El PP se niega a modificar la justicia universal pese a la liberación de narcotraficantes
La liberación de más de una veintena de narcotraficantes y la asunción por parte de la Audiencia Nacional de que la limitación de la justicia universal la deja sin capacidad para perseguir ese delito en alta mar no son motivos suficientes para que el Partido Popular dé marcha atrás. El partido de Mariano Rajoy asegura que la reforma aprobada por la vía exprés asimila la lucha contra el narcotráfico al resto de países de nuestro entorno y se adecúa a los tratados internacionales.
El PP ha rechazado una proposición de la Izquierda Plural presentada en la Comisión de Estudio del Programa de las Drogas en la que solicitaba la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para “restablecer la capacidad de los jueces para perseguir el narcotráfico”. “La reforma de la justicia universal nos ha dejado inermes en la lucha internacional contra la droga”, ha afirmado el diputado Gaspar Llamazares, que ha recordado que España era “líder internacional” en esa lucha. “El tráfico de drogas no entiende de fronteras y de territorio marítimo”, ha expresado Llamazares, que ha recibido el apoyo de todos los grupos de la oposición.
El portavoz del PP, Jesús Ramón Aguirre, ha acusado a la oposición de “demagogia” por hablar de “recorte de derechos y espacios de impunidad” y se ha quejado de tratar ese asunto en la comisión sobre drogas cuando es una cuestión “mas de justicia”. El senador ha negado que la eliminación de facto de la justicia universal sea una limitación y ha defendido que “amplía” la persecución de ciertos delitos.
En cuanto a la imposibilidad de la Audiencia Nacional de juzgar a los delitos de narcotráfico, pese al pronunciamiento de los magistrados y la liberación de más de una veintena de narcos, Aguirre ha defendido que la nueva regulación asemeja la jurisdicción española a la de los países del entorno y se adecúa a los tratados internacionales suscritos por España. “Los convenios no atribuyen jurisdicción a España en los supuestos de buques sin nacionalidad o con nacionalidad extranjera con tripulantes extranjeros que navegan en alta mar con destino a terceros países”.
PP: “Ahora nos respetarán”
A partir de ahí, Aguirre se ha limitado a enumerar los supuestos en los que sí podrá actuar la Audiencia Nacional: “Nuestros jueces tienen jurisdicción en todos los supuestos previstos en la legislación internacional: buques con tripulantes españoles, buques con destino a España, buques no españoles cuando así se autorice por el estado de su pabellón, buques no españoles que han navegado en aguas españolas, supuestos en los que la droga ha sido enviada desde España o en los que se quiere blanquear el dinero fruto de ese delito”.
El PSOE, a través de la senadora María Elena Diego, ha señalado que la reforma de la justicia universal pone al PP en una “situación muy complicada” ya que “no se pueden discutir acciones contra la drogadicción y defender lo que está ocurriendo en nuestro país”, en referencia a la “impunidad” con los narcotraficantes que han tenido que ser liberados.
Gaspar Llamazares ha reprochado al PP que legisle “a la carta de China, EEUU y Sudán”, países contra los que la Audiencia Nacional tenía procedimientos abiertos gracias a la anterior normativa -como la investigación del asesinato del cámara José Couso o el genocidio en Tíbet-.
El portavoz del PP ha reconocido que la justicia universal “dañaba la política exterior” y que su modificación mejora la “resputación española”. “Ahora nos respetarán porque no nos metemos en las políticas exteriores de ningún país”, ha admitido el senador: “La política exterior la lleva el Gobierno”, ha sentenciado Aguirre antes de expresar que “si un juez quiere hacer política, que se presente a las urnas”.
La oposición seguirá intentando que el PP dé marcha atrás en la limitación de los tribunales españoles. El próximo intento será en el pleno del Senado de la semana que viene, en el que todos los grupos defenderán una moción presentada por los socialistas para pedir la derogación de la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial.
