El PP intenta arrinconar al Gobierno por sus problemas judiciales

La acumulación de causas judiciales directa o indirectamente relacionadas con el Gobierno ha empujado al PP a aparcar el 'giro social' con el que arrancó el curso político para intentar arrinconar a Pedro Sánchez y los suyos en los tribunales. En el partido de Alberto Núñez Feijóo reconocen en privado que el Ejecutivo tiene en su mano sacar los Presupuestos Generales de 2025, lo que podría garantizar a Sánchez una legislatura completa o casi completa. Y buscan nuevas vías de desgaste, así como tapar la pifia sobre la ley que acumula las penas de cárcel cumplidas en otros países y que podría beneficiar a presos de ETA.

La sesión de control de este miércoles fue un claro ejemplo del giro táctico que el PP puso en marcha el domingo. El partido de Feijóo convocó de forma sorpresiva una rueda de prensa en la sede nacional posterior a un comité de dirección extraordinario. La secretaria general anunció a los medios que presentarían una querella al día siguiente. Nada más. 

Al día siguiente, el PP presentó una querella ante la Audiencia Nacional que tiene como única fuente de prueba un artículo periodístico basado en un único testimonio anónimo. Y aunque en la dirección son conscientes de que la jurisprudencia indica que la querella será rechazada por no aportar ningún elemento probatorio, creen que el objetivo está cumplido: poner el foco en las supuestas bolsas llenas de dinero que empresarios llevaban a la sede socialista de Ferraz. 

Es decir, lograr titulares de prensa que desviaran el foco de sus propios errores parlamentarios, encarnados en el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado. El protagonismo de uno de los principales dirigentes de Feijóo se ha visto reducido a la mínima expresión tras sus patinazos de la semana pasada. 

Así, tanto la convocatoria del domingo como la actuación del lunes en la Audiencia Nacional no buscan tanto seguir el desarrollo judicial del asunto como incidir en la conversación pública. De la misma manera, este martes el PP pidió a la Junta de Portavoces permiso para cambiar las preguntas de la sesión de control del miércoles. El partido pudo hacerlo la semana pasada dentro del plazo pertinente, pues ya se habían publicado las nuevas informaciones sobre las posibles tramas corruptas. Pero esperó a reclamarlo fuera de plazo y, como podían prever, se encontraron con el rechazo de los demás grupos parlamentarios.

Dio igual porque el PP convirtió el control al Gobierno en un monográfico sobre el ‘caso Koldo’, la posible imputación de José Luis Ábalos, la causa abierta contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez. Y, de forma inesperada, la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García. Todas las preguntas lanzadas al Gobierno fueron reformuladas sobre la marcha para abordar la corrupción.

Feijóo dio por “sentenciado” a un Sánchez que salió, como suele, al ataque: “Tápense un poco, que de la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada letra del abecedario”. La réplica le llegó de boca de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ironizó con la “B de Begoña”. Su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ya anticipó hace unos días que García acabaría imputado (“pa’lante”, en su jerga tuitera). Y con él, algunos más. Este mismo miércoles anticipó la inminente imputación de Ábalos.

Después de Feijóo, llegaron los demás: Gamarra, Elías Bendodo, Borja Sémper, Tellado… todos con el mismo tema. Se acabó la conciliación familiar, la vivienda, el paro, la “crisis migratoria” y los nuevos cargos en la UE. Solo corrupción. Como si fuera 1995.

Sánchez: “Nada me va a apartar un milímetro de mi camino”

En el Gobierno, mientras, intentan sacudirse como pueden los reveses de esta semana. Aunque sean casos muy diferentes que generan grados de preocupación muy distintos en el equipo del presidente, lo cierto es que en apenas 72 horas se han sucedido la querella del PP por financiación ilegal, la imputación del fiscal general del Estado y la petición de imputación de Anticorrupción a José Luis Ábalos por cohecho, tráfico de influencias y organización criminal, el más sangrante de largo para las filas socialistas de cuantos frentes tienen abiertos en los tribunales. 

Por mucho que el PSOE decidiera soltar amarras con Ábalos en cuanto estalló el caso Koldo y le tramitase su expulsión del partido y lo echase al Grupo Mixto en el Congreso, las últimas revelaciones de la UCO sobre el exministro y exsecretario de Organización de Ferraz han supuesto un varadero mazazo en la Moncloa. Porque potencia la gravedad del primer gran caso de corrupción en el seno del Ejecutivo de Pedro Sánchez y porque afecta de lleno a uno de los hombres en quien más confianza depositó el presidente y a quien, por tanto, más poder otorgó. Y porque el caso tiene hasta un peso simbólico: Sánchez llegó a la Moncloa como antídoto a la corrupción del PP gracias a una moción de censura que defendió el propio Ábalos en defensa de la regeneración. 

Algunas voces desde Ferraz y el Gobierno han reaccionado estos días a ese duro golpe con un cuerpo a cuerpo con la oposición respecto a la lucha contra la corrupción. Y han intentado tirar del ‘y tú más’ con la larga lista de escándalos que afectan al PP y que aún se dirimen en los tribunales. El propio presidente aludió a la misma este miércoles en el Congreso. “Tápense un poco, que de la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada letra del abecedario”, le dijo a Feijóo en la sesión de control. 

