La Fiscalía Europea cita como testigo a Begoña Gómez por los contratos de Red.es adjudicados a Barrabés

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por hasta cinco delitos, recibió en abril de 2024 una carta de la Fiscalía Europea en la que se le solicitaba que, “a la mayor brevedad”, les mandara toda la información relativa a determinados expedientes que tenía en su poder y que estaban relacionados con concursos públicos adjudicados a la unión temporal de empresas (UTE) Innova Next - Escuela de Negocios The Valley. En concreto, dos de esos concursos asignados por la empresa pública Red.es al grupo empresarial de Juan Carlos Barrabés habían sido financiados con fondos europeos, y por tanto, esa Fiscalía reclamó la competencia sobre los mismos.

Desde entonces han pasado dos años, y en este tiempo sólo ha declarado Barrabés en calidad de investigado ante los fiscales europeos. Dado que se quiere esclarecer si en esas adjudicaciones hubo un trato de favor para el empresario por su estrecha relación con la esposa del presidente del Gobierno, uno de los hitos relevantes que se esperaba desde hace tiempo era la comparecencia de la propia Begoña Gómez. Y a juzgar por lo que desliza en su último recurso ante Peinado su defensa, ese momento está a punto de producirse.

Según su propio abogado, Antonio Camacho, ya ha recibido la citación para declarar ante los fiscales europeos —se desconoce la fecha exacta—. Pero lo hará en calidad de testigo y no como investigada. Este dato es relevante dado que sí consta como imputada por, entre otros, el delito de corrupción en los negocios ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por esa relación con el empresario Barrabés. Peinado sospecha que, a cambio de que Barrabés le echara una mano para sacar adelante la cátedra extraordinaria que Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el empresario se habría beneficiado de cartas de apoyo firmadas de su puño y letra por la mujer del presidente que podrían haber servido para decantar la balanza en favor de sus empresas en concursos públicos.

Los fiscales comunitarios se han centrado en dos expedientes de la empresa pública Red.es: El de 'Formación empleo juvenil para la economía digital' en el que la UTE de Barrabés se hizo con dos de los seis lotes por 4,8 millones de euros (IVA no incluido); y el de 'Servicio de formación para personas desempleadas', del que se le asignó uno de los dos lotes a concurso por importe de 3,6 millones de euros (sin IVA). El total asciende a 8,4 millones de euros.

Para esclarecer si hubo irregularidad en esas adjudicaciones, la Fiscalía Europea ya habría citado como testigos a numerosos firmantes de cartas de apoyo a la oferta de Barrabés idénticas a las de Begoña Gómez, según confirman fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es. También ha trascendido que en septiembre de 2025 se recibió un extenso informe de la Intervención General del Estado (IGAE) sobre los expedientes financiados parcialmente por el Fondo Social Europeo.

La IGAE y la UCO frente a los contratos

El órgano fiscalizador, entre sus conclusiones, aseveraba que el hecho de que Red.es hubiera tenido en cuenta (a la hora de puntuar) las diferentes ofertas presentadas a concurso que estas incluyeran cartas de recomendación o futuros acuerdos con reclutadores fue una decisión “arbitraria que excedió la capacidad de decisión discrecional del valorador”. Entendía que esto constituyó “una actuación discriminatoria que adulteró la valoración técnica” y por ende benefició “a determinados licitadores a los que se incrementó injusta e ilegalmente su puntuación, entre otros a la UTE Innova Next – The Valley Digital Business School”.

Antes incluso de que viera la luz esa pericial, la defensa de Barrabés ya había solicitado una ampliación al entender que se debían analizar no solo los lotes adjudicados a su UTE sino también determinadas características de las fórmulas aplicadas en este tipo de licitaciones. No obstante, y dado que ese primer informe ya estaba casi finalizado, la IGAE decidió dejar ese asunto para más adelante.

Por contraposición, y a pesar de que la IGAE en este caso concreto sí que ve irregularidades en el procedimiento, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un informe de 2024 indicaba que en líneas generales y basándose en la información observada en los expedientes que constaban en el juzgado de Peinado “la preparación, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos (…) se habría desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”.

En este sentido, el 30 de mayo de 2025, otro informe de la IGAE, esta vez presentado a petición de Peinado y respecto a los contratos que seguían siendo analizados en su causa, concluía que en otro de los contratos adjudicados por Red.es a la empresa de Barrabés se dio un incumplimiento de la norma. Y esto porque el peso que se dio al precio de la oferta fue inferior al que debía ser. Así, se elevó la relevancia de otros criterios que dependen de un juicio de valor y, por ende, esa valoración subjetiva la debió haber hecho un comité de expertos que no fuera de Red.es.

El recurso de Barrabés

Mientras que la investigación en la Fiscalía Europea prosigue, el juez Juan Carlos Peinado ya avanza a marchas forzadas hacia lo que considera pertinente: que la causa contra la esposa del presidente del Gobierno acabe siendo ventilada ante un jurado popular.

Contra la decisión de Peinado de abrir de nuevo esa vía, ya han presentado recurso tanto la defensa de Gómez como la de su asistente, Cristina Álvarez. Y ahora también ha trascendido el recurso del propio Barrabés, en el que señala que, contrariamente a lo que sostiene el juez, él nunca ha tenido relación con la cátedra extraordinaria que dirigía Begoña Gómez en la UCM.

El juez sostiene que, a cambio de ayudar a la esposa del presidente en el desarrollo de esa propuesta académica, Barrabés se habría beneficiado del respaldo de Begoña Gómez —en forma de carta de apoyo— en concursos públicos que debían resolver departamentos del Gobierno que preside Pedro Sánchez. “Se parte de un relato que en nada se compadece con la realidad de lo acontecido”, dice ahora el empresario, que insiste en desligarse de la cátedra, si bien recuerda que sí impartió clases en otro máster que también dirigía la encausada, algo que “no es irregular” y que hicieron “otros 164 profesores”.

Así critica que Peinado haga una interpretación “forzada de algo inexistente”, y considera que lo que busca el juez es, por un lado, “lograr la conexidad que se requiere para la transformación (de la causa) en Tribunal del Jurado” y, por otro, “configurar el supuesto delito de tráfico de influencias a través de una contraprestación mayor que la de haber dado un par de clases en un máster”.

Por otro lado, la defensa de Barrabés critica que Peinado incluyera en su auto de 20 de marzo los expedientes y las cartas de apoyo de Gómez porque están fuera de su causa dado que se investigan en la Fiscalía Europea. Concluye que no existe, de lo instruido por el juez, “ningún indicio existe sobre la comisión de un delito de tráfico de influencias o de corrupción en los negocios”. “No basta con que dos personas se conozcan, aunque una de ellas tenga una relación de parentesco con el presidente del Gobierno, para admitir la comisión de ilícito alguno por parte de mi representado”, apuntala su abogada. Y añade que lo que procede es el sobreseimiento libre para él.