Piden condena contra Paraguay por un juicio político y el Estado niega cargos

San José, 3 mar (EFE).- Representantes de dos magistrados destituidos en un juicio político en Paraguay en el 2003, pidieron este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una sentencia contra el Estado por violar la independencia judicial, mientras que los agentes estatales afirmaron que todo se realizó a derecho.

El caso se refiere a una serie de presuntas violaciones a los derechos de Bonifacio Ríos Ávalos, presidente de la Corte Suprema de la época, y del entonces magistrado Carlos Fernández Gadea, ya fallecido, quienes fueron destituidos por “mal desempeño”, lo que, según la demanda, conllevó un alto nivel de discrecionalidad.

En el cierre de la audiencia de 3 días por este caso, Edgar Ralón, agente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente que eleva los casos a la CorteIDH, manifestó que “el juicio político no cumplió con el principio de independencia judicial, no hubo reglas claras que garantizaran el debido proceso” y que se efectuó con “una causal vaga” que permitió que se enjuiciaran a los magistrados por sus decisiones judiciales.

También señaló que no hubo una vía para que los magistrados apelaran la destitución y que todo este proceso se enmarcó en un “contexto de remoción de altos cargos judiciales como parte de un proyecto político” del entonces presidente Nicanor Duarte.

Por su parte, Sara Parquet, una de las representantes de las presuntas víctimas, afirmó que los magistrados fueron enjuiciados políticamente por supuestos actos de corrupción que no tenían sustento y que nunca fueron comprobados.

“Nadie pretende eliminar el juicio político y que no exista control mutuo entre poderes. Lo que se pretende es que tengan estándares y se respetan los derechos y garantías de las personas que son sometidas a este tipo de juicios”, expresó.

Los demandantes solicitaron, entre otros cosas, que se restituya a Ríos en un cargo en el Poder Judicial, indemnizaciones económicas para Ríos y la familia de Fernández Gadea, así como garantías de no repetición de los hechos.

Por su parte, el procurador general de Paraguay, Juan Rafael Caballero, afirmó que el Estado “no violó derecho humano alguno” en este caso, pues los magistrados gozaron del derecho a la defensa y “se cumplieron todas las garantías del debido proceso”.

Caballero aseguró que tampoco se violentó la independencia judicial, pues considera que el proceso se llevó a cabo respetando la Constitución paraguaya.

El procurador también recordó que las destituciones fueron aprobadas de forma unánime en el Senado y que un juicio político “no es penal y no persigue castigar sino separar del cargo”, y que se trata de un “juicio de responsabilidad política reservado para quienes desempeñan altas funciones”.

Tras finalizada este miércoles la audiencia, las partes tienen un plazo de un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces los jueces emitirán una sentencia dentro de los siguientes meses.

La CorteIDH tiene su sede en Costa Rica pero debido a la pandemia de la covid-19 las audiencias las lleva a cabo por vídeo conferencia.