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Las causas judiciales contra Ulibarri hacen peligrar la licencia de Televisión de Castilla y León

El magnate de la construcción José Luis Ulibarri, en prisión sin fianza, es el dueño de la mitad de RTVCyL a través de su sociedad Edigrup

El presidente de la tele autonómica es la mano derecha y socio de casi todas sus empresas y está imputado también en el mismo sumario de corrupción 

Ulibarri se enfrenta además a una petición de 7 años de cárcel por Gürtel y su condena haría inviable mantener la licencia de los dos canales de la Junta

El Gobierno de Castilla y León evita pronunciarse, por el momento, sobre el futuro de la televisión, en caso de que su copropietario sea condenado

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, junto al empresario José Luis Ulibarri, en un vídeo de la televisión autonómica de Castilla y León.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, junto al empresario José Luis Ulibarri, en un vídeo de la televisión autonómica de Castilla y León.

La continuidad de la televisión autonómica de Castilla y León (RTVCyL) pende de un par de sumarios de corrupción. La concesión de la Junta de Castilla y León de sus dos canales de TDT tendría que anularse si uno de los dos empresarios que forman fuese condenado. Radio Televisión Castilla y León que recibe subvenciones públicas millonarias de la Junta por prestar ese "servicio público", está integrada por dos empresas, Promecal, del constructor Antonio Miguel Méndez Pozo, yEdigrup, del constructor José Luis Ulibarri. Este último está actualmente en prisión comunicada sin fianza por la operación Enredadera, una trama en la que se le considera cabecilla y en la que presuntamente se amañaban concursos públicos relacionados con la gestión de tráfico, entre otros.

El contructor Ulibarri se enfrenta además a una petición de 7 años de prisión por el caso Gürtel. El juicio de esta pieza separada se celebrará en cuestión de meses. Su mano derecha y socio en casi todas sus empresas, Miguel Hernán Manovel, fue también detenido también en la Operación Enredadera, y continúa imputado como parte de esta trama de corrupción.

La detención de ambos cayó como una bomba tanto en RTVCyL, que no informó de los arrestos y por supuesto también en la Junta de Castilla y León donde Ulibarri es uno de los empresarios de cabecera. En la televisión se niegan a pronunciarse sobre esa "delicada situación", tal y como la definió uno de sus responsables a eldiario.es. 

La adjudicación de los dos canales TDT de la Junta de Castilla y León se produjo en 2009. Al concurso optaron dos empresas: Kiss TV y la sociedad formada por Edigrup y Promecal, antiguos rivales que se unieron por recomendación del Ejecutivo regional, según pudo saber este diario. Era la única manera de que esa concesión se quedase en empresas de la Comunidad y además se garantizase su supervivencia, porque hasta entonces ambas emitían en sus canales analógicos. La duración del contrato era de diez años y habría vencido en marzo de 2019 si un cambio en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, no hubiese ampliado a 15 años las concesiones vigentes para transformarlas en licencias desde el momento de su transformación. Esa modificación legal garantiza su continuidad hasta 2025, a menos que Ulibarri sea condenado en algunas de las causas en que está imputado. Con una sentencia firme en contra, sus empresas no podrían optar a ayudas públicas ni a contratos de la administración.

 La Junta otorga cada año una subvención directa que oscila entre los 18 y los 25 millones de euros a la televisión autonómica. En los últimos 9 años ha recibido más de 170 millones de la Junta sin contar la publicidad institucional. Este dinero, una vez recibido, se divide en dos, una mitad para Promecal y otra para Edigrup. Según fuentes de la Junta de Castilla y León "la cuantía económica que se destina aRTVCyL es una propuesta que plantea la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre, compuesta por la Junta de Castilla y León y todos los grupos parlamentarios, que hasta la fecha siempre se ha acordado por unanimidad, y que responde a los objetivos de interés público que se proponen".

La versión que da la Junta es discutible. La cantidad concedida en febrero de 2018, 18 millones, venía predeterminada en el proyecto de los presupuestos de 2018, en la sección de Fomento y Medio Ambiente, y en concreto para la Dirección General de Comunicaciones. El objetivo reseñado era "fijar las necesidades de interés público que deben ser atendidas por el servicio de televisión digital terrestre de ámbito autonómico" y las actuaciones "producción de programas de contenido informativo y producción audiovisual de Castilla y León". Como beneficiarios se apuntaba a "todos los ciudadanos de Castilla y León que puedan recibir la televisión digital terrestre de ámbito autonómico".  La ayuda se llevó a la comisión de seguimiento para su aprobación, pero con la cantidad ya fijada. Así lo aseguran varios integrantes de la misma, que aseguran a eldiario.es que en ese organismo ni se decide cuánto, ni se aborda el por qué. Tampoco es objeto de fiscalización económica. 

