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Interior fija los retos contra los narcos del Estrecho: drones submarinos, aeronaves ligeras y capos rodeados de cortafuegos

Dron incautado en la Operación Kraken en el Campo de Gibraltar.

Pedro Águeda

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La alarma que saltó en la seguridad del Estado por la infiltración del narcotráfico en todas las capas de la sociedad y la impunidad con la que había comenzado a actuar en el Campo de Gibraltar motivó la puesta en marcha de un plan especial para la zona en 2018. La última instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, a la que ha tenido acceso elDiario.es, expone las recientes amenazas detectadas y diseña el plan para luchar contra ellas en los años 2024 y 2025. La utilización de drones, aéreos y submarinos, para transportar la droga desde Marruecos, aeronaves ligeras, la recuperación de la vía del Guadalquivir o la creación de bandas dedicadas únicamente a facilitar combustible a las embarcaciones de la droga son parte de la innovación implementada por los clanes locales.

La instrucción de la Secretaría de Estado, una suerte de plan marco de obligado cumplimiento para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, comienza felicitándose por los resultados alcanzados. “Objetivamente notable”, dice Interior sobre su propia actuación. Pero a continuación expone una de las consecuencias de este éxito en detenciones e incautaciones: los narcotraficantes tienen un sistema “adaptativo y flexible” que ha pasado de tener “una estructura piramidal y jerárquica” a una de tipo “reticular”, con “cortafuegos”.

Los clanes de la droga del Estrecho han diversificado las ocupaciones de sus miembros: producción, transporte, desembarco y suministros –aquí entra el del combustible– para que cuando caigan unos la estructura troncal siga a salvo. Además, los núcleos de mando son más reducidos en número de miembros, añaden los expertos. 

Uno de los nuevos métodos adoptados por las mafias consiste en fondear grandes embarcaciones con los cargamentos de droga en alta mar que suministran a embarcaciones de recreo desde esa zona. Esta práctica está motivada por la entrada en vigor de un Real Decreto que prohíbe la utilización de las narco-lanchas, lleven o no droga encima. El nuevo método obliga a abastecer a las grandes embarcaciones en alta mar y al calor de esta práctica han surgido organizaciones que se dedican únicamente a llevarles combustible, pese al peligro que representa transportar esas cantidades de líquido inflamable. Se trata de una práctica difícil de perseguir por su complicado encaje en el Código Penal.

En los últimos tiempos, las Fuerzas de Seguridad han detectado la reactivación de la ruta del Guadalquivir, desde su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda hasta Sevilla. Por ahí introducen el hachís que va al resto de España y otros países de Europa. También se han avistado pequeñas aeronaves, de fácil manejo, que cruzan El Estrecho de noche y aterrizan en zonas remotas donde se han construido pistas clandestinas. 

Drones submarinos para 200 kilos

En julio de 2022 fueron incautados por primera vez tres drones semisumergibles –uno finalizado y dos en fase de fabricación– capaces de cruzar el Estrecho de Gibraltar. En la operación fueron detenidas por la Policía ocho personas en Cádiz, Málaga y Barcelona. Los drones servían para transportar hasta 200 kilos de estupefacientes y no necesitan tripulación a bordo. En marzo de 2021 se incautó un narcosubmarino que, igualmente a través de un GPS, era capaz de trasladar hasta 9 toneladas de droga. “Se hace preciso que las FCSE [Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado] dispongan de medios tecnológicos adecuados para hacer frente a este y otros modus operandi”, recoge la instrucción del Ministerio del Interior. 

Para el año 2024, el Ministerio del Interior destinará 36,9 millones de euros para el Plan Especial para la Zona del Estrecho. De ellos, 17,5 millones irán destinados a reforzar la presencia policial en cuanto a efectivos. Para medios materiales, tecnológicos y de apoyo se presupuestan 19,4 millones en ese plan.

Los clanes del Estrecho no solo están introduciendo hachís. Han sumado la cocaína a su negocio y las plantaciones de marihuana. Y no solo trasladan la droga de Marruecos a España. Según escribe Interior, primero ampliaron al Levante español la zona de destino. “La presión policial ha convertido a nuestro país en un muro de contención de la entrada de drogas en la Unión Europea”, se felicita el Ministerio. Pero esto ha tenido otro efecto, que las bandas locales abren “nuevas rutas hacia Europa como pudiera ser la ruta del Mediterráneo oriental”. Estas redes están asentadas en el norte de África pero “basadas” en los clanes del Estrecho. Ahora, los grandes barcos también buscan puertos de otros países más orientales del Mediterráneo.

Interior insiste en la importancia de profundizar en el seguimiento de las ganancias, la investigación del blanqueo de capitales, para dañar a los clanes de la droga. Como recogía desde su puesta en marcha, la instrucción de la Secretaría de Estado también hace mención a la importancia del contacto con el tejido asociativo de la zona y la concienciación de los peligros del narcotráfico para una población joven en una zona deprimida económicamente y donde el ‘narco’ supone una tentación extendida para hacer dinero fácil. 

Sin alusión a la corrupción policial

El Ministerio del Interior no hace referencia en su instrucción al problema de la corrupción policial pese a que el grado de infiltración del narco ha ascendido en la escala de mando. El pasado mes de abril resultó imputado por cohecho y revelación de secretos el coronel de la Guardia Civil que ejercía de jefe del dispositivo especial puesto en marcha en 2018 para hacer frente a la amenaza del narcotráfico. En septiembre de 2022, cuando Asuntos Internos ya seguía al coronel Oliva, Interior decidió sorpresivamente acabar con el dispositivo Ocon Sur, al que estaban destinados de forma excepcional 150 agentes. 

El caso se encuentra actualmente en fase de instrucción en un juzgado de Parla (Madrid) por decisión del Tribunal Supremo, que dirimió un conflicto de competencias. La sustracción de la información por parte de otro guardia civil imputado, de la que se habría beneficiado Oliva, se habría producido en la sede de Asuntos Internos, en el cuartel de Valdemoro. El coronel quería saber qué información manejaba el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de él en relación con su presunta relación con un clan del Estrecho y, para ello, habría reclutado para su dispositivo especial a un agente del SAI. Un informe de Asuntos Internos revelado por elDiario.es en octubre de 2021 concluía: “Hay un grave problema de corrupción policial en el sur de España”.

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