“Con Catalá tenemos muy poquito que negociar. Lo que tiene que hacer es derogar las tasas”

José Muelas es decano del Colegio de Abogados de Cartagena y uno de los más destacados promotores de la denominada “Brigada Tuitera” que ha emprendido una feroz batalla en las redes sociales contra las tasas judiciales impuestas por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

El grupo está integrado por abogados, jueces, fiscales, procuradores y catedráticos - y ciudadanos que se han ido uniendo-  que iniciaron sus primeras cargas en la red en noviembre de 2013 con el hashtag #justiciasintasas. Ahora son ya más de 8.000 los activistas que exigen al nuevo titular de Justicia, Rafael Catalá, que derogue las tasas judiciales. Como resultado de la presión, el ministro ha anunciado una reforma.

Para el que aún no lo sepa, ¿qué es la Brigada Tuitera?

Si nos ponemos técnicos, lo definiríamos como una acción micropolítica que se concentra en unos objetivos muy concretos: Justicia sin tasas, independiente del poder político, y Justicia con medios porque sin medios es imposible llevar adelante su labor.

¿Hay algún partido político detrás de ustedes?

No, en absoluto. En la Brigada Tuitera hay gente de todos los partidos políticos y gente que no pertenece a ninguno. Con defender estas tres cuestiones que acabo de citar cualquiera puede formar parte de la brigada y trabajar por estos objetivos con nosotros.

Su campo de acción principalmente es Twitter. ¿Consideran un éxito que el ministro Catalá se haya dado por aludido?

El ministro sabe que estamos ahí, en las redes sociales que son la plaza del pueblo, el ágora. Pero no solo ahí. El activismo de clic está bien pero esa coordinación en las redes sociales la llevamos también a otros ámbitos en acciones muy concretas.

¿En qué situación se encuentran las tasas?

Las tasas están recurridas ante el Tribunal Constitucional. Esperamos que antes o después el tribunal declare su inconstitucionalidad porque saben que tienen una ley inconstitucional. El problema es que el Constitucional tiene su propia agenda y uno nunca sabe cuándo puede resolver puesto que tiene pendientes asuntos desde 2004. ¡De hace más de diez años!

Ahora se aproximan las elecciones y nosotros le decimos al ministro que o deroga las tasas o nosotros con los votos  evitaremos que siga en el Gobierno. Y eso es lo que vamos a hacer.

El ministro ha anunciado que va a revisarlas.

Sí, eso ha dicho, pero no las reforma. Lleva cinco meses anunciando que las va a quitar para personas físicas en primera instancia. Y también en segunda instancia, que es brutal porque son 800 euros fijos por interponer un recurso de apelación. Ya veremos. Pero las pymes, que son el 99,8% de las empresas de España, se van a quedar con tasas y esto es terrible. A un aleman o a un ciudadano de otro país europeo le dices que tiene que pagar esa cantidad y se lleva las manos a la cabeza. El problema es que en España la distancia entre las palabras y los hechos ya se mide en mentiras.

También denuncian falta de independencia judicial vinculando esta carencia de alguna forma a la proliferación de casos de corrupción.

Sí, claro. El informe Greco dice que una de las causas por las que hay corrupción en España es por la falta de independencia entre los poderes judicial, ejecutivo y legislativo. Y lo que  recomienda el informe a España es que separe con mucha más claridad el poder judicial de las manipulaciones que puede hacer el resto de los poderes sobre él. El PP llevaba en su programa un aumento de la división de poderes. Aseguró que ocho de los jueces del CGPJ serían elegidos por los jueces de entre los propios jueces. Y la primera acción de Gallardón en relación con la ley orgánica de la ley del Poder Judicial fue hacer justamente todo lo contrario contraviniendo lo prometido por el PP.

¿Usted cree que con una Justicia más rápida y con mayores medios se evitarían muchos casos de corrupción política?

Creo que sí. Cualquier persona, sea o no un político, tiene derecho a que si es acusado injustamente de algo, su caso sea cerrado inmediatamente y no se acabe con su vida por un pleito que puede durar diez años. Y la ciudadanía tiene también derecho a que si un gobernante es acusado de un delito de corrupción y se comprueba que es verdad, que inmediatamente sea removido de su cargo. En los dos casos eso exige justicia rápida. Una justicia que no sea rápida solo sirve para instrumentalizarla y para que se vea esta especie de folletín bochornoso que estamos viendo ahora. Una justicia que sea capaz de dar solución en un plazo muy breve de tiempo eliminaría la corrupción en España. Pero para eso hacen falta medios.

