Hacienda destapa la fórmula de la corrupción del Gobierno de Aznar con Constructora Hispánica

El Consejo de Ministros del segundo Gobierno de José María Aznar.

Un informe de Hacienda incorporado al sumario que indaga en la Audiencia Nacional en la vinculación entre los pagos en negro al PP y adjudicaciones de obra pública pone al descubierto las prácticas de la constructora de Alfonso García-Pozuelo —empresario que reconoció haber pagado mordidas al partido y que aparece como donante en los 'papeles de Bárcenas'— para hacerse con contratos de obra pública presentando ofertas a la baja que posteriormente se encarecen a través de proyectos reformados hasta el límite que permite la ley.

El juez investiga adjudicaciones de Rajoy y el núcleo duro del Gobierno de Aznar a un donante de la caja B del PP

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Los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en la unidad de apoyo de la Fiscalía Anticorrupción han detectado sobrecostes de más de 70 millones de euros en siete adjudicaciones por valor de 350 millones concedidas a la Constructora Hispánica —ahora denominada Assignia— por ministerios y organismos de la Administración Central durante la segunda legislatura de José María Aznar (2000-2004).

El documento, adelantado por El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, revela un modus operandi que es similar en varias de las licitaciones analizadas. Hispánica comparecía en las subastas presentando las mejores ofertas económicas —es decir, las más bajas—; lo que incluso en una ocasión llevó al licitador a exigirle justificación de los precios al estar en "presunción de temeridad" (aquellos presupuestos que hacen temer a las administraciones por la viabilidad de la obra). Y, una vez adjudicados los contratos, durante la ejecución de las obras, se sumaban los sobrecostes que encarecían el importe final a través de dos conceptos: los modificados y el exceso de mediciones. Sobre este punto concreto, el informe alerta de una "práctica irregular" que consiste en hacer pasar los "reformados" por exceso de mediciones para así burlar el preceptivo dictamen del Consejo de Estado cuando los modificados superan el 20% del proyecto primitivo (el máximo legal permitido), lo que podría hacer saltar las alarmas en el órgano consultivo. 

"Esta era la razón de que en la práctica los reformados se quedasen en el 19,9%", dice el informe sobre una de las adjudicaciones, relativa a la construcción de una nueva comisaría de Policía en Xirivella (Valencia) que el Ministerio del Interior del segundo Gobierno de Aznar licitó el 12 de mayo de 2002, siendo Mariano Rajoy titular del departamento. Hispánica presentó la oferta más baja de las doce empresas que acudieron a la licitación y se hizo con el contrato bajo subasta por 1,7 millones de euros. Sin embargo, las obras acabaron teniendo un sobrecoste de más de medio millón de euros entre el "proyecto de reformado o modificado" y el "exceso de mediciones". Xirivella es la localidad de nacimiento del fallecido Juan Cotino, que entonces era director general del Cuerpo Nacional de Policía.

En otra de las adjudicaciones analizadas, la del tramo del AVE La Roca-Llinars, asignada por Adif a Hispánica por 44 millones de euros —de nuevo gracias a tener la mejor propuesta económica de las cuatro que se clasificaron con calidad técnica elevada—  el informe alerta de otro aspecto "dudoso". Así, los técnicos desconfían de que los seis millones de euros extra que se tramitaron por el concepto de "obras complementarias" para gestionar los residuos de la obra principal no sean "un modificado del proyecto". Y avisan de nuevo: "De haberse tramitado como modificado se habría superado el 20% del contrato primitivo, por lo que sería preciso el dictamen del Consejo de Estado". Y es que, en este caso, el contrato ya contaba con un modificado de 8,3 millones de euros, un 18,7% del precio de adjudicación; y según la certificación final el exceso de mediciones fue de 2,9 millones (6,48%). 

