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Cinco años de la primera noticia sobre la brigada política y la Operación Catalunya: balance de la última guerra sucia

eldiario.es publicó el 30 de noviembre de 2014 que un grupo secreto de policías actuaba sin control judicial en busca de información contra políticos independentistas

Todos los mandos implicados en las maniobras están imputados un lustro después en la Audiencia Nacional, pero ningún político ha respondido todavía ante un juez

El mandato de Fernández Díaz provocó una crisis en la Policía que aún perdura; el independentismo recurre a aquella época a para despreciar cualquier investigación

Captura de la información publicada el 30 de noviembre de 2014 por eldiario.es

Captura de la información publicada el 30 de noviembre de 2014 por eldiario.es

El descubrimiento de la existencia de un grupo secreto de policías dedicado a maniobrar en la sombra contra el soberanismo catalán cumple cinco años. eldiario.es desveló el 30 de noviembre de 2014 la trama creada en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía para rastrear información comprometedora de políticos independentistas, sin control judicial y con el objetivo de desgastar, con la colaboración de determinados medios de comunicación, al movimiento secesionista.

Aquellas prácticas habían arrancado dos años antes, en 2012, con la cúpula policial que nombró el Partido Popular tras la primera victoria de Mariano Rajoy. La jubilación del artífice de la brigada política, el comisario Eugenio Pino, y la salida de Jorge Fernández Díaz del Ministerio del Interior marcan el final de las actividades parapoliciales a mediados de 2016. Antes, el objetivo había girado y se había dirigido contra Podemos reproduciéndose los métodos de la Operación Catalunya con tal de que el partido no alcanzara el Gobierno en un pacto con el PSOE.

Cinco años después de la primera noticia sobre la brigada política, los principales mandos policiales implicados son investigados por los tribunales. Algunos siguen acudiendo a sus puestos de trabajo, otros disfrutan de su jubilación con una pensión abultada por las medallas y solo uno está en prisión, el comisario José Manuel Villarejo, cuyo archivo de grabaciones complica el futuro al resto. Pero todavía ninguno de los políticos del Partido Popular que toleraron, fomentaron o auspiciaron aquella perversión de la función pública ha rendido cuentas ante la justicia.

Este es un balance de daños de la última guerra sucia registrada en el Ministerio del Interior, que no produjo víctimas mortales pero que mantiene a día de hoy heridas abiertas en la vida política española y en la propia Policía, mientras sus actividades y protagonistas son objeto de distintas investigaciones judiciales.

1. Los policías, investigados y enfrentados

Los siete principales mandos de la brigada política, comisarios e inspectores jefe, están imputados en la pieza número 7 del caso Villarejo, la que investiga el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados. Se trata de una derivada desconocida entonces y que el caso Villarejo ha sacado a la luz: la Policía del PP no solo trabajó para debilitar a los rivales políticos sino para proteger al partido. Bárcenas tiró de la manta sobre la caja B de la formación al poco de entrar en prisión y la brigada política se activó para obtener las pruebas que el extesorero del PP guardara y pudieran perjudicar a los dirigentes del partido, responsables últimos de la operación, según sospecha el juez.

En los primeros cuatro años de Mariano Rajoy en el Gobierno, periodo en el que se efectuaron los principales encargos contra los independentistas catalanes y Podemos, seis de los siete mandos fueron condecorados con una 'medalla roja', que supone una asignación mensual de por vida del 10% de su salario. Para el séptimo, Eugenio Pino, el jefe de todos ellos, Fernández Díaz reservó la más alta condecoración para un policía en vida, la Medalla de Plata al Mérito que el director adjunto operativo recibió al jubilarse, con el aumento de un 15% vitalicio que conlleva [[En esta información se recupera el historial de cada uno de ellos y se detallan las recompensas]].

El enfrentamiento entre aquellos mandos que se pusieron al servicio de los intereses del partido en el Gobierno es a día de hoy encarnizado. Villarejo centra parte de su defensa en que los trabajos parapoliciales que le mantienen en prisión provisional y acreditan indiciariamente que dirigía una organización criminal fueron encargos de sus superiores con el fin de combatir el delito. Todos los perjudicados, por su parte, intentan desvincularse de sus actividades y vuelcan exclusivamente en él cualquier posible ilegalidad.