Pero el entorno más cercano al presidente sabe de la sensibilidad del electorado progresista respecto a la limpieza institucional y es consciente de que el desgaste de la izquierda por los casos de corrupción nada tiene que ver a cuando afecta a la derecha. Y es por eso que Sánchez, por primera vez, llegó a pedir perdón a la ciudadanía por el escándalo de Ábalos y el ‘caso Koldo’. “Es un caso de corrupción que yo lamento y por eso pido disculpas a la ciudadanía”, dijo en el Congreso en respuesta a una interpelación de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. 

A partir de ahí, el PSOE califica de “guerra sucia” el resto de frentes judiciales abiertos por la derecha contra el Gobierno. Sin censurar abiertamente la actuación del Tribunal Supremo, el Ejecutivo sí salió en tromba a defender al fiscal general del Estado tras su imputación por presunta revelación de secretos en el escándalo del fraude fiscal de la pareja de Ayuso. 

“Estoy seguro de que quedará en nada. Me he leído el auto con mucho detalle y quiero de nuevo reiterar mi respeto a la resolución. Se inicia una investigación y veremos en lo que queda. Confío en la justicia y en que nadie pueda tener problemas por desmentir un bulo. Confío en que la verdad y la justicia prevalezcan”, dijo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en una comparecencia en el Congreso. 

En términos aún más explícitos de defensa al fiscal general del Estado se expresó también en el Congreso la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. “Defiendo la profesionalidad y honorabilidad del señor García y todo el trabajo que viene realizando al servicio de España. Aquellos a quien no les gusta las resoluciones judiciales y las actuaciones de la fiscalía, intentan demonizarlo. La fiscalía se defendió únicamente de una mentira de la señora Ayuso. Su pareja cometió delito fiscal y mintió diciendo que le ofrecieron un pacto”, defendió Montero al fiscal. 

En paralelo, y como antídoto a la ofensiva de la oposición, el Gobierno trabaja a marchas forzadas por reactivar la legislatura. Según ha podido confirmar elDiario.es de fuentes parlamentarias, los contactos entre el PSOE y Junts se han intensificado en los últimos días y las partes consultadas coinciden en señalar que se han producido algunos avances respecto a la posibilidad de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. “En eso tiene usted razón, señor Bendodo, este país va a tener Presupuestos Generales del Estado en 2025”, le dijo al vicesecretario del PP tras filtrarse su intervención a puerta cerrada ante cargos públicos de su partido a los que confesó su convencimiento de que Sánchez logrará sacar adelante las cuentas y sostener una legislatura larga. 

También desde su escaño y en su choque dialéctico con Feijóo en la sesión de control el presidente advirtió tras los ataques de la derecha: “Nada ni nadie me va a apartar un milímetro de mi camino. Se les va a hacer largo porque se comportan como si quedaran diez diez días y quedan más de mil días de legislatura”. 

Podemos también aprieta por la izquierda y Sumar cierra filas con Sánchez

Las acusaciones de corrupción al Gobierno no le llegaron únicamente por su costado derecho. Podemos aprovechó su cupo en la sesión de este miércoles para preguntar al presidente y aunque la mayoría de cuestiones que planteó su secretaria general, Ione Belarra, estaban relacionadas con la vivienda o con el conflicto en Gaza, también le reprochó la corrupción. “Ser de izquierdas es dejar atrás la corrupción”, le dijo. “Y me indigna que mientras algunas estábamos intentando congelar alquileres algunos en su Gobierno metían la mano en la caja igual que el hermano de la señora Ayuso”, añadió. 

El presidente recogió la mención para defender las actuaciones de su Gobierno contra el caso Koldo, pero también para pedir disculpas a la ciudadanía. “No somos iguales ni en partidos ni en personas. En un caso de corrupción, que yo lamento y para eso pido disculpas a la ciudadanía, actuamos desde el inicio. Ellos lo que hacen es tapar la corrupción y alzar precisamente a la presidencia a aquellos que tapan esa corrupción”, contestó Sánchez. 

Podemos apenas unos días atrás había sugerido que Sánchez conocía lo que ocurría en el Ministerio de Transportes en los meses en los que se desarrolló la trama. El lunes llegó incluso a comparar la situación con la caja B del PP. “La corrupción del PP no era ajena a M. Rajoy y es inverosímil que la corrupción del caso Koldo fuese ajena a Pedro Sánchez”, dijo en una rueda de prensa su secretario de Organización, Pablo Fernández.

Sumar ha tomado una actitud distinta en este asunto. A pesar de haberse mostrado desde el principio contundente contra la corrupción y haber pedido que se investigue hasta el final lo que ocurrió considera que el caso no salpica a Sánchez. “El presidente ha dado todas las explicaciones”, dijo este lunes el portavoz de la coalición en el Gobierno y ministro de Cultura, Ernest Urtasun. 

Con el caso de García Ortiz la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha seguido la misma línea que su socio de gobierno para defender la actuación de la institución en todos estos meses. “Respeto absoluto a todas las instituciones del estado y respeto y apoyo a la labor del fiscal general”, dijo, en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso en las que aprovechó para pedir al PP que abandone su estrategia y asuma que a seguir en la oposición “durante mucho tiempo”. “Me gustaría que la forma de hacer política en este país cambie de una vez por todas”, insistió.