Este tipo de ayudas públicas ya ha suscitado problemas con Hacienda y en los tribunales. En 2011, la Agencia Tributaria reclamó el pago del IVA correspondiente por considerar que el dinero público que recibe no es una subvención, sino una prestación de servicios. La televisión tuvo entonces que empezar a pagar el IVA. Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional condenó a la Junta a abonar 28 millones de euros. Esa primera reclamación de Hacienda en 2011 se saldó con 37 despidos. 

El siguiente objetivo en el que trabaja RTVCyL es el de subrogarse los contratos de los trabajadores de Edigrup y Promecal. Desde la televisión reconocen que el IVA que hay que pagar es una de las razones aunque "hay algunas más" que no precisan. El futuro de esos empleados en el caso de que RTVCyL desapareciese es otra de las incógnitas que desde la televisión se niegan a desvelar. 

Una tele gestionada por un acusado de financiar al PP  

La única solución para salvar RTVCyL si Ulibarri, que sigue en prisión definitiva, resultase condenado pasaría porque Promecal buscase otro socio pero, según fuentes de la empresa, de momento, no quieren avanzar qué se haría en un "escenario tan desastroso". Argumentan que concluir que el principal cabecilla de la Operación Enredadera que lleva varias semanas en prisión puede acabar condenado es hacer "política ficción".

En el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera, de momento, también prefieren esquivar la pregunta: "La vinculación de la Junta de Castilla y León es con Radio Televisión de Castilla y León, S.A. Y en relación con las decisiones judiciales que en un futuro pudieran producirse, en el caso de que afectasen a esta vinculación con RTVCyL, se valorarán en su momento". 

Quienes sí empiezan a vislumbrar ese escenario son los grupos parlamentarios en la oposición. Para el portavoz de IU-Equo, José Sarrión, el modelo de televisión es "insólito". "No es ni público ni privado, sino privado-subvencionado", considera Sarrión. "Desde IU apostamos por modelos de televisión pública y en este caso habría de desarrollarse buscando fórmulas jurídicas que permitan un futuro laboral a la plantilla actual de trabajadores y trabajadoras de Edigrup y de Promecal, que no tienen culpa alguna de este modelo". 

Para el PSOE, el modelo escogido por la Junta "tiene la ventaja de que es el menos costoso para las arcas públicas, pero no es perfecto". Según el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, "todo el modelo, su presente y su futuro, está en riesgo". Para el líder de los socialistas en Castilla y León, "es imposible que una televisión sufragada con fondos públicos sea gestionada por alguien acusado en la trama Gürtel, a quien se le imputa financiación ilegal del PP, y que ha sido encarcelado hace unas semanas por su participación en otra trama de corrupción. La misma exigencia ética que pedimos a los responsables públicos debe establecerse para quienes reciben dinero de todos. Es un buen momento para redefinir el modelo, para mejorar la calidad y la transparencia, pensando siempre en los puestos de trabajo y en las condiciones laborales de sus profesionales", declara a eldiario.es. 

La procuradora de Podemos, Natalia del Barrio, se pronuncia en líneas parecidas. "Este modelo no se puede mantener, es para una empresa privada que no mira el interés general, porque está para obtener unos beneficios económicos y se olvida de la calidad y de la información. El objetivo tiene que ser informar y educar con calidad. El contrato es deficitario para los ciudadanos, que pagan y no tienen servicios de interés general", asegura. Como ejemplo, Del Barrio se refiere a la forma en que RTVCyL trató la información de la Operación enredadera: ocultando la detención de su presidente y del dueño de Edigrup, Miguel Manovel y José Luis Ulibarri, y el encarcelamiento de este último. 

A pesar de todo, desde la televisión autonómica insisten en la "calma y prudencia que existe entre los trabajadores" a pesar la complicada situación. Su presidente, en libertad con cargos, no ha mantenido ninguna reunión para informar a los trabajadores ni se ha reunido con el resto de directivos. "Es que él no trabaja en la tele", subrayaron.

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