La corrupción ha aumentado notablemente en los tres últimos años. Las sentencias dictadas por este motivo han aumentado un 151%, según se deprende de la Memoria Anual de la Fiscalía. La prevaricación administrativa y la malversación son los delitos de este tipo que más se comenten en nuestro país. De las sentencias dictadas en los últimos tres años relacionadas con corrupción, el 44% apuntaron delitos de prevaricación y el 39%, de malversación.
En ese periodo se han abierto un 17% más de causas. En 2012, el 23% de los casos incoados por delitos de corrupción se han debido a casos de prevaricación administrativa.
Anticorrupción tiene en trámite un 37% de casos más desde que empezó la crisis. En 2008, esta fiscalía especial estaba trabajando en 194 casos, mientras que en 2012 la cifra ascendió a 266 causas, como la trama Gürtel o el caso Palau. La Fiscalía destaca que el año pasado fue peculiar por “la asunción de numerosas causas referidas a cajas o entidades financieras en crisis que han alterado la normal labor de los fiscales”, como Bankia, Banco de Valencia o Caixanova.
El Ministerio Público vincula directamente la corrupción con el ladrillo: “Una gran mayoría de Memorias de las Fiscalías Provinciales relacionan corrupción con el urbanismo en los Ayuntamientos, señalando el marco de la planificación y ejecución urbanística como un campo especialmente propicio a la comisión de delitos por funcionarios públicos, actuando en su propio interés o en connivencia con terceros particulares”, explica la memoria anula publicada este lunes.
La memoria también hace una mención especial a las participaciones preferentes y recuerda que la Fiscalía General del Estado, las fiscalías superiores y Anticorrupción llegaron a un acuerdo para fijar una posición común en las denuncias por su presunta comercialización irregular: “La procedencia del ejercicio de acciones penales tanto cuando el producto emitido fuera estructuralmente engañoso, en cuyo caso podría ser delictivo en tanto que su rentabilidad estuviera asociada a los beneficios de la entidad y éstos hubieran sido simulados, ocultando las pérdidas; como cuando se hubiera comercializado el producto fraudulentamente, aprovechándose de la situación del cliente, como pudiera ser en supuestos de menores, incapaces o personas con una manifiesta falta de instrucción, valorando caso por caso”.