“Hay riesgo inminente”: un técnico de emergencias denuncia el “deterioro” de los medios con que trabajan en Aragón

El técnico de emergencias José Villa ha denunciado este miércoles ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón el “deterioro” de los medios con los que trabaja el transporte sanitario urgente y la “situación de riesgo inminente a nivel físico y psicológico” que, según ha expuesto, padecen sus profesionales. Su intervención llega a siete meses de que expire el contrato que el Servicio Aragonés de Salud adjudicó en 2023 y que el Gobierno de Aragón presentó entonces como la mayor apuesta económica de su historia en este servicio.

Según Villa, ese deterioro “quedó constatado cuando en abril los responsables del mantenimiento de los vehículos dejaron constancia al comité de empresa del estado en el que se encuentra la flota de todo Aragón”. “Desde que se hizo cargo del servicio la última empresa hemos tenido incidencias de todo tipo en 2023, en 2024, en 2025 y en 2026, no contamos con un protocolo de agresiones, ni con el apoyo de fuerzas de seguridad en servicios peligrosos y carecemos de condiciones de seguridad y habitabilidad en las bases”, ha detallado. La respuesta de la empresa, ha relatado, es siempre la misma: “que lo estudiará, mientras la situación solo empeora”.

El compareciente ya acudió a esta misma comisión el año pasado para advertir de los problemas de mantenimiento de las ambulancias. Lejos de corregirse, ha sostenido, el escenario ha ido a peor: “Ahora la situación ha empeorado notablemente y sucederá alguna tragedia que luego tendremos que lamentar todos”. Villa ha admitido desconocer el número total de incidencias registradas en la Comunidad, pero ha concluido que “parece que la empresa no está para gastar dinero ni en mantenimiento ni en los sueldos de los empleados”.

Un contrato de 141,7 millones

La empresa a la que alude Villa es Ambulancias Tenorio e Hijos. El Salud formalizó con ella el contrato de transporte sanitario urgente por 126,5 millones de euros para el periodo 2023-2027, y la adjudicataria comenzó a prestar el servicio el 1 de junio de 2023. El Ejecutivo autonómico destacó entonces que la asignación anual pasaba de 19 a 31,6 millones de euros. Meses después, en noviembre de 2023, el Gobierno de Jorge Azcón firmó una modificación para ampliar de 12 a 24 horas la activación de las 23 bases que dan cobertura al medio rural, lo que elevó el importe de 126,5 a 141,7 millones de euros hasta el final del contrato, el 31 de mayo de 2027.

Más dinero no se ha traducido, sin embargo, en mejores sueldos. Villa ha lamentado que los profesionales “tienen los mismos sueldos desde 2018”, una queja que los comités de empresa ya habían llevado antes a las Cortes: denunciaron que los trabajadores están sin subida salarial desde 2018 y que la última propuesta de las empresas era mejorar los salarios en 2027. El técnico ha añadido que “se están usando vehículos muy anteriores a este concurso”. “Parece que tenemos un servicio súper avanzado y es al revés, pero en su mano está establecer mejoras, hacerlas cumplir y controlar que haya unos mínimos de seguridad en las empresas públicas, porque si no lo pagaremos todos”, ha advertido a los diputados.

Las denuncias de la plantilla tampoco son nuevas. Apenas tres meses después del arranque del contrato, los tres comités de empresa del transporte sanitario urgente, uno por provincia, presentaron ante la Fiscalía una denuncia que recogía hasta 83 incidencias, entre ellas una treintena de ambulancias desactivadas en verano por falta de conductor y medio centenar de turnos sin cubrir. La empresa replicó entonces que se trataba de incidencias y no de incumplimientos.

El PP anuncia un pliego distinto

En el turno de los grupos, la diputada del PP Susana Gaspar ha defendido que “hay unas reuniones periódicas entre la empresa y la gerencia del 061 en las que se analizan todos los incumplimientos y se imponen sanciones”, y ha avanzado que “el Departamento de Sanidad no va a continuar con el mismo pliego y el mismo contrato”.

La socialista Carmen Soler ha recordado que su grupo “siempre ha defendido un modelo de transporte sanitario urgente público, con unas condiciones dignas y que atienda a la dispersión territorial”, y ha reclamado que el Gobierno de Aragón esté “vigilante en aras a mejorar el pliego de condiciones futuro”.

Por Vox, Marta Fernández ha reconocido “la importante labor que desempeñan los técnicos de emergencias” y ha recordado que su formación defiende que las mejoras económicas del servicio “deben trasladarse obligatoriamente a los trabajadores”.

Mascún Ariste (CHA) ha subrayado la “responsabilidad enorme” que asumen a diario los profesionales y ha defendido garantizarles “unas condiciones dignas” y “una sanidad que llegue a todo el territorio aragonés”. Pilar Buj, de Aragón-Teruel Existe, ha ido más allá: “Este servicio solo empezará a funcionar cuando lo gestione directamente el Salud, es decir, cuando se internalice”. Su formación ya impulsó en 2023 una iniciativa legislativa popular que planteaba crear una empresa pública de transporte sanitario urgente dirigida por el Salud e integrar en ella a la plantilla de la concesionaria.