Modernizar la Justicia es la gran asignatura pendiente de todos los Gobiernos, no es algo nuevo.

Sí, por supuesto. Sabemos que la Justicia en España ha sido el hermano pobre de todos los ministerios y no solo durante este último gobierno del PP. Los anteriores gobiernos han tenido en sus manos la inversión para resolver este problema pero no lo han hecho.

¿Han notado algún cambio de talante entre Gallardón y Catalá?

A Gallardón se le conocían malas palabras y malas acciones. Según dijo Andrés de la Oliva, ilustre procesalista de España, “a Catalá no se le conoce una mala palabra pero tampoco una buena acción”. Esta definición servía hasta que el nuevo ministro aprobó proyectos como la ley mordaza en equipo con el ministro de Interior. O el Código Penal con la cadena perpetúa incorporada en la ley de Enjuiciamiento Criminal en la que, además, se introdujo un sistema absolutamente inconstitucional de escuchas telefónicas. Ahora que lo han quitado, Catalá quiere vender como un éxito suyo un problema que él mismo creó. ¡Por Dios, pero si lo puso usted! Por eso digo que ahora no se le conoce una mala palabra pero sí le conocemos malas acciones.

Se han reunido ustedes con todos los grupos parlamentarios para ver el apoyo que tiene su exigencia de derogar las tasas. ¿También con el PP?

Hemos hablado con todos los grupos salvo con el PP porque el PP defiende las tasas. En los demás grupos no solo hay unanimidad absoluta en la necesidad de que se deroguen las tasas, es que además nos ayudan presentando iniciativas en el Parlamento. Incluso Podemos en Bruselas.

¿Y con Catalá no se han reunido para hablar de todo esto?

Con Catalá es que tenemos muy poquito que negociar. El ministro lo que tiene que hacer de una vez es derogar la ley de tasas. Lleva meses prometiendo y no dando, pero si cobrándolas.

Gallardón aseguró que el dinero de las tasas se destinaría a la justicia gratuita. Ustedes lo ponen en duda.

Es difícil poner un adjetivo para calificar eso. Todo el preámbulo de la ley de tasas se centra en afirmar que esto de las tasas va a servir para mejorar el sistema de justicia gratuita. Pero no es verdad. Era una excusa, una mentira, como se ha visto ahora. Porque en el artículo once de la ley de tasas utilizan la palabra “vincular” que no es lo mismo desde el punto de vista técnico que “afectar”, que significa destinar ese dinero a algo concreto. ¿Por qué emplean ese truco y esa mentira? Con la deliberada voluntad de engañar. Incumplir y vulnerar la ley de tasas debe tener algún tipo de castigo. En estos momentos hay un amplísimo número de abogados que están estudiando ver cómo se salta esa trampita de haber escrito la palabra “vincular” y no la de “afectar” y las consecuencias que pudiera tener todo esto.

¿Y qué le parece la respuesta que ha dado el ministro –o el Gobierno- al diputado de Compromís, Joan Baldoví, diciendo que no sabe dónde han ido a parar los más de 500 millones recaudados por las tasas?

Me parece una respuesta realmente torpe, es una barbaridad porque al menos tiene que saber que ese dinero está en la caja común. Lo que no puede decir es que se ha perdido. Al menos tendría que haber dicho que está en la caja común y que lo que no sabe es a qué se ha aplicado. Pero responder eso demuestra la bajísima calidad y el poco respeto que tienen hacia algunas cosas.

¿Qué pasos cree que va a dar el ministro con respecto a las tasas?

Mi impresión es que va a buscar un efecto electoral con una tramitación parlamentaria durante los siguientes meses mientras sigue cobrando las tasas judiciales. Y nosotros seguiremos utilizando todas las herramientas que tenemos para seguir denunciando ese uso político. El ministro solo puede elegir entre irse quitando él las tasas y tratando de recuperar algunos votos, o irse con la vergüenza de haber mantenido la ley y que las quiten otros.

¿A la Brigada Tuitera le espera entonces larga vida?

¡Sí! No vamos a licenciar a la tropa. Vamos a seguir movilizándonos. Porque son objetivos muy importantes los que nos hemos propuesto y hasta que no los logremos aquí nadie se licencia de la Brigada.