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Quién es quién en el mundo de las víctimas del terrorismo

Recorrido por el colectivo a través de 10 de sus rostros más representativos.

La AVT es la asociación mayoritaria, pero no todas las víctimas se identifican con su ideario.

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Arenas asegura que el PP sigue con las víctimas "con todas las consecuencias"

Manifestación de víctimas contra la derogación de la doctrina Parot.

Ángeles Pedraza

La presidenta de la AVT perdió a una hija de 25 años en los atentados del 11-M. Tras la tragedia se afilió a las tres asociaciones con víctimas de la masacre, pero acabó de vicepresidenta en la AVT. En 2010 fue elegida para dirigir la asociación mayoritaria de víctimas y en 2012 revalidó el cargo. Aunque considera el 11-M un “caso abierto”, la mayoría de sus intervenciones públicas están relacionadas con el terrorismo de ETA.

Muy crítica con la gestión del fin de la banda llevada a cabo por el Gobierno del PSOE, también ha protagonizado encontronazos con el PP por asuntos como la excarcelación de Josu Uribetxeberria Bolinaga –el secuestrador de Ortega Lara y enfermo de cáncer– y el plan de reinserción de presos. A pesar de ello, hasta ahora había evitado una manifestación en Madrid contra la política del PP. El domingo, desde la tribuna, criticó el proceso de paz de Zapatero, aludió al ‘caso Faisán’, cargó contra la Audiencia Nacional y el juez del Tribunal de Estrasburgo Luis López Guerra –secretario de Estado de Justicia de Zapatero–, pero evitó mencionar al Gobierno o al Partido Popular. Cuando se oyeron gritos en el gentío contra Rajoy, pidió silencio “por respeto a las víctimas”.

Mari Mar Blanco

Es hermana del concejal del PP en Ermua secuestrado y asesinado por ETA en 1998. Preside, desde su creación, la fundación que lleva el nombre de su hermano. Fue parlamentaria del PP vasco pero quedó fuera en las últimas elecciones, al no revalidar los conservadores el sexto escaño por Álava. Miembro del Comité Ejecutivo del PP, el Gobierno la situó al frente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, organismo que surgió del Pacto Antiterrorista firmado en 2002 por PP y PSOE. Al frente de la fundación está un patronato donde hay empresas privadas y varios ministerios, y en ella se engloban todas las asociaciones de víctimas.

Su anterior presidenta, Maite Pagazaurtundua, evitó durante una década adoptar posiciones partidistas y nunca llevó a la fundación a una manifestación de víctimas. Si ella acudió en alguna ocasión, fue después de remarcar que lo hacía a título individual. Antes de dejar el cargo, Pagazaurtundua logró poner a todas las asociaciones de acuerdo en un documento que exigía un final de ETA “sin impunidad”.

Cuando Mari Mar Blanco fue nombrada, dijo que uno de sus objetivos era lograr “el máximo consenso” entre las víctimas. El viernes, la fundación hizo público un comunicado sumándose a la concentración de la plaza Colón, lo que ha causado un gran malestar entre las asociaciones que no secundaron la protesta. Blanco renunció a cobrar como presidenta de la fundación y su partido le buscó un trabajo en Madrid como asesora del grupo parlamentario. Es miembro del Comité Ejecutivo del PP nacional.

Francisco José Alcaraz

Perdió a su hermano guardia civil y a sus dos sobrinas de 3 años en el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987, cuando tenía 19 años. Presidió la AVT durante la primera legislatura de Zapatero y parte de la segunda, encarnando la oposición más dura a la política antiterrorista del Gobierno. En esa época convocó una decena de manifestaciones que resultaron un gran éxito de asistencia, debido en parte a la movilización realizada por el PP.

