La Audiencia de Valladolid acepta que un empresario extorsionado se persone como acusación particular en la Trama Eólica
Un empresario de renovables da una vuelta de tuerca a la instrucción de la Trama Eólica causa en la que a partir de ahora será acusación particular, dada su condición de perjudicado. Un auto de la Audiencia de Valladolid al que ha tenido acceso eldiario.es, da la razón al representante de Yedra 10 SL, Miguel Álvarez de Toledo, testigo en el caso, y que pretende recuperar el dinero que perdió debido a una venta forzada. Según su escrito, el que fue viceconsejero de Economía y principal imputado, Rafael Delgado, paralizaba los parques hasta que se asignaban los mismos a empresarios locales con los que tenía vínculos.
La personación de Álvarez de Toledo, de la mano del bufete de abogados Alcantud-Mayendía, fue rechazada dos veces por el juzgado que instruye la causa pero, finalmente, un recurso en apelación a la Audiencia Provincial de Valladolid, ha acabado en un auto de admisión. Para el tribunal, “se ofrecen elementos suficientes, aún con el carácter provisional propio de esta fase de instrucción, que permiten considerar a Yedra 10 SL como parte perjudicada por las maniobras y presuntos actos delictivos de los querellados”.
El relato es calcado al que hace la Fiscalía Anticorrupción en su querella. En 1998 Ider SL solicitó varios parques eólicos en León. Su tramitación avanzó, y en 2003 tenían la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable y asegurada la evacuación por lo que formaban parte de la planificación que llevaba la Dirección General de Ingeniería y Minas de la Junta de Castilla y León. El último paso, la autorización de los parques, debió llegar en 2004.
Sin embargo, siempre según los hechos observados por Anticorrupción y en los que se basa el perjudicado, Delgado no firmó la autorización del primer parque que debía aprobar aunque había sido avocado (mediante la figura de la avocación, Delgado era quien autorizaba, en lugar de los funcionarios) en una resolución de mayo de 2004. Además, Delgado pidió que no se solicitase su avocación para los otros tres pendientes, “con la pretensión de que fueran vendidos o traspasados a Biovent (filial de Iberdrola) y asignar una participación en los mismos a algún empresario local”.
Además, Ider SL solicitó en 1999 otro parque en León. En 2003 había superado la fase de competencia, pero no obtuvo la DIA hasta 2005. Siempre según la versión de Álvarez de Toledo, Rafael Delgado “asignó” este parque para que fuese “vendido o cedido” a Energía Global Castellana - participada al 60% por Biovent Holding, filial de la eléctrica, y en un 40% por el Grupo San Cayetano, mercantil del exalto cargo de la Junta de Castilla y León, Alberto Esgueva. Finalmente, el parque se traspasó a esta en septiembre de 2005. Menos de un mes después se dicta el acuerdo de avocación.
Esta venta es la que permitió que Ider obtuviera las autorizaciones de los otros cuatro parques que intentaba conseguir desde 1998. Ider SL contaba como socio con Ingeniería Yedra 10 SL, titular de participaciones que suponían en 6,1% de su capital social, y está representada por Álvarez de Toledo.
Las prácticas y actuaciones seguidas por los investigados de la Trama, llevarían a que IDER accediese a la venta de participaciones vinculadas con Delgado para obtener las autorizaciones del resto de parques, y a que esa venta fuese a precio inferior al de mercado, beneficiando a los adquirientes. Así, en noviembre de 2005, Yedra 10 SL tuvo que vender a Sinae Inversiones Eólicas SA todas sus participaciones en Ider por un precio de 860.144 euros pactándose que la compradora añadiese 1,4 millones “como ajuste al alza” del precio de compraventa. Las sumas se pagarían tan pronto como Ider obtuviese las autorizaciones para sus parques.
Álvarez de Toledo cifra el quebranto económico de Yedra 10 en 15.690.000 euros y aporta para ello un memorándum y un estudio técnico y que indican que esta sociedad tuvo que vender a un 10 o 15% del valor que hubiese obtenido “en un mercado transparente y libre” y sin la interferencia de los investigados. La práctica sufrida por este empresario es muy similar a la de otro que declaró hace semanas que fue obligado a ceder sus parques “por cero euros” o a lo que le ocurrió a una empresa que llegó a avisar al presidente Juan Vicente Herrera de un “abuso de poder” sin obtener respuesta de éste.
Además, aporta una serie de documentos en los que se reflejan quienes eran los que la Junta consideraba empresarios locales y quienes transmitían la información a los afectados, que se venían abocados a vender, ceder, o asociarse.
