La ley de vivienda forzará a los partidos a posicionarse en plena precampaña

La política estatal ha adquirido velocidad electoral a apenas un mes para que arranque la campaña de las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Entre viajes y actos políticos, los partidos del Gobierno y los socios parlamentarios están inmersos desde hace semanas en la fase crucial de la negociación de la ley de vivienda, con el objetivo de que salga adelante antes de que se abran las urnas. Por los tiempos parlamentarios, el Congreso tiene muy difícil aprobar ese texto antes de que comience la campaña, pero el debate sobre la primera norma que regulará los alquileres en la democracia forzará a todos los partidos a posicionarse, incluido al PP o a las formaciones de la derecha, que se han mostrado contrarias a intervenir los precios del mercado inmobiliario. 

Los problemas para pagar el alquiler se han convertido en una de las principales preocupaciones para la población en los últimos años, especialmente para las personas jóvenes que viven en grandes ciudades. El precio del alquiler en Madrid ha subido en torno a un 10% en el último año. En ciudades como Málaga han visto incrementarse los alquileres en un 50% en los últimos seis años. Ante un panorama como este, una reciente encuesta de Simple Lógica para elDiario.es revelaba que un 66% de la población reclama que se fijen topes para los precios del alquiler. La preocupación expresa por la vivienda ha escalado también en los últimos barómetros del CIS. 

Aunque la ley que salió del Consejo de Ministros establece un marco regulatorio a nivel estatal, las competencias de vivienda pertenecen a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y son esas instituciones las que deberán decidir, una vez aprobada la norma, si deciden aplicar los topes al alquiler que ampararía el texto. Es por esta circunstancia que los partidos progresistas están especialmente interesados en que la norma quede aprobada antes de la campaña, para poder exhibir en los actos electorales de aquí a mayo el que sería uno de los principales hitos del Gobierno. 

Este mismo lunes, Podemos volvió a insistir a sus socios de coalición sobre la necesidad de llegar a un consenso cuanto antes para que la ley pueda recibir el aval del Congreso. El coportavoz de Podemos Pablo Fernández urgió en rueda de prensa al PSOE a sacar adelante la ley dado que están “muy cerca” de un acuerdo. “Más que centrarse en hablar de cuestiones internas de otros partidos políticos”, señaló, en referencia a las conversaciones entre Podemos y Sumar, Fernández pidió a su socio que “se vuelque en las próximas semanas en conseguir garantizar que la vivienda sea un derecho real para todos los españoles”.

Aunque la ley salió del Consejo de Ministros en segunda vuelta hace meses, con la firma de la titular de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, el texto necesita los votos del bloque de la investidura para salir adelante en la Cámara Baja y, después, para ser ratificada en el Senado. Es en este punto, en conseguir un texto que satisfaga al mismo tiempo al PSOE y a PNV, ERC y EH Bildu, donde radican las dificultades que han experimentado las negociaciones en las últimas semanas. 

La sintonía entre las partes negociadores es buena. En ERC ven desde hace tiempo importantes avances y un buen clima en las negociaciones que, dicen, invitan al optimismo. En Podemos, que habían lamentado en febrero algunos retrocesos en las conversaciones, creen que se podrá llegar a un acuerdo en breve que pueda servir como una importante bandera electoral para los candidatos del espacio progresista. Las conversaciones experimentaron un avance a mediados de marzo, con la orden de Pedro Sánchez de acelerar las negociaciones para el acuerdo de pensiones –alcanzado en aquellos días– y para esta ley, tras semanas de desgaste por la negociación de la ley del 'solo sí es sí'.

Por muy rápido que llegue el acuerdo, incluso aunque fuese esta semana, los tiempos parlamentarios alargarían su tramitación definitiva hasta mayo. El texto tiene que quedar aprobado en comisión parlamentaria y después viajar al Pleno para finalmente quedar aprobado definitivamente en la Cámara Alta. Esta semana es inhábil, así como la primera de mayo, por lo que solo quedan dos semanas en abril disponibles. La campaña electoral empieza el viernes 12 de mayo. 

Una cuestión de flecos que se extiende en el tiempo

La aprobación de esta ley es una cuestión de “flecos” prácticamente desde el pasado otoño. Ya entonces, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguró que el Ejecutivo de coalición quería aprobar la nueva legislación “cuanto antes”. “Se están manteniendo reuniones, aproximando posturas, confío que se pueda ver materializada en pocas semanas”, afirmó en noviembre. 

En enero lanzó un mensaje muy similar, pero tratando de dejar claro que, en materia de vivienda todo el Gobierno va en la misma dirección. “Más importante que la atribución de medallas es que llevamos mucho tiempo haciendo un trabajo ingente. Por las fuerzas progresistas no va a quedar aprobar esta ley en las próximas semanas”, recalcó entonces la ministra.

