El TSJC urge al Govern a dotar a los Mossos de mascarillas y tests del COVID-19

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha urgido al Departamento de Interior a distribuir en todos los centros de trabajo de los Mossos d'Esquadra material de protección frente al COVID-19, incluido mascarillas con función respiratoria, y tests para detectar contagios.

En un auto, la sala social del TSJC estima una demanda de medidas cautelares presentada por el sindicato de Mossos USPAC y requiere al Departamento de Interior para que “con carácter urgente e inmediato” suministre equipos de protección individual al cuerpo, que incluyan mascarillas, gafas y ropa impermeable, así como tests suficientes para los agentes que hayan tenido contacto con algún caso positivo.

La sala asegura en su auto que es consciente de la “escasez” de medios de protección, pero subraya que el TSJC no es el competente para “resolver sobre la prioridad que las autoridades gubernativas han de dar a la distribución de equipos de protección” y recuerda que la falta de medidas de protección no solo afecta a la salud, la integridad física y la vida de sanitarios y policías, sino de todos los ciudadanos.

Ordena así a la consellería proveer de mascarillas FPP2 y FPP3, gafas de protección, guantes, ropa impermeable y contenedores de residuos potencialmente peligrosos, además de tests diagnósticos de COVID-19, a todos los centros de trabajo los Mossos, así como a aquellas dependencias habilitadas para uso de su personal, incluidos los centros penitenciarios y órganos judiciales.

Acuerda también que se apliquen “de forma minuciosa” procesos de descontaminación y eliminación de residuos del material utilizado y que se desinfecten diariamente tanto los centros como los vehículos de trabajo del cuerpo.

La sala considera en su auto que estas medidas cautelares son “idóneas”, “necesarias” y “proporcionadas” para evitar la exposición al “riesgo biológico” de la pandemia y proteger a los trabajadores de contagios, ya que -afirma- de no adoptarse supondría “un riesgo grave e inminente para la integridad física y/o vida” de los funcionarios.

“De no adoptarse las medidas cautelares en este momento pueden hacerlas ineficaces por la existencia de nuevos contagios derivados de la falta de uso de los EPIS y por la previsiblemente corta duración del estado de emergencia sanitaria”, recalca.

El tribunal enfatiza, además, que la policía, así como todos los que prestan servicios esenciales, están en situación de riesgo “por el solo hecho de asistir al trabajo, en situación de confinamiento generalizado” y “con independencia de que presten sus servicios en oficinas o en la vía pública”.

El auto tiene también en consideración la orden similar que dio el martes al Institut Català de la Salut (ICS) y a una treintena de entidades sanitarias concertadas para que suministrasen EPIS a los médicos y el parecer del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) instando a la Secretaría de Estado de Seguridad a proporcionar material de protección a los policías a raíz de una reclamación del sindicato Jupol.