A Villarejo se le atribuyen una ristra de delitos por haber utilizado su condición de funcionario para enriquecerse. Su participación en la brigada política del PP emerge, por tanto, como circunstancial. Con independencia de la ideología ultra que le atribuye quien le conoce, el principal interés de Villarejo era crematístico, coinciden. Otros, como Eugenio Pino y Martín-Blas, venían de colaborar con el PP cuando este estaba en la oposición y la situación de Catalunya les soliviantaba.

Hoy, Pino y Martín-Blas, caído en desgracia durante el Gobierno del PP por su enfrentamiento con Villarejo, se culpan mutuamente del presunto chantaje a los dueños de la Banca Privada de Andorra para obtener las cuentas de los Pujol que investiga un juzgado del país de los Pirineos. Enrique García Castaño, ha señalado en el juzgado a Andrés Gómez Gordo, el policía que ejerció de asesor de María Dolores de Cospedal, como autor del informe PISA contra Podemos.

Pino y Bonifiacio Díaz serán juzgados por intentar introducir información robada en la causa contra los Pujol y esta misma semana se ha conocido que Villarejo se sentará en el banquillo por grabar y difundir el audio de una reunión entre Martín-Blas y dos agentes del CNI en el caso del Pequeño Nicolás.

Pino, Martín-Blas y García Castaño están jubilados, pero el resto siguen acudiendo a diario a sus destinos, aunque el actual Ministerio les ha apartado de sus antiguas responsabilidades. Aun con medidas cautelares dictadas por el juez en algunos casos, todos siguen cobrando íntegros sus sueldos y las pagas que llevan aparejadas sus medallas.

2. Los políticos, amnésicos o al borde de la imputación

'Cada día tiene su afán' es el título de las memorias que ha escrito Jorge Fernández Díaz y que han sido publicadas este otoño. En el bloque sobre su paso por el Ministerio del Interior, Fernández Díaz despacha la denominada Operación Catalunya en unos pocos párrafos, principalmente para indignarse por el hecho de que alguien pueda creer que existió. Llega a asegurar el político que un año después de que él llegara a Interior "se comenzó a romper el extraño pacto de silencio que protegía a Pujol y se empezaron a acumular las denuncias contra él”.

A lo que más espacio dedica el ministro al repasar esa época es a las grabaciones que difundió publico.es tres días antes de las elecciones generales de junio de 2016 sobre su reunión con el exdirector de la Oficina Antifrau Daniel de Alfonso. En ellas quedan de manifiesto las maniobras policiales contra el soberanismo durante su mandato. Él asegura que están "manipuladas" y que en su momento no fue consciente de que estuviera siendo grabado.

En su reaparición para presentar las memorias, Fernández Díaz tuvo palabras de reconocimiento para su número dos entonces, Francisco Martínez. El exsecretario de Estado ha sido señalado en varias ocasiones ante el juez del caso Villarejo como conocedor de la operación de espionaje a Bárcenas y recientemente ha sido localizado en la Comisaría General de Información de la Policía un ordenador que se le facilito para que tuviera seguimiento de las maniobras. Ese ordenador permanece en la sede de la policía antiterrorista precintado, a la espera de decisión judicial. La imputación de Martínez se da por hecha en la Audiencia Nacional desde el pasado verano.

Entre los policías y Martínez había un político que ejercía de director general de la Policía, Ignacio Cosidó. A este y a Fernández Díaz, el presidente del PP, Pablo Casado, los reconoció, con un puesto en su primera Ejecutiva, en el caso del exministro –Interior y Libertades–, y la portavocía del Senado en el caso de Cosidó, en recompensa a su apoyo durante las primarias del partido.

