García Castellón fracasa en su intento de alargar el 'caso Dina' en un juzgado de Madrid

El Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid ha rechazado investigar por falso testimonio a Dina Bousselham, como pretendía el instructor del caso Villarejo, Manuel García Castellón. El magistrado de la Audiencia Nacional había denunciado ante los juzgados de Plaza de Castilla a la excolaboradora de Pablo Iglesias porque apreciaba indicios de que le había mentido durante la investigación del conocido como ‘caso Dina’. La jueza Dolores Baeza ha archivado las diligencias que se vio obligada a abrir por el exhorto de García Castellón.

En septiembre de 2022, el juez de la Audiencia Nacional dedujo testimonio a los juzgados de Madrid por ser competentes ante un posible delito de falso testimonio. El escrito iba dirigido contra Bousselham y su antigua pareja Ricardo Sa Ferreira. El instructor del caso Villarejo adoptaba la decisión a petición de Prolege, una asociación próxima al PP, y en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Prolege, al igual que Vox, podía hacer tal petición porque están personados como acusación popular en la pieza 10 del caso Villarejo, la que investiga la difusión de información del móvil de Bousselham. 

El juez del ‘caso Villarejo’ convirtió en su momento la pieza 10 del caso Villarejo ('Dina'), acerca de la publicación en varios medios del contenido del móvil robado a Bousselham, en una investigación contra Pablo Iglesias. En enero de 2021, el Tribunal Supremo rechazó imputar al entonces vicepresidente segundo, en contra de lo que le había pedido García Castellón. Pese a este revés y otros correctivos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el juez siguió ordenando todas las diligencias que pudo para intentar redireccionar el caso contra el entonces líder de Podemos. Cuando ya no tuvo más opción dedujo testimonio a los juzgados locales acusando a Bousselham y su expareja de haber mentido sobre la sustraccción del celular. 

Bousselham denunció a finales de 2015 el robo de su teléfono móvil en unos grandes almacenes de Alcorcón (Madrid). Semanas después, parte del contenido que guardaba en ese teléfono comenzó a ser publicado por determinados medios de comunicación. La “principal hipótesis” de Anticorrupción es que Villarejo está detrás de la difusión de esa información para perjudicar a Podemos, dentro de la guerra sucia que el Ministerio del Interior, en tiempos de Mariano Rajoy, desarrollaba contra el partido.

Dos periodistas que están procesados en el ‘caso Dina’ declararon ante el juez haber entregado al comisario una copia de la tarjeta, que previamente habían recibido de un anónimo. Otra copia había sido entregada a Pablo Iglesias por el Grupo Zeta, al que pertenecían los periodistas. García Castellón abrió la pieza 10 por los indicios que había de una operación de la brigada política contra Podemos, pero luego concluyó que Iglesias le había ocultado información y que Bousselham le había mentido. Su tesis está plasmada en la petición de Iglesias ante el Supremo. Pese al rechazo del alto tribunal, García Castellón reiteró esos argumentos para enviar a Plaza de Castilla a Bousselham por falso testimonio. 

En dicha exposición razonada, García Castellón aludía al cambio de versión de Bousselham acerca del estado de la tarjeta cuando la recibió de manos de Pablo Iglesias, meses después de que los responsables del Grupo Zeta se la hubieran entregado a éste. En un principio, la excolaboradora de Iglesias dijo que sí pudo acceder a ella y luego aseguró que no podía y que su novio recurrió a una empresa extranjera para recuperar su contenido. Bousselham también reconoció en posteriores declaraciones que ella había reenviado información contenida en su teléfono, si bien Anticorrupción insiste en que la tesis más plausible apunta a Villarejo, quien guardaba una copia del móvil en su casa cuando fue registrada en 2017.

“Vaguedades” pero no mentiras

Los fiscales del caso Tándem, Miguel Serrano y César Rivas, se opusieron a que un juzgado local investigara un supuesto falso testimonio. En su escrito, ponían de manifiesto las “vaguedades contradicciones (sic) de sus versiones sobre los hechos”, en referencia a Bousselham y Sa Ferreira, pero añadían: “No cabe considerar que con ello se haya alterado de ningún modo el resultado de la instrucción, puesto que con el resultado del informe pericial sobre el origen de los daños de la tarjeta resulta inviable para la atribución a Pablo Iglesias Turrión de un delito de daños informáticos [García Castellón le atribuía haber destruido la tarjeta una vez la recibió del Grupo Zeta]”.

La titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid alega, según fuentes jurídicas, que no puede investigar a Bousselham y Ferreira porque no se puede dar el falso testimonio en fase de instrucción, solo en un juicio. Esas tesis ya fue expuesta por los fiscales en el escrito en el que se oponían a la deducción de testimonio dictada por García Castellón. Anticorrupción recordaba que Bousselham y Sa Ferreira tendrán que declarar en el juicio que se celebrará contra los dos periodistas y el comisario Villarejo.

El archivo de la magistrada Dolores Baeza puede ser recurrido por la Fiscalía, que ya adelantó que no apreciaba delito, así como por Vox y Prolege. En cualquier caso, todavía queda otro exhorto de García Castellón por resolver. El juez también pidió al juzgado de Alcorcón que indaga en el robo del móvil de Bousselham que investigara a esta por denuncia falsa. El magistrado de Alcorcón se ha inhibido en favor del juzgado de instrucción número 12 de Madrid, el que ha archivado el supuesto falso testimonio, pero resta que ese conflicto de competencias sobre la supuesta denuncia falsa se resuelva.