Y, hace unos días, volvió a hablar de que el acuerdo puede estar cerca. “Vamos a ser capaces de aprobar la ley. Lo vamos a conseguir”, reconoció en la rueda de prensa del Consejo de Ministros previo a Semana Santa. “Más allá de esos últimos flecos que estamos perfilando”, afirmó, “seremos capaces de poder alcanzar un acuerdo”. Una necesidad de consenso que ahora convive con el calendario electoral, a poco menos de mes y medio de las autonómicas y municipales.

Los asuntos pendientes

Hay varios puntos pendientes. Entre ellos, cómo quedará el control de precios y dónde podrá llevarse a cabo, dado que la vivienda es una competencia autonómica y ya hay regiones, como Madrid, que no tienen intención de aplicar la legislación. También, cómo desligar el precio de los contratos de alquiler vigentes de la marcha del IPC.

La espiral inflacionista del último año llevó a poner en marcha el tope de los alquileres, que muchos caseros se están saltando con la amenaza de querer recuperar el piso para familiares directos. También, que ligar la revisión de rentas y de alquileres al IPC –como recoge la legislación actual– daña a los inquilinos. “Evidentemente, cómo regulamos las actualizaciones ante las subidas en los precios de los alquileres IPC es una de las cuestiones que se están trabajando”, reconoció Raquel Sánchez la pasada semana. 

Una de las opciones sobre la mesa pasaría por elevar el actual tope del 2% al 3% pero de forma temporal, hasta que esté en marcha un futuro índice de precios del alquiler. El problema es que está por definir cómo se haría este índice y, de hecho, el propio Ejecutivo marcó en el Proyecto de Ley que se daba un plazo de 18 meses para diseñar cómo será el “sistema de índices de precios de referencia”. Ahora, ese tiempo de año y medio podría acortarse.

Ahí entra otro fleco o problema. Ese sistema de precios de referencia, a no ser que haya cambios en el Congreso, solo se aplicaría en zonas tensionadas, donde el precio del alquiler haya subido, al menos, un 5% por encima del IPC en los últimos cinco años. Un requisito que, con la inflación de 2022, de nuevo saltaría por los aires.

Además, la declaración de zona tensionada, según el redactado actual, solo la podrían realizar las comunidades autónomas, lo que limita drásticamente la efectividad de la Ley en territorios gobernados por el PP o por formaciones políticas que no sean afines al espíritu de la nueva legislación. Por ello, los sindicatos de inquilinos reclaman que los ayuntamientos también tengan capacidad para declarar ciudades o zonas de este tipo con precios tensionados, para poder poner en marcha el control de precios.

Otras cuestiones pendientes son la definición de qué se considera un gran tenedor o propietario. En el texto que consensuó el Gobierno se cifraba en 10 inmuebles, que podrían rebajarse a cinco, pero manteniendo el requisito de que los propietarios sean sociedades, no particulares, lo que reduce las viviendas sobre las que aplicar la limitación de rentas. 

También, quién tiene que pagar los honorarios de las agencias que alquilan los pisos, dado que actualmente son los propietarios quienes contratan estos servicios pero son los inquilinos quienes pagan las comisiones. El cambio pasaría por que el pago corresponda a los arrendadores, salvo que sean los arrendatarios los que contraten el servicio de las agencias porque necesitan ayuda para encontrar un piso en alquiler.

Baza electoral para la izquierda, encrucijada para la derecha

Tanto si el acuerdo llega en las próximas semanas como si se alarga más de lo deseado para el Gobierno, el debate sobre la regulación de los alquileres marcará sin ninguna duda los debates políticos de la próxima semana. Con la ley ya aprobada, los presidentes autonómicos y alcaldes podrían además lanzarse a prometer la declaración de zonas tensionadas en sus respectivos territorios, un punto que dejaría en una situación difícil a los partidos de la derecha, que aspiran a llegar al electorado preocupado por la vivienda, pero que se han mostrado continuamente reacios a intervenir el mercado. 

Este debate ya se produjo el pasado septiembre, cuando el Gobierno central puso en marcha un bono de alquiler joven que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se negó a ampliar. Estos bonos, de 250 euros al mes por un plazo de 2 años hasta un máximo de 6.000 euros por beneficiario, podían ser incrementados en 100 euros más a cargo de las cuentas de las comunidades autónomas. “No es nuestro modelo”, dijo entonces el portavoz del Gobierno de Ayuso, Enrique Ossorio. Dos años antes, con el primer acuerdo de la coalición para una ley que topara los alquileres, el equipo de la presidenta madrileña tachó la medida de “populista”, “demagógica” y vaticinó que acarrearía un aumento de las rentas y de la “economía sumergida”. El actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tachó el proyecto de ley de vivienda, cuando aún era presidente de la Xunta de Galicia, de “atropello”.