El Consejo Fiscal exige a Catalá la “inmediata paralización” de la implantación de la Justicia Digital
La Justicia Digital no funciona y hay que pararla. Esa es la síntesis del comunicado que remitirá el Consejo Fiscal de la Fiscalía General del Estado tras la reunión de su Pleno, y después de que el pasado mes de septiembre se abordase la situación de la implantación del ‘papel cero’ y más en concreto de la Fiscalía General, como adelantó eldiario.es.
El Consejo Fiscal ha llegado a la conclusión de que la Justicia Digital “no es un sistema de expediente digital integrado”, tiene un “funcionamiento deficitario” e impide trabajar de manera eficiente y eficaz. Por ello exige “la inmediata paralización” del plan de implantación que tiene establecido el Ministerio de Justicia. El consejo aparca la implantación hasta que se cree un sistema de gestión procesal único integrado tanto para órganos judiciales como para fiscales. Quiere también que el sistema de fácil acceso (en la actualidad un fiscal tiene que manejar varias aplicaciones a la vez y dos pantallas), con garantía de autenticidad de las actuaciones. En suma, pretende que se cree un “auténtico expediente digital indexado”, sin documentos escaneados sino integrados en el expediente.
El problema de la Justicia de Digital ha crecido en el último año, desde que se implantó en Valladolid la experiencia piloto de Fiscalía Digital, extendido posteriormente a Badajoz. En ambas Fiscalías se ha constatado el mal funcionamiento que ralentiza notablemente el trabajo del Ministerio Público. En este sentido, el Consejo pide que, cuando sea preceptivo que el fiscal emita un dictamen, se proceda a la remisión del expediente en papel, de manera que éste coexista con las remisiones telemáticas.
La implantación del ‘papel cero’ en la etapa en la que Alberto Ruíz Gallardón estaba al frente de Justicia, ha experimentado problemas continuos con Lexnet y el resto de aplicaciones creadas, que dependen del Ministerio y dejan en sus manos todos los expedientes judiciales digitalizados.
Aunque el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha hecho suyas las palabras de los vocales del Consejo, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) considera “urgente e inaplazable” la paralización inmediata de la implantación del proyecto en las Fiscalías. Este colectivo entiende que Maza no puede limitarse a trasladar al Ministerio el acuerdo ni continuar “haciendo seguidismo” de la política del ministro Rafael Catalá, “una política de derroche económico”, según afirma la UPF en un comunicado. La Justicia Digital, a la que se han destinado decenas de millones de euros está “mal diseñada técnicamente y de espaldas al funcionamiento y las necesidades de las Fiscalías. ”Sería una grave irresponsabilidad mantener el proyecto y continuar con la implantación“ según el calendario que ha establecido Justicia. Su mantenimiento ”pondría en riesgo el adecuado cumplimiento de la función del Ministerio Fiscal para supeditarla a intereses políticos y la Ley y la sociedad están por encima de ello“.
