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Un testigo del pelotazo del Canal en época de Gallardón: "Se aprobó sin ninguna documentación"

Rafael Merino López-Brea es el único consejero de entonces que no está imputado porque no avaló la compra de Inassa

"Aquello era un cortijo que no tenía nada que ver con la gestión del agua" afirma este exconcejal del PSOE, que declara como testigo

El juez toma este martes declaración a parte de los consejeros del Canal por aprobar una compra en la que hubo "un cúmulo de irregularidades"

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El fiscal pide identificar los miembros del gobierno madrileño que firmaron el contrato de Lezo

Gallardón, durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid. EFE

Rafael Merino López-Brea formaba parte del Canal de Isabel II que investiga el juez del caso Lezo por aprobar el primer pelotazo en América Latina, el que tuvo lugar bajo la presidencia regional de Alberto Ruiz Gallardón. Sin embargo, es el único de ese Consejo de Administración que no está imputado porque se negó a avalar la operación.

Anticorrupción señala que no acudió el día que se certificó la compra de Inassa y por eso el juez Manuel García Castellón le cita solo en calidad de testigo. Este exconsejal del PSOE comparece este martes en la Audiencia Nacional, donde asegura que dejará claro que la operación bajo sospecha se llevó a cabo sin que los consejeros dispusieran de ninguna documentación fiable.

Merino asegura que la adquisición de Inassa por 73 millones de dólares -mediante una sociedad interpuesta y usando una empresa en un paraíso fiscal- se aprobó sin detalles, sin "sin ninguna documentación". "No aparecieron nunca documentos" afirma, y añade que solo se les facilitaron informes redactados por el propio Arturo Canalda, entonces gerente del Canal y ahora imputado.

Según explica, esos informes no contenían detalles de la compra y se limitaban a destacar las ventajas económicas que tendría para la empresa pública. "No había documentación fiable, te tenías que fiar de ellos", asegura Merino, que explica que contará todo esto al juez de Lezo, que trata de determinar si, como apunta la Fiscalía, la compra incluyó un sobreprecio que resultó perjudicial para las cuentas públicas.

"Aquello era un cortijo"

Insiste en que se aprobó sin documentación y apunta a que la opacidad era el sello del Canal. Afirma que siempre se habían escuchado sospechas de que la empresa pública estaba cometiendo irregularidades con las compras y adjudicaciones, pero que jamás pudo probarlo con documentos: "Aquello era un cortijo que no tenía nada que ver con la gestión del agua".

Relata que en alguna ocasión llegó a enfrentarse con el propio Canalda cuando le afeó que dirigía la sociedad como "una república bananera". "Siempre voté en contra y nunca aprobé las cuentas", añade, aunque admite que no podrá dar demasiados detalles al juez de la operación concreta que se investiga. Ocurrió en 2001 y afirma que no recuerda cada paso.

Insiste en que dejará claro al juez que no solo se opuso a esta compra, sino también a todas las operaciones que se hacían en el extranjero para engordar el patrimonio de la empresa pública. El magistrado cree que esta en concreto se hizo saltándose las normas del Canal y apoyándose en un decreto que se firmó después de la compra.

"Siempre voté en contra", dice, de todas esas operaciones que se hacían para "ganar dinero" y que no tenían nada que ver con garantizar el ciclo del agua en la Comunidad de Madrid. Merino estuvo tres años de consejero por su puesto de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Asegura que dejó la empresa pública cuando Gallardón fue elegido alcalde y acabó con la representación de la oposición municipal en el Canal.

Sus compañeros, imputados

Merino está citado este martes a las 15.30 horas en la Audiencia Nacional. Coincidirá a esa hora con parte de sus excompañeros en el Consejo de Administración, que están imputados por avalar una operación en la que se dieron "un cúmulo de irregularidades". El juez expone alguna en el auto de citaciones, como que Canalda y otros cargos del Canal iniciaron el proceso de compra antes de tener la autorización del gobierno regional.

Además, explica el juez, hay indicios de que los 73 millones que se pagaron por Inassa son superiores al precio real de la compañía. El visto bueno que dio el gobierno regional de Gallardón no contenía autorización para llevar a cabo la compra como finalmente se hizo: a través de una empresa radicada en Panamá, y adquiriendo junto al 75% Inassa el 51% de una compañía dominicana llamada Watco.

La Fiscalía y el juez estudian ya el dossier del que dispusieron los consejeros de Gallardón y los informes que desaconsejaban la compra, para decidir si finalmente imputan al expresidente regional y al resto de su Gobierno.

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