Expertos creen que el FLA será un elemento de negociación en la nueva financiación

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, y otros expertos en financiación autonómica han augurado hoy que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) será un “instrumento de negociación política” para reformar el modelo de financiación de las comunidades autónomas.

Este consejo ha elaborado un trabajo en el que analiza la estructura y el funcionamiento del sistema de financiación autonómica de régimen común, del que se desprende que necesita una “reforma urgente”, que debe acometer el Gobierno que salga de las urnas, a pesar de que este asunto apenas salga en la campaña electoral.

Pich ha recordado que las autonomías son las responsables de servicios fundamentales como la educación, la sanidad y los servicios sociales, que conforman “la parte nuclear del Estado del bienestar”.

El informe propone definir el nivel de gasto necesario para atender los servicios transferidos; revisar el concepto de población ajustada en función del principio de necesidad; analizar la cesta de tributos cedidos; rebajar el porcentaje de recursos aportados por las comunidades al Fondo de reparto y eliminar los Fondos de Suficiencia y de Convergencia.

Tras insistir en que el actual modelo es “muy poco transparente”, lo que genera tensiones institucionales y dificulta la corresponsabilidad fiscal, han agregado que hace “un reparto de recursos arbitrario que altera el principio de ordinalidad”.

Entre los problemas del actual sistema, los expertos han destacado su complejidad y falta de transparencia, así como un reparto de recursos arbitrario y diferente entre comunidades que no se explica por sus necesidades de gasto.

A su juicio, los recursos globales son insuficientes para atender los gastos transferidos y no se cumple con el principio de corresponsabilidad fiscal, pese a que las comunidades tienen amplia capacidad normativa en muchos tributos, ya que el 75 % de sus ingresos tributarios alimentan el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF), que luego se reparte entre todos.

Han añadido que la cesta de tributos cedidos no es coherente con una tributación global de la riqueza, porque algunos están obsoletos y los tributos propios tienen una regulación caótica.

Proponen que la reforma del sistema de financiación defina el nivel de gasto para atender con eficiencia los servicios transferidos y acordar el volumen total de recursos que el Estado destina a cubrirlo.

Cuantificar, según el grado de riqueza e índice de desarrollo -y a igualdad de esfuerzo fiscal-, el volumen de recursos tributarios que puede obtener cada autonomía.

Revisar el concepto de población ajustada para reflejar mejor el principio de necesidad, base para cumplir con los principios de suficiencia y solidaridad y la cesta de tributos cedidos.

Piden reformas normativas, graduar las diferencias de tributación entre territorios y homogeneizar los principales tributos propios, aunque cediendo a las comunidades “amplias capacidades normativas”.

Rebajar el porcentaje de recursos tributarios que cada autonomía aporta al FGSPF, para cumplir mejor el principio de corresponsabilidad fiscal.

Los economistas plantean eliminar el resto de fondos y aportar los recursos del Estado que los nutren a uno único, para conseguir mayor transparencia.

Respetar el principio de ordinalidad y reformar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para potenciar sus funciones son otras de sus sugerencias.

Los expertos consideran que el Gobierno que negocie el próximo sistema de financiación, dada la escasez de nuevos recursos, puede utilizar el FLA y proponer su condonación o liberación de las obligaciones a las comunidades que acepten el nuevo modelo como incentivo.