La mediación en el SAMA no desbloquea el convenio de la limpieza de Zaragoza y UGT apunta al calendario electoral

La reunión celebrada este miércoles en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) sobre el convenio colectivo de FCC Medio Ambiente en Zaragoza ha terminado “sin avances significativos”, según UGT Servicios Públicos Aragón. El sindicato atribuye el bloqueo a la “ausencia de una intención real de negociar”, pero no señala solo a la empresa. También exige responsabilidad a “todos los miembros de la mesa negociadora” y advierte del riesgo de “nuevas movilizaciones en noviembre en plena campaña electoral”. Son las que preparan CGT y CCOO, el bloque sindical enfrentado a UGT en la mesa.

El conflicto afecta a la plantilla de limpieza viaria, recogida de residuos y puntos limpios. UGT la cifra en cerca de 1.500 trabajadores, mientras que los datos expuestos en el pleno municipal de septiembre hablaban de unos 1.400. El convenio anterior está caducado desde diciembre de 2024 y la negociación del nuevo dura ya casi dos años. “La plantilla no puede seguir esperando indefinidamente”, señala Angélica Mazo, vicesecretaria general de UGT Servicios Públicos Aragón.

Según UGT, sobre la mesa hay “avances reales” que permitirían aplicar mejoras de forma inmediata. Entre ellos cita incrementos salariales que mantienen el sistema de antigüedad, el paso a jornada completa de unos 50 trabajadores, mejoras en los pluses de carga lateral y nocturno y una indemnización por fallecimiento o invalidez de hasta 40.000 euros. En conciliación, el sindicato menciona una hora de flexibilidad de entrada o salida para el acompañamiento escolar y la posibilidad de acumular los permisos de maternidad y paternidad a las vacaciones.

El comunicado, sin embargo, no cuantifica la subida salarial, que es el punto que más separa a las partes. FCC cifró su oferta en una subida acumulada del 9,4% para el periodo negociado, mientras la plantilla reclama recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos 15 años. Tampoco la conversión de medio centenar de contratos resuelve la parcialidad. De los aproximadamente 1.400 trabajadores de la contrata, solo unos 950 tienen jornada completa, según los datos del pleno, y hay empleados que llevan años, incluso décadas, trabajando solo los fines de semana.

Una mesa partida por la mitad

UGT sitúa el origen del bloqueo en el reparto de fuerzas. Según el sindicato, la mesa está dividida en dos bloques “de igual peso”: UGT, USO, CSIF y el representante independiente frente a CGT y CCOO. Ninguno de los dos cuenta con mayoría suficiente para firmar en solitario. El sindicato lo contrapone al convenio de Parques y Jardines de Zaragoza, otra contrata de FCC, que según UGT se desbloqueó en el SAMA y fue ratificado por la plantilla.

El tono de UGT se ha endurecido en dos semanas. El 15 de octubre, el sindicato pedía a FCC que “se remangue” para negociar de verdad, y ya entonces cargaba contra quienes “priorizan el enfrentamiento público sin ofrecer alternativas”. Mazo rechazaba en aquel comunicado que el conflicto se instrumentalizara con los calendarios electorales y reclamaba que la plantilla no se convirtiera en “rehén de calendarios políticos”. La nota de este miércoles mantiene esa crítica y añade una advertencia dirigida a los vecinos: la ciudadanía, dice, no puede seguir expuesta a nuevas movilizaciones en campaña.

CGT y CCOO llevan meses en la estrategia contraria. En junio, la plantilla respaldó en referéndum la huelga indefinida durante las Fiestas del Pilar, con 474 votos a favor, 24 en contra y 5 en blanco. La huelga arrancó en octubre, pero ambos sindicatos la desconvocaron una semana después. El Gobierno de Natalia Chueca había fijado unos servicios mínimos del 96%, alegando razones de salud pública, que según los convocantes anulaban la eficacia de la protesta. Un juzgado tumbó después parte de esos servicios mínimos.

Al desconvocar, CGT y CCOO anunciaron un nuevo calendario de huelga a partir de noviembre, coincidiendo con la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. También acusaron a la alcaldesa y a la consejera de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, de alinearse con los intereses de la multinacional.

El Ayuntamiento sostiene que se trata de un conflicto entre empresa y trabajadores en el que no puede ejercer ningún papel negociador. Es, sin embargo, el titular de un servicio adjudicado a FCC por más de 600 millones de euros en diez años, cuyo coste anual ha pasado de 58,6 a unos 72,5 millones de euros. En septiembre, PP, Vox y la concejala no adscrita Marisa Gaspar rechazaron en el pleno una moción de ZeC, transaccionada con el PSOE, que instaba a FCC a atender las reivindicaciones de la plantilla.