La inspectora de Hacienda que investigó Nóos y Aizoon exculpa a la infanta Cristina
La inspectora de Hacienda que inició de oficio una investigación sobre el Instituto Nóos y Aizoon, la empresa que la infanta Cristina compartía con Iñaki Urdangarin, ha negado este sábado ante el juez José Castro que la hija del rey cometiera delito fiscal.
Por otro lado, la jefa de la unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional, que también ha declarado ante el juez, ha descartado que la hija menor del Rey blanqueara dinero, obtenido ilegalmente por Nóos, al realizar gastos personales con fondos de Aizoon, según han informado fuentes jurídicas.
Las dos funcionarias han abierto este sábado la ronda de declaraciones ordenadas por Castro a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que pretende rebatir la citación como imputada por fraude fiscal y blanqueo de la infanta Cristina para el 8 de febrero.
Niega el delito fiscal
La inspectora de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Cataluña se ha ratificado en el informe provisional que emitió a principios de 2011, antes de que comenzara la instrucción del caso Nóos, en el sentido de que no aprecia delito fiscal por parte de la infanta Cristina.
Ha detallado que ya desde un principio, al entrar en la base de datos de sociedades, supo que la infanta Cristina era una de las propietarias al 50% de la empresa Aizoon que estaba investigando, y ha asegurado que nunca se sintió presionada en su trabajo. A preguntas del juez Castro, la inspectora ha asegurado que nadie le dio directrices.
Ante la insistencia del magistrado, ha explicado que el hecho de que el último informe jurídico derivado de su actuación, el que dio lugar a la denuncia por delito fiscal, esté firmado en Madrid cuando la inspección se había realizado desde Barcelona, se debe a que en ese momento la plaza del funcionario responsable para llevarlo a cabo estaba vacante en Cataluña.
La inspectora ha explicado que en la inspección que abrió sobre Aizoon y Nóos incluyó a Iñaki Urdangarin y a su exsocio Diego Torres porque eran quienes figuraban como administradores de ellas, respectivamente.
Incluyó también a Ana María Tejeiro, la mujer de Torres, porque los movimientos bancarios que ella realizó, al sacar 148.000 euros en efectivo e ingresarlos unos días después en otra cuenta, fueron los que motivaron el inicio de la inspección de oficio.
El caso de las facturas
En cuanto a los 69.990 euros que Aizoon pagó en 2007 a Intuit, una de las sociedades instrumentales de Diego Torres (a través de tres facturas que, de resultar falsas, permitiría imputar un delito fiscal a la infanta porque el importe no se declaró en el impuesto de sociedades), la inspectora ha señalado que en su informe no entró a valorar esta circunstancia. Su explicación es que, a lo largo de 41 páginas, hasta en 17 ocasiones hizo constar que el análisis era “provisional”.
El juez Castro cuestionó en el auto en el que cita a declarar a la infanta Cristina que la Agencia Tributaria, al calcular la liquidación del impuesto de sociedades de Aizoon, imputara dichas facturas como gasto deducible, cuando anteriormente en otro informe las había calificado de falsas.
Ha puesto como ejemplo una factura por 100.000 euros librada por Lagardere a Aizoon, que a su vez unos días después facturó 50.000 euros a Intuit, porque todo lo que cobraban lo repartían por la mitad mediante facturas cruzadas entre sus sociedades.
En relación con un posible fraude en el impuesto de sociedades de Aizóon, la inspectora ha explicado que no se puede imputar un delito fiscal a una persona jurídica, sino a una persona física. Ha asegurado por ello que se debe descartar el delito fiscal en Aizoon.
Las otras declaraciones
Mientras tanto, la inspectora jefa del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional en Baleares, que durante meses analizó cientos de facturas expedidas relativas al dinero que Aizoon pagó a la reforma de la vivienda que los Duques de Palma poseen en Barcelona (más conocido como 'palacete' de Pedralbes) y a otros gastos particulares, ha afirmado que no hay indicio alguno de que la infanta incurriera en un delito de blanqueo de capitales por haberse beneficiado de ingresos ilícitos y, con conocimiento de su origen delictivo, haberlos destinado a gastos particulares.
La afirmación contrasta con la tesis de la Audiencia Provincial de Baleares que en un auto dio por hecho que el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos personales del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el posible “conocimiento del origen ilícito y delictivo” de estos fondos.
Finalmente, han sido interrogados tres de los empresarios cuyas mercantiles pagaron al duque de Palma por presuntos servicios de asesoría, facturados de forma irregular a través de Aizoon. Los testigos han afirmado que Urdangarin hacía labores de consejero asesor en estas sociedades y que cobró por ello. Uno de los empresarios, sin embargo, ha ido más lejos al recordar que, como su mercantil pretendía introducirse en el mundo del deporte, querían contar con los servicios de Urdangarin, si bien este les dijo que debían facturarlos a través de Aizoon.
