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El presidente del Poder Judicial llama “posverdad” al argumento de Torra para exigir la absolución del 1-O

El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes

Pedro Águeda

Un año más, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha impregnado todo su discurso de Apertura del Año Judicial de referencias al desafío soberanista en Cataluña, que coloca a España “en uno de los momentos más delicados de su historia reciente”. Ante Felipe VI, Lesmes ha dicho que exigir “impunidad” amparándose en la “voluntad popular” es un ejemplo de “posverdad”.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha exigido la absolución de los procesados en la causa del 1-O porque su actuación respondió al deseo de votar de los catalanes. Este lunes, Lesmes ha dicho: “Frente a la posverdad, que persigue la impunidad bajo el cobijo aparente de la voluntad popular, los ciudadanos han de percatarse de que la respuesta del Poder Judicial se encamina a evitar el daño que supone desarbolar, ni más ni menos que todo un pacto de convivencia intergeneracional”.

El presidente del Poder Judicial ha advertido contra “las disgregaciones entre ley y democracia, ni entre democracia y Poder Judicial”. “Lejos de debilitar a los jueces, reafirman, por el contrario, su operatividad para responder con eficacia y absoluta independencia las embestidas contra el marco amalgamados que representa la Contitución”, la Norma Fundamental a la que ha aludido continuamente Lesmes en su cuadragésimo aniversario.

Sin una mención expresa, Lesmes ha salido en defensa del instructor del 1-O, Pablo Llarena, y ha aludido a la querella presentada contra él en Bélgica por la defensa de Puigdemont y otros encausados. “Se intenta erosionar la legitimidad del Poder Judicial mediante acciones que exceden con mucho la libertad de expresión o el derecho de defensa”.

De un modo similar ha aludido a la negativa de un tribunal regional alemán a entregar al expresident para ser juzgado por rebelión. Decisiones como esa provocan grave incertidumbre“ y ”la generalizada percepción de una irremisible pérdida de virtualidad de ciertos instrumentos de cooperación judicial“.

“Autonomía” de la Fiscalí“a

En un momento en que la Fiscalía del Tribunal Supremo ultima su escrito de acusación para la causa del 1 de octubre, la fiscala general del Estado, María José Segarra, reiteró que el Ministerio Fiscal “actúa con absoluta autonomía y solamente al servicio del principio de legalidad”.

Está previsto que el juicio se celebre en el próximo mes de noviembre y está por ver qué delitos dirige la Fiscalía y contra qué acusados, en una causa abierta por rebelión, castigado con hasta 25 años, sedición y malversación.

Segarra calificó de “legítimas aspiraciones políticas de una parte de la sociedad” el movimiento separatista en Catalunya, pero adviertió de que “no hay nada más democr´tico que la ley, porque la ley nos vincula a todos”.

“El insigne juez británico Denning, parafraseando a Thomas Fuller, señalo que: No importa cuán elevado estés, la Ley siempre estará por encima. No puede haber excepciones a esta regla porque lo contrario supone la quiebra misma de la propia democracia”, ha añadido Segarra.

La fiscala general ha apostado, por otro lado, por “realizar una adecuada ponderación” entre las libertades de expresión, información u opinión y los actos que supongan “hechos discriminatorios o de humllación a las víctimas”.

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