Ayuso quiere poner en marcha la Ciudad de la Justicia en esta legislatura

El Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere poner en marcha a lo largo de esta legislatura el proyecto de la Ciudad de Justicia, que está a la espera de una decisión del Tribunal Supremo, para concentrar todas las sedes del partido judicial de Madrid en la zona de Valdebebas.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, lo indica en una entrevista con Efe en la que habla de cuestiones como sus peticiones al Estado, las okupaciones ilegales de viviendas públicas o los presupuestos de su Departamento para este año.

López apuesta por unificar las infraestructuras inmobiliarias del partido judicial de Madrid en los terrenos de Valdebebas, donde existen una serie de equipamientos creados hasta este momento que son utilizables con este objetivo.

Asegura que en cuanto el Tribunal Supremo dicte una resolución que tiene pendiente con respecto al anterior proyecto de la Ciudad de la Justicia, el objetivo del Ejecutivo madrileño es tener en marcha “a lo largo de esta legislatura”, si no finalizada, la concentración de edificios del partido judicial de Madrid.

El equipo de la Consejería de Justicia está trabajando “en todas las opciones posibles con informes jurídicos y con informes de infraestructuras para tomar la decisión más adecuada en un tiempo razonable”, una vez conocido el fallo del Supremo, precisa.En una sentencia del 3 de noviembre de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) suspendió la adjudicación de la Ciudad de la Justicia tras estimar un recurso del Gobierno regional -entonces presidido por Cristina Cifuentes- contra la decisión del Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid, que dio la razón a las adjudicatarias ante el desistimiento por parte del Gobierno.

En la resolución, el TSJM estimó conforme a derecho la decisión tomada en julio de 2015 por parte del Gobierno de Cifuentes de desistir de la construcción de este espacio al considerar que existían infracciones “no subsanables” en las normas de preparación del contrato.

El TSJM vio contraria a derecho la resolución dictada en enero de 2016 por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que rechazaba el desistimiento y los argumentos presentados por las licitadoras Acciona y OHL.

Las adjudicatarias del proyecto presentaron un recurso de casación a raíz de esta decisión y desde el Gobierno regional aún están esperando la resolución judicial.

Por otra parte, el consejero espera reunirse con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, con el fin de pedirle una reforma de los criterios de financiación de la Comunidad de Madrid para que la justicia sea considerada un servicio público esencial, como la sanidad o la educación.

López también quiere ponerse a disposición del ministro para colaborar en el diseño de un nuevo modelo de organización judicial, que le corresponde al Estado, pero “desde las comunidades autónomas tenemos mucho que decir y mucho que sugerir”.Respecto a la lucha contra la okupación, detalla, la Fiscalía Superior de Madrid ha incoado diligencias para investigar la denuncia presentada por la Comunidad el pasado mes de diciembre por las presuntas okupaciones por parte de mafias de 59 viviendas públicas ubicadas en la capital española y otros diez municipios de la región.

“Queríamos poner de manifiesto que no solo estamos ante un problema de iniciativas individuales ilegales de okupación, sino que existen organizaciones criminales, que tienen como objetivo okupar viviendas, sustraerlas a su uso por personas vulnerables y que pueden estar realizando negocios ilegales en el interior de las viviendas, como arrendamientos o falsas compraventas”, subraya el consejero.

En las cuentas de la región para 2020, López expresa su deseo de mantener “como mínimo” el presupuesto de su Consejería este año y recuerda el aumento de la partida destinada a la justicia en la región en la anterior legislatura, al pasar de 300 millones de euros en 2015 a 500 millones de euros en 2019.

Avanza que llevará “de forma inminente” al Consejo de Gobierno la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunidad de Madrid que garantizará la coordinación de los servicios en este ámbito, hasta ahora regidos por una norma estatal.

Para el consejero de Justicia, las relaciones entre el PP y Ciudadanos son “excelentes” en el Gobierno de coalición, formado por dos partidos, que han pactado 155 medidas y que en la gestión diaria están actuando como un Ejecutivo “monocolor”.

Sostiene que “hay que respetar” el nombramiento del exportavoz del Gobierno del PP Miguel Ángel Rodríguez como jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, “un puesto de confianza personal”.