Se dio de baja de la AVT y creó Voces contra el Terrorismo. Cuando el Constitucional legalizó Sortu, convocó una concentración presidida por un cartel que emulaba el logo del PSOE y recreaba una pistola manchando de sangre una urna electoral. Su sintonía con el PP acabó cuando este ganó las elecciones y, según él, el partido de Rajoy continuó con la hoja de ruta de un proceso de paz acordado por el PSOE y ETA. Es el referente en el colectivo para los medios de comunicación más escorados a la derecha y ha arremetido en varias ocasiones contra otras víctimas. A la viuda del inspector Eduardo Puelles, uno de los últimos asesinados por la banda, la acusó de caer en el “lenguaje de ETA y su entorno”.

Daniel Portero

Es hijo de Luis Portero, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado por ETA en 2000. Preside la Asociación Dignidad y Justicia, dedicada a personarse como acusación popular en los juicios de la Audiencia Nacional contra el denominado “entorno” de la organización. Dignidad y Justicia recibe una asignación del Ministerio del Interior de 19.000 euros para “asistencia jurídico-penal” del total de los 470.000 que firmó Jorge Fernández Díaz para las asociaciones en 2012. El mayor porcentaje de aquella asignación lo obtuvo la AVT, con un 33,5%, seguida de la Asociación 11-M Afectados por Terrorismo, de Pilar Manjón, con un 21,1%.

Portero, que no compartía los métodos de Alcaraz, se enfrentó a él y fue expulsado de la AVT. Su asociación considera el fallo de Estrasburgo “nulo de pleno derecho” y ha pedido al Gobierno que dé instrucciones a la Fiscalía para que actúe en consecuencia. De los sucesos durante el acto del domingo, Portero ha dicho que “el pueblo es soberano y cuando habla hay que escucharlo”.

Pilar Manjón

Su hijo Daniel falleció a los 20 años en los atentados del 11-M. Preside la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo, que desde el principio descartó las teorías de la conspiración en la masacre de Madrid. Por ello, Manjón se convirtió en el objetivo de los radicales, que veían una mano negra detrás de los atentados y la victoria electoral del PSOE, y no le perdonaban su militancia en Comisiones Obreras. El nivel de las amenazas recibidas fue tan grave que el Ministerio del Interior le llegó a asignar escolta.

Alejada del debate sobre el final de ETA, ella y su asociación se han centrado en la asistencia a las víctimas del mayor atentado terrorista en la historia de España. La Asociación 11-M recibe ayudas del Gobierno central y vasco –por tener víctimas de ese origen– y ninguna de la Comunidad de Madrid, que en el último año destinó 200.000 euros a las asociaciones de víctimas. Manjón denuncia que nunca se le ha facilitado el acceso al concurso. El Ejecutivo madrileño lo niega.

Consuelo Ordóñez

Hermana del concejal del PP en San Sebastián asesinado por ETA Gregorio Ordóñez. Preside la fundación que lleva su nombre y el pasado febrero fue reelegida presidenta de Covite, la asociación vasca de víctimas del terrorismo. Su elección estuvo salpicada de polémica por la denuncia de pucherazo por parte de su rival, Jorge Mota, quien se quejaba de que hubieran votado muchos no residentes en Euskadi y se hubiera incluido como víctimas a los amenazados. Ordóñez defendió que los residentes fuera lo son por la amenaza de ETA y que los amenazados están reconocidos en la Ley de Víctimas.

Covite ha intentado durante toda su trayectoria marcar distancias con la AVT y tener una identidad propia por su carácter de asociación vasca. Esa característica se ha difuminado con la presidencia de Ordóñez, quien acudió a la manifestación del domingo portando una pancarta que decía: “Gobiernos PP-PSOE, responsables impunidad ETA”. En las últimas elecciones autonómicas, Consuelo Ordóñez apoyó explícitamente a UPyD.

