El negocio del testaferro de González con el Canal: sueldo de 30.000 euros al mes y pagos por más de 800.000
Edmundo Rodríguez encontró una auténtica mina en el Canal de Isabel II. Su puesto de gerente en Inassa, la filial que controlaba los negocios en latinoamérica, le garantizaba unos ingresos de 30.000 euros mensuales. La Guardia Civil ha detectado también que el testaferro de Ignacio González facturó al Canal a través de su despacho de abogados por importe de más de 800.000 euros. Los agentes investigan si cobró esas cantidades por trabajos reales o se trata de una facturación ficticia mientras rastrean el pelotazo que dio con la compra de Emissao.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigó sus ingresos y encontró movimientos de dinero sospechosos. Así lo hizo constar en el informe de casi 500 páginas que entregaron al juez Eloy Velasco. Los indicios delictivos sobre el hombre del Canal en América Latina obligaron al juez a enviarle a prisión sin fianza y a tirar del hilo sobre su patrimonio y sus negocios en Colombia, que llevaron a descubrir 260.000 euros en efectivo en su casa de Barranquilla.
Durante las escuchas que realizaron durante meses, los agentes captaron una conversación en la que Rodríguez comenta los generosos ingresos que percibía en su etapa al frente de Inassa. En una de las grabaciones, habla sobre su sustituto en el puesto de gerente, Alberto Muguiro, y comenta que le deben estar pagando lo mismo que a él, algo más de 25.000 euros al mes. En otra conversación en la que se refiere a la indemnización que recibirá tras el despido, eleva esa cifra hasta los 30.000 euros mensuales.
En esa grabación, Rodríguez comenta que está pensando pedir una compensación al Canal por su despido tras la información de sus sociedades off shore. Calculó que iba a pedir entre 600.000 o 700.000 euros por lo que restaba de contrato, que se acababa a finales de 2017, pero la Operación Lezo trastocó sus planes. Tras su despido, se conoció que su sueldo exacto era de 29.000 euros al mes.
De forma paralela, la Guardia Civil localizó otros ingresos que percibió por parte del Canal. Entre 2005 y 2009, cobró a través de su despacho de abogados un total de 720.000 euros. Los pagos anuales van de los 30.000 euros hasta los 189.000 en algunos ejercicios. Durante esos años, su bufete solo facturó a la empresa pública madrileña. Los agentes no saben a qué obedecen esos pagos, que comienzan antes de que fuese nombrado gerente de Inassa.
Rodríguez comenzó su andadura en esa filial en el año 2006 y desde ese año los agentes solo han encontrado un pago por parte de Inassa de 81.694 euros. No hay pagos mensuales a su bufete de abogados, a través del que facturaba su servicios, tan solo ese pago puntual. En total, más de 800.000 euros facturados al Canal y a Inassa través de su bufete, que no se corresponden con su sueldo, y sobre los que los agentes no encuentran justificación.
Sociedades en Hong Kong y Panamá
Rodríguez tenía toda una red de empresas en España y el extranjero que los agentes localizaron durante su investigación. En nuestro país creó primero Rodríguez Sobrino Abogados Asociados en 1998 y Rodríguez Sobrino Abogados en 2006, empresa que cerró el año pasado. Fue con estas dos sociedades con las que facturaba sus servicios al Canal de Isabel II.
También controlaba Iberoamericana de Inversiones y Proyectos, una empresa dedicada a la compraventa de inmuebles, a través de la que participaba en Audiovisual 2000 Española, la empresa editora del periódico La Razón, de la que tiene el 23,90% de las acciones. Entre 1997 y 2006 también fue representante de la sociedad Rochester Ibérica 2000.
Fuera de nuestro país, los agentes hacen constar que Rodríguez posee las sociedades que aparecieron en los Papeles de Panamá y que le costaron el cargo al frente de Inassa: Idra Drilling Equipment, Asia Drilling Equipment y Luntam, las tres con sede en Hong Kong. Los agentes comprobaron esa información gracias a una carta que Rodríguez envió a su socio Ignasi Maestre y que los agentes intervinieron. Maestre era quien le gestionaba esas sociedades y con quien dio el pelotazo de Emissao.
Durante la investigación se ha revelado la existencia de otras sociedades que la Guardia Civil no localizó en un primer momento, como Amalfi, radicada en Panamá. Esta sociedad es fundamental en la operación de la compra de Emissao, en la que el juez y los fiscales creen que se desvió dinero pagando un precio inflado por la compañía, al borde de la quiebra. Los agentes que se desplazaron a Colombia encontraron documentación sobre transferencias desde Suiza, el país en el que se abonó el pelotazo de Brasil, a las cuentas de Amalfi en Panamá de las que Rodríguez es titular.