Luego Cosidó reenvió un mensaje a todo el grupo del PP en el Senado asegurando que el magistrado Manuel Marchena, candidato consensuado con el PSOE para presidir el Poder Judicial y el Tribunal Supremo, actuaría al servicio de los conservadores y terminó por caer en desgracia. Cosidó se ha presentado como desconocedor de las maniobras parapoliciales contra la oposición. Las fuentes al tanto de aquellos manejos admiten que Pino trataba directamente con el ministro y el secretario de Estado, pero remarcan que Cosidó sabía lo que ocurría y que ni se apartó ni hizo nada por detenerlo, amén de su proximidad a Martín-Blas, otro de los mandos implicados.

Una de las evidencias de la operación contra Podemos en la Audiencia Nacional es una grabación del inspector jefe José Ángel Fuentes Gago convenciendo a un exministro de Chávez para que incrimine a los dirigentes del partido liderado por Pablo Iglesias por financiarse del régimen bolivariano y evitar a toda costa que lleguen al Gobierno. Fuentes Gago, el muñidor de la entrevista entre Fernández Díaz y el exdirector de Antifrau, dice en ese audio que ha viajado a Nueva York a reunirse con el antiguo jerarca chavista "con un mandato" del presidente del Gobierno, entonces Mariano Rajoy, y de su ministro del Interior.

3. Las secuelas: crisis en la Policía y recelo en Catalunya

Más allá de las responsabilidades penales, la que luego se denominó Operación Catalunya mantiene dos heridas abiertas. El propio Cuerpo Nacional de Policía sufre a día de hoy las consecuencias de la gestión que vivió en la primera legislatura de Mariano Rajoy, entre los años 2012 y 2016, con Ignacio Cosidó en la dirección general y Eugenio Pino al mando operativo. Dañado el prestigio de su unidad anticorrupción, el virus de la guerra sucia contaminó a varias estructuras del Cuerpo. "Dejó todo arrasado", describe gráficamente hoy un alto mando que sufre esas consecuencias en su día a día. A eso hay que sumar el clima de desconfianza existente en las citadas unidades antiterroristas o contra la corrupción, a menudo sobresaltadas por las citaciones del juez del caso Villarejo a algunos de sus miembros, ya sea como testigos o investigados.

Por otra parte, la utilización de los métodos de la Operación Catalunya ha provocado que cualquier investigación policial sea recibida con escepticismo cuando no con acusaciones de montaje por parte del independentismo. Da igual que aquella estructura parapolicial esté desmontada, que las investigaciones sean dirigidas por un juez, que ni siquiera sea la Policía Nacional quien las realiza o que las Fuerzas de Seguridad del Estado aporten evidencias al sumario, como ha ocurrido con la fabricación de explosivos por parte de unos miembros de los CDR en la Operación Judas.

"Fue un ejemplo de lo que no se debe hacer en cuanto a la involucración de las Fuerzas de Seguridad en la resolución de problemas políticos. Fue una barbaridad que contó con la colaboración de medios de comunicación y de periodistas que actuaban como salvapatrias", asegura otro mando que ha pasado por casi todos los destinos sensibles en materia de seguridad.

Alude a una pata imprescindible en la Operación Catalunya, la publicación de informes parapoliciales que, en lugar de ser enviados al juzgado, eran publicados con gran despliegue en determinados medios de comunicación coincidiendo, muchas veces, con momentos álgidos del proceso soberanista [[aquí puedes consultar una lista de aquellas publicaciones basadas en pseudoinformes policiales]].

Esos informes no se convertían en investigaciones judiciales contra la corrupción, si bien es cierto que una de esas maniobras condujo al dinero de los Pujol en Andorra, lo que provocó, junto a la confesión del expresident, un auténtico terremoto político en Catalunya. Una fuente implicada en las investigaciones a los Pujol considera que fue un atajo que se podría haber evitado y que se hubiera alcanzado esa vital información sin los riesgos que aún implican para la causa esas maniobras.

Un magistrado de Andorra investiga las presuntas presiones y chantajes que la brigada política sometió a los dueños de la Banca Privada de Andorra para que les entregara esa información. El propio comisario Pino se sentará en el banquillo por intentar introducir en la causa de la Audiencia Nacional información robada y contenida en un pen drive. De no haberse producido un rápido movimiento del juez José de la Mata aislando la prueba contaminada, el trabajo de años contra los Pujol podría haber sido anulado en su totalidad por la contaminación de esos datos.

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