"Parece que al menos partes de estas obras complementarias, las más importantes, son realmente modificados", dice el informe sobre otra de las obras en las que sospechan que Hispánica utilizó el mismo mecanismo. Se trata, en este caso, de uno de lotes de la variante de Pajares, adjudicado por Adif a una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que participaba junto a Fernández Constructor, Copcisa y Azvi, las dos últimas donantes en la contabilidad paralela del PP que durante años fue plasmando en apuntes Luis Bárcenas. El importe de esas obras complementarias ascendió a 43 millones de euros, sobre un contrato de 218 millones al que hubo que sumar otros 44 millones en sobrecostes. "Si [las obras complementarias] se hubieran tramitado como modificado superarían el 20% y sería preciso el dictamen del Consejo de Estado", reiteran los técnicos. 

La misma sospecha tienen los técnicos respecto a otro de los contratos analizados, el de la construcción del nuevo acuartelamiento de la Brigada Paracaidista en Paracuellos del Jarama. Fue adjudicado en 2002 por el Ministerio de Defensa que entonces dirigía Federico Trillo a la constructora de García Pozuelo en exclusiva y ascendió a 35,6 millones de euros. Sin embargo, se acabó tramitando un modificado por importe de siete millones de euros, lo que supone un 19,81% de incremento sobre el importe del proyecto primitivo, un porcentaje que no pasa desapercibido para los investigadores. 

"Da la impresión de que se ha aprovechado la tramitación del modificado para realizar otras obras necesarias para el acuartelamiento sin sobrepasar el 20% que determinaría que fuera causa de resolución y necesitara el dictamen del Consejo de Estado, ya que algunas de las obras que se incluyen, según el documento de justificación del proyecto modificado, parece que no sería propiamente modificados del proyecto sino, en su caso, obras complementarias", dice el informe, que afirma que este aspecto ya fue puesto de manifiesto "correctamente" por el servicio jurídico en un informe de 2005. 

El informe también destaca los bajos precios ofrecidos por la constructora. En concreto, llama la atención sobre las obras del nuevo Parador de Lorca, adjudicadas el 30 de mayo de 2003 a Hispánica por 10,5 millones de euros por parte Turespaña, dependiente del Ministerio de Economía cuando era titular de esa cartera Rodrigo Rato. Según el documento, los servicios técnicos de Turespaña llegaron incluso a pedir a la constructora de García Pozuelo que justificara los precios porque estaba en "presunción de temeridad". 

Según el informe de Hacienda, la justificación fue "detallada" pero resulta "extraño" que el beneficio industrial que incluyó la constructora fuera solo del 2% cuando para elaborar el presupuesto por la Administración se consigna un 6%. Ese proyecto acabó teniendo dos reformados por valor de 3,6 millones de euros como consecuencia de la aparición de restos arqueológicos. Al superar el 20% del contrato, este sobrecoste fue examinado por el Consejo de Estado, que informó favorablemente. 

Los contratos citados forman parte de las 23 adjudicaciones de siete ministerios del núcleo duro del Gobierno de Aznar y empresas públicas como Adif, Aena y Renfe sobre las que puso la lupa el pasado diciembre el juez Santiago Pedraz, instructor de la llamada vía del cohecho en la Audiencia Nacional. La UDEF, que en 2014 concluyó que no era posible establecer una "vinculación directa" entre donaciones al PP y adjudicaciones, había propuesto en un informe de noviembre investigar 23 grandes obras adjudicadas a Hispánica, cuyo antiguo dueño reconoció el pago de mordidas a Génova. De hecho fue condenado a dos años de cárcel tras reconocerse culpable en el primer gran juicio de Gürtel

La UDEF solicitó estas diligencias basándose en la confesión de García Pozuelo y también en la de Correa, que en el juicio de la Primera Época de Gürtel, en octubre de 2016, aseguró que las adjudicaciones de la gran obra pública se decidían en el mismo Consejo de Ministros de Aznar a cambio de una donación de entre el 2 y el 3% al PP. Correa no ratificó esta declaración ante el juez De la Mata, pero su revelación sí sirvió para reabrir una investigación cerrada en marzo de 2015 porque ni la Policía, ni la Fiscalía ni los jueces pudieron acreditar entonces que cada pago en negro se correspondiera a una adjudicación. 

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Publicado el
25 de mayo de 2021 - 22:06 h

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