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Las familias de los condenados de Alsasua llevan su caso a la Eurocámara: "La justicia española es un ente al que esperamos conocer"

Familiares de los condenados de Alsasua se reúnen con los Verdes y la Izquierda Unitaria (GUE) en Estrasburgo antes de la vista del Supremo

Eurodiputados de Podemos, IU, PNV, ERC, EH Bildu y Sinn Féin piden por escrito a la Comisión Europea que vigile el desarrollo del proceso judicial

El Supremo revisará este miércoles la condena de entre 2 y 13 años de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a los ocho jóvenes acusados

DOCUMENTO | La declaración de los eurodiputados sobre Altsasu 

Bel Pozueta y Edurne Goikoetxea, en una reunión con el grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo.

Bel Pozueta y Edurne Goikoetxea, en una reunión con el grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo. @Altsasugurasoak

"Aún estamos a la espera de conocer a la justicia española. A ver si hay suerte mañana [por el miércoles]". Son las palabras de Edurne Goikoetxea, madre de Ainara Urkijo, una de los ocho jóvenes condenados, que ha acudido a la sesión plenaria del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, a reunirse con eurodiputados y grupos parlamentarios la víspera de que este miércoles el Supremo revise la condena de entre 2 y 13 años de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a los ocho jóvenes acusados.

"Nuestro objetivo es poner de manifiesto la vulneración de derechos que venimos sufriendo todo este tiempo. Algunos de nuestras hijas e hijos llevan casi tres años en prisión preventiva", explica Goikoetxea: "Este miércoles tendremos la vista para la sentencia firma, y tenemos miedo porque se están aplicando unos agravantes que no se ajustan a derecho para sumar años. Pedimos derechos y justicia. Para ello, contamos con el apoyo de Amnistía Internacional y de Fair Trial".

Bel Pozueta, madre de Adur Ramírez de Alda, y Goikoetxea se han reunido con los Verdes y la Izquierda Unitaria (GUE), a los que han presentado el caso, y han recabado una declaración firmada por Izaskun Bilbao (PNV), Diana Riba (ERC), Pernando Barrena (EH Bildu), Miguel Urbán (Podemos), Idoia Villanueva (Podemos), Martina Anderson (Sinn Féin), Matt Carthy (Sinn Féin), Sira Rego (IU) y Manu Pineda (IU) en la que piden por escrito a la Comisión Europea que vigile el desarrollo del proceso judicial.

Izaskun Bilbao, eurodiputada del PNV, ha lamentado "la desproporción de las penas" y ha recordado que el vicepresidente de la Comisión Europea Frans Timmermans se comprometió en 2017 a seguir de cerca el caso.

Timmermans dijo entonces que seguía "con interés" el caso y recordó que la Carta de Derechos Fundamentales de la UE exige que las penas "no pueden ser desproporcionadas al delito penal por el que son condenados". "La Comisión utiliza todos los instrumentos disponibles cuando es necesario, incluido los procedimientos de infracción, para garantizar el cumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE", explicaba Timmermans en su respuesta a una misiva de la propia Bilbao, Josu Juaristi (Bildu), Marina Albiol (IU) y Xabier Benito (Podemos), para denunciar su caso.

"Tanto Green/EFA como GUE/NGL nos dijeron que reclamarán a Timmermans ese compromiso", ha explicado Goikoetxea: "No nos queda otra que confiar en que la UE esté pendiente de las injusticias que se cometen en sus miembros. La justicia española es un ente al que espero conocer. A ver si tenemos suerte y por fin existe la justicia española". 

En la misma línea se ha manifestado el eurodiputado de EH Bildu, Pernando Barrena, quien ha subrayado que "este caso nace de una voluntad política de situar una pelea de bar en un ámbito antiterrorista propia de otros tiempos. Parece que hay una parte del Estado a la que le interesa que la conflictividad siga presente en el panorama político vasco porque les da rentabilidad política". 

Iñaki Abad, Jokin Unamuno, Ohian Arnanz, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola, Adur Ramírez y Ainara Urkijo fueron condenados por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. El tribunal, además, apreció las agravantes de abuso de superioridad y de odio y consideró que actuaron por animadversión a la Guardia Civil y por motivos ideológicos. De los ocho, siete están en prisión y solo Urkijo –sobre quien recayó la pena más baja, 2 años por amenazas y desórdenes públicos– continúa en libertad.

Los hechos se remontan al 15 de octubre de 2016, cuando los dos guardias y sus parejas fueron increpados en el bar Kotxa de Alsasua.

Desde que sucedieron los hechos, los familiares de los acusados, aunados en la plataforma Altsasu Gurasoak, han criticado las sentencias de la Audiencia Nacional por "desproporcionadas" y han convocado diversas manifestaciones en protesta de unas penas que consideran desproporcionadas.

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