Maixabel Lasa

Viuda de Juan María Jáuregui, socialista asesinado por ETA en 2000 después de haber sido gobernador civil de Gipuzkoa. Lasa abandonó el año pasado la dirección de la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, que ocupó desde el año 2001 con los Gobiernos del peneuvista Juan José Ibarretxe y el socialista Patxi López. A pesar de dejar la primera línea, Lasa es el máximo exponente de un grupo de víctimas en Euskadi que ha defendido la construcción de puentes con la izquierda abertzale y la reinserción de los presos de ETA arrepentidos, así como cuantas medidas se han puesto en marcha para ello, como la ‘vía Nanclares’ o los encuentros restaurativos entre víctimas y agresores. Ella misma protagonizó uno de estos encuentros, junto a Luis Carrasco, uno de los tres asesinos de su marido. Recientemente, volvió a pedir que el Gobierno facilite de nuevo esas reuniones.

José Antonio Ortega Lara

El exfuncionario de prisiones protagonizó el secuestro más largo en la historia de ETA, un cautiverio de 532 días que solo acabó cuando lo liberó la Guardia Civil. Militante del PP desde 1987, se convirtió en un símbolo dentro del PP y para un sector de las víctimas. Igualmente, simboliza el rechazo que un sector de las víctimas siente ahora por la actual dirección del partido y el Gobierno. En 2003 fue en las listas del partido por Burgos, pero cuidaba mucho sus intervenciones públicas, hasta que las movilizaciones contra la política de Zapatero lograron contar con él, primero como discreto participante y luego como protagonista, interviniendo en los discursos.

Sin embargo, en mayo de 2008, Ortega Lara se dio de baja en el partido. El motivo, el relevo de María San Gil al frente del PP vasco y la sustitución por otra dirección que rompía con la estrategia abierta de enfrentamiento total con el nacionalismo. Una nueva dirección, primero liderada por Antonio Basagoiti y ahora por Arantxa Quiroga e Iñaki Oyarzábal, a los que un sector de las víctimas no perdona ese carácter aperturista. Oyarzábal fue uno de los dirigentes del PP que más duros insultos recibió al término de la manifestación del pasado domingo.

Joaquín Vidal

Antiguo funcionario de prisiones herido por la explosión de un paquete bomba enviado en 1991 a la cárcel de Sevilla y que provocó la muerte de cuatro personas. Vidal preside la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo, que reúne a las asociaciones de Andalucía –que también preside él–, Galicia, Cataluña, Extremadura y Murcia.

La Federación siempre se ha desmarcado de las críticas a los distintos Gobiernos por su política antiterrorista. En 2008 le fue preguntado si Zapatero agredía a las víctimas, como acababa de afirmar el líder de la oposición, Mariano Rajoy. “Nosotros siempre hemos dicho que las víctimas jamás deben entrar en ese juego para poner o quitar a un presidente. Eso no es lo que a nosotros nos corresponde. No es lo nuestro”, afirmó entonces. Como otros responsables del colectivo, fue llamado el pasado martes por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para explicarle el fallo de Estrasburgo y la labor del Gobierno. A la salida, Vidal afirmó: “Los jueces están obligados a cumplir la sentencia porque, si no, incurrirían en un delito”.

José María Aznar

El expresidente del Gobierno salió ileso de un atentado con coche-bomba en 1995, cuando aún era jefe de la oposición. Se trata de la víctima de ETA que más poder ha tenido hasta la fecha. Pero su influencia no terminó cuando dejó de ser presidente del Gobierno. La fundación que preside, FAES, da cabida a las tesis más duras en la política antiterrorista, que en varias ocasiones han sobrepasado las ejecutadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, caso del fracasado plan de reinserción de presos.

El último ejemplo ha tenido lugar con motivo de la derogación de la doctrina Parot. Mientras el Gobierno intentaba convencer a las víctimas de que había hecho todo lo posible por evitar el fallo y que su aplicación ya era solo atribuible a los jueces, FAES hizo público un documento responsabilizando al Gobierno de Zapatero del desenlace en Estrasburgo, una tesis que caló en los medios de comunicación de la derecha y que al final ha hecho suya la AVT y miembros de la dirección del PP. Aznar es un fijo en las manifestaciones de víctimas, siempre que no tenga compromisos internacionales, y es recibido al grito de “presidente”. Algunas le han recordado que su Gobierno acercó 135 presos de ETA antes incluso de empezar a negociar con la banda en la tregua de 1998.

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