstuvo propiciando su aprobación.

El Gobierno de Rajoy, después, obvió el acuerdo y negoció con el PSOE su apoyo al techo de gasto vinculándolo a una subida del 8% del salario mínimo interprofesional, lo que supuso elevarlo tan solo a 700 euros.

El desbloqueo que ha propiciado Ciudadanos en la mesa tampoco afectará a la proposición de ley sobre créditos inmobiliarios, a la ley de Biodiversidad o a la ley de Secretos Oficiales, cuyos plazos para presentar enmiendas seguirán siendo prorrogados.

Otra iniciativa que no ha conseguido ver la luz gracias a la 'pinza PP-Ciudadanos ha sido la reforma de la Ley General de la Seguridad Social dirigida a que se deje de considerar como una misma unidad familiar a los familiares que convivan en una misma residencia de mayores a efectos de percibir una pensión no contributiva.

La propuesta, del PSOE, fue vetada por el Gobierno que de nuevo alegó que su posible aprobación supondría un incremento del gasto público.

Este mismo martes, la mesa de la Cámara con los votos de PP y Ciudadanos, avalaba también el veto presentado por el Gobierno a la proposición de ley de Unidos Podemos para crear un Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal, lo que frena en seco su tramitación parlamentaria.

Los numerosos intentos de los grupos de evitar los “vetos”

El veto a las iniciativas que presentan los grupos en la Cámara se basa en un precepto constitucional que otorga al Gobierno derecho a bloquear aquellas que considera que alteran los presupuestos en curso, sea por suponer aumento de gasto o bien una disminución de ingresos.

En este año y medio de legislatura, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha logrado vetar cerca de medio centenar de propuestas de la oposición o de parlamentos autonómicos con la excusa de que alteraba el gasto presupuestario. Y para ello ha contado con el apoyo de Ciudadanos.

Todos los intentos de los grupos de la oposición para impedir estos bloqueos han sido inútiles. En septiembre de 2017, el PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, y el Grupo Mixto se aliaron en el Congreso para intentar evitar que sus iniciativas legislativas no se quedaran varadas en la mesa con la estrategia constante del PP y de Ciudadanos de pedir sistemáticamente la ampliación del plazo para la presentación de enmiendas.

Estos grupos llegaron a enviar un escrito conjunto a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para que tomara medidas. Meses antes, el PSOE también había registrado una iniciativa para reformar el Reglamento del Congreso con el fin de evitar esas eternas ampliaciones de plazo.

En vista de que todo continuó igual, a principios de febrero de este año, los socialistas presentaron incluso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para denunciar la “tergiversación” que hace el Gobierno de su capacidad de veto sobre iniciativas legislativas que presentan la oposición.

Las quejas también han partido de Unidos Podemos desde donde también han denunciado que el PP, con la connivencia de Ciudadanos, seguía bloqueando “sistemáticamente” la acción de la oposición.

Sobre todo en lo que tiene que ver con la llamada “agenda social” que seguirá bloqueada pese a ese “giro estratégico” que los de Rivera han querido trasladar.