La Audiencia Nacional abre una investigación contra la cúpula de Abengoa
La titular del Juzgado Central del Instrucción 3, Carmen Lamela, ha admitido a trámite la querella presentada por dos titulares de bonos contra el expresidente del Consejo de Administración de Abengoa, Felipe Benjumea, y contra el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega, en la que se les atribuyen un delito de administración desleal. A Sánchez Ortega también le acusan de uso de información privilegiada. Los bonistas que presentan la demanda aseguran que los dos directivos intentaron enriquecerse, adjudicándose indemnizaciones millonarias, en lugar de intentar salvar la compañía.
En el auto de admisión de la querella, que cuenta con el informe favorable de la Fiscalía, la magistrada requiere a Benjumea y Sánchez Ortega para que en el plazo de 24 horas presten fianza por importe de 11,5 y 4,5 millones de euros, respectivamente, con el fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse procedentes bajo apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se procederá a la adopción de medidas cautelares sobre sus bienes. Estas cifras son equivalentes a las indemnizaciones percibidas. La jueza Lamela especifica en el auto que todavía no cabe la imputación judicial, a la espera de los resultados que depare la investigación.
La jueza pide tanto a Abengoa como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que remita la información de que disponga sobre los pagos a Benjumea por importe de 11.448.000 euros en el año 2015 y por 4.480.000 euros a Sánchez Ortega. A la CNMV se le requiere, además, para que remita la información sobre operaciones de compraventa de acciones de Abengoa desde el 1 de agosto de 2015 efectuados por el fondo Blackrock.
En las diligencias acordadas también se pide al Juzgado de lo Mercantil 2 de Sevilla que aporte copia de la solicitud de pre-concurso de acreedores y documentos acompañados por Abengoa, así como a Deloitte que remita copia del último informe emitido sobre las cuentas y resultados de la compañía.
El auto considera que en este caso se dan los requisitos necesarios para determinar la competencia de la Audiencia Nacional, como son la grave repercusión en la economía nacional teniendo en cuenta las cantidades “que se imputan a los querellados como cobradas indebidamente”, así como el perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia.
Respecto a la petición de la Fiscalía de declarar compleja la causa, conforme al artículo 324 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, la jueza acuerda dar traslado a la parte querellante a fin de que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. La otra querella, presentada contra, entre otros, consejeros de Abengoa y consejeros de la auditora Deloitte, se tramitará en un procedimiento independiente y su admisión a trámite aún no se ha resuelto.
