Investigados dos altos cargos de Susana Díaz por presunta prevaricación
La Guardia Civil ha interrogado en los últimos días a cinco personas dentro de una investigación por presunta prevaricación en el seno de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, un organismo dependiente de la Consejería de Cultura que está en el ojo del huracán desde que la Cámara de Cuentas de Andalucía detectara un cúmulo de irregularidades en un informe sobre el ejercicio de 2014.
Entre los investigados por los agentes figuran dos exdirectores generales de la Agencia que en la actualidad siguen ligados a altos cargos de la Administración que preside Susana Díaz. Según han informado a eldiario.es fuentes próximas a la investigación, uno de ellos es Luis Miguel Jiménez Gómez, quien dirigió la Agencia de Instituciones Culturales entre 2010 y 2012 y ahora es director general de otra agencia pública, la de Vivienda y Rehabilitación de la Junta.
El otro exdirector Instituciones Culturales incluido en las pesquisas del instituto armado es José Francisco Pérez Moreno, quien ejerció en el organismo de cultura entre 2012 y 2015 y que hasta hace meses ocupaba el cargo de director gerente de Obra Pública en la Comunidad Autónoma. Pérez Moreno, que ha regresado a su plaza en la empresa pública de aguas de Sevilla, fue diputado autonómico del PSOE entre 2008 y 2012 y exteniente de alcalde del municipio sevillano de Alcalá de Guadaira. Como Luis Miguel Jiménez Gómez fue nombrado en su actual puesto por el Consejo de Gobierno que preside Susana Díaz.
Los agentes de la Comandancia de Sevilla trabajan a las órdenes de la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital hispalense, María de los Reyes Flores. El objeto de su investigación son contratos de servicios de publicidad por parte de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, así como la contratación de personal de “alta dirección”, han precisado las fuentes consultadas.
El origen del caso está en el informe que la Cámara de Cuentas emitió en 2016 sobre la actividad de la Agencia de Cultura en el ejercicio de 2014. El fiscal jefe del órganismo fiscalizador elaboró un informe propio a partir del realizado por la Cámara de Cuentas y lo remitió a la Fiscalía Provincial en la primera quincena del pasado mes de enero. La Fiscalía de Sevilla denunció los hechos y el asunto acabó por reparto en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital hispalense.
Los cinco investigados por la Guardia Civil lo son, por el momento, a título policial. Las pesquisas del instituto armado están abiertas y está previsto que la nómina de interrogados se amplíe. Cuando alcancen las primeras conclusiones está previsto que los agentes redacten un informe para la jueza Flores, quien decidirá a quien llama a declarar en calidad de investigado, la actual denominación para los imputados.
El informe de la Cámara de Cuentas recoge las irregularidades que han dado pie a la presente investigación. En el apartado contratación de la publicidad concluye que la Agencia “ha vulnerado los principios fundamentales de la contratación pública: publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación”. Los contratos analizados ascienden a un total de 920.926 euros.
Enchufismo en los altos cargos
En el apartado que analiza los contratos de “alta dirección”, las conclusiones de la Cámara de Cuentas son demoledoras. “Todos los puestos de alta dirección de la Agencia, a excepción del director, están ocupados por personal procedente de la propia entidad. No consta en los expedientes documentación que acredite que en su designación se han cumplido los principios de mérito y capacidad y los criterios de idoneidad. No quedan garantizados los principios de publicidad y concurrencia para su designación, según se establece en el artículo 13del EBEP (Ley 7/2007)”.
Además de los dos exdirectores de la Agencia mencionados, hay otras tres personas investigadas por la Guardia Civil. Se trata del actual gerente del organismo, Alberto Mula; el director del Área de Contratación, Carlos Pereyra; y una técnica de la asesoría jurídica, Yolanda Solís. Como ocurre con Luis Miguel Jiménez Gómez y José Francisco Pérez Moreno, la jueza Flores decidirá sobre los indicios que le presenten los agentes.
El informe de la Cámara de Cuentas sobre la Agencia de Cultura en el ejercicio de 2014 ya sentó en el banquillo al consejero de la época, Luciano Alonso. El político fue juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y absuelto de los dos delitos que la Fiscalía le atribuía, prevaricación y falsedad documental en relación con el nombramiento de tres directores del Centro Andaluz de Flamento y de la Filmoteca de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. El Tribunal Supremo resolvió el recurso de la Fiscalía confirmando la sentencia por falsedad documental, pero ordenando repetir el juicio por prevaricación. El TSJA volvió a absolver a Luciano Alonso el pasado mes